Víctor Eloy Mieles Ospino, 15 años de impunidad

La Junta Directiva Nacional y la estructura del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario “SINALTRAINAL”, saluda a quienes asistieron al evento de memoria histórica que se desarrolló el 22 de julio en Valledupar Cesar, en homenaje a la memoria de nuestro entrañable compañero Víctor Eloy Mieles Ospino, dirigente de Sinaltrainal desaparecido, torturado y asesinado el 22 de julio de 1999, junto a su esposa Elvira Rosa Ramírez Pacheco, frente a las instalaciones de la empresa CICOLAC en el municipio del Copey –Cesar-.

Víctor Eloy, hijo, hermano, esposo, padre y compañero de lucha, laboró para Cicolac, una de las empresas de la multinacional Nestlé S.A., en Valledupar - Cesar, fue asesinado por soñar y luchar por un mundo mejor, al igual que otros 26 dirigentes de Sinaltrainal, caídos entre 1986 y 2013. 13 laboraban para empresas de Nestlé S.A. en Colombia y su vil asesinato permanece en la impunidad.

Víctor Mieles, fue victimizado por el estado y sus fuerzas represivas, soportando la  persecución política, la judicialización y detención, amenazas, atentados, desplazamiento, destierro, exilio y finalmente su secuestro y posterior asesinato. 

A está sistemática política ejecutada por el estado contra muchos integrantes y dirigentes de Sinaltrainal, se le sumó la quema de la sede de Sinaltrainal en Carepa Antioquia a manos de  paramilitares que obligaron a los afiliados a renunciar al sindicato a cambio de no ser asesinados, para que Sinaltrainal no denunciara las políticas de las multinacionales en Colombia, como responsables de la violencia, el saqueo de los recursos naturales, la pobreza, la miseria, el desempleo, la precarización del trabajo, el daño al medio ambiente, la destrucción de la producción nacional, entre otros. 

En la versión libre que rindiera el desmovilizado Francisco Gaviria, alias ‘Mario’, ante la Unidad de Justicia y Paz de Valledupar habló sobre la responsabilidad de ‘Jorge 40’ en la muerte de Víctor Eloy Mieles Ospino. Alias ‘Mario’, quien delinquió en el frente ‘Juan Andrés Álvarez de las Autodefensas Unidas de Colombia, llegó a formar parte del esquema de seguridad del exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, y así conoció que éste ordenó el asesinato de Víctor. 

En su versión libre de Justicia y paz, mayo 17 de 2007, el exjefe paramilitar ‘Salvatore Mancuso’ mencionó que Cicolac (Nestlé) fue una de las empresas que financio su organización terrorista Autodefensas Unidas de Colombia AUC y que el paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’ fue quien dio la orden de asesinar a los ex trabajadores de Nestlé, Luciano Enrique Romero Molina y Víctor Eloy Mieles Ospino. 

A pesar de estas confesiones, la Fiscalía General de la Nación ha dilatado la apertura de la investigación contra los gerentes de la Cicolac - Nestlé, Enrique Flavio Almeida, Carlos Fajardo Pinzón, Enrique Rueda Noriega, Carlos Represas, Isoliel Montero Pérez, Jairo Nieto Castañeda, la que fue ordenada por el juez Segundo Penal del Circuito Especializado O.I.T. José Nirio Sánchez, pero inexplicablemente fue suspendido de su cargo. 

Con impunidad y esta política de terror de las multinacionales en Colombia, Nestlé en Valledupar, en el año 2003, intento aniquilar a Sinaltrainal al despedir a todos los trabajadores afiliados a cambio de  indemnizaciones en dinero y creó la sociedad DAIRY PARTNERS AMÉRICA MANUFACTURING COLOMBIA LTDA, para precarizar las condiciones laborales y sociales de los nuevos trabajadores y no aplicar los beneficios de la convención colectiva de trabajo, que Víctor Mieles y otros dirigentes, contribuyeron a conquistar para que centenares de trabajadores y sus familias tuvieran una mejor calidad de vida, seguir aportándole al desarrollo y bienestar de la región y su población, con proyectos sociales como el Colegio Manuela Beltrán, que sigue funcionando, no obstante los ataques de estado, las empresa y los intentos individuales de quienes pretenden quitarle el colegio a Sinaltrainal y a la comunidad utilizando la Justicia burguesa, la misma que no ha castigado a los responsables materiales e intelectuales del asesinado del compañero Víctor Eloy Mieles Ospino  y su esposa ELVIRA ROSA RAMIREZ PACHECO. 

Hace pocos días conocimos que Dairy Partners América Manufacturing Colombia Ltda, volverá a ser 100% de Nestlé, seguramente no volverán los derechos convencionales de que gozaban los trabajadores cuando la fábrica era Cicolac. 

Sinaltrainal a pesar de la sistemática campaña de exterminio de la que somos víctimas, por buscar la  verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición, logramos que El Foro Social Mundial del 2004 en Brasil, declarara el 22 de julio como el Día Internacional contra la política de las multinacionales y hoy en Colombia realizamos la jornada de protesta, en memoria histórica por el asesinato de sindicalistas y todos los luchadores del pueblo, entre ellos Víctor Eloy Mieles Ospino y su esposa Elvira Rosa Ramírez, Héctor Daniel Useche Barón, Isidro Segundo Gil, Avelino Anchicanoy, Adolfo de Jesús Munera, entre otros dirigentes de Sinaltrainal. El 22 de julio de 2008, el Tribunal Permanente de los Pueblos realizado en Bogotá, juzgó y condenó a 26 multinacionales, a varios grupos económicos nacionales y al Estado colombiano, por crímenes de lesa humanidad. 

Sinaltrainal por no encontrar justicia en la justicia Colombia, la busco en los estrados internacionales, para que el mundo conozca lo que paso con el pueblo y la clase obrera y hemos desarrollado una ofensiva internacional de denuncia para buscar VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN.

En septiembre de 2009, Sinaltrainal presento a Nestlé la propuesta de reparación integral, en la cual se le exige a esta multinacional una respuesta y que diga lo que sabe sobre y crimen de Víctor Eloy y los demás compañeros asesinados y obtener verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Nada hemos avanzado al respeto, lo que nos exige ajustar nuestros planes y reforzar nuestra lucha contra la impunidad.

En Octubre de 2012, fue presentada ante la Corte Penal Internacional, una demanda contra el Estado de Colombia, para que sean declarados como crimen de lesa humanidad el asesinato de sindicalistas y el aniquilamiento de sus organizaciones. Ante la justicia Suiza avanza la investigación por el asesinato de Luciano Enrique Romero Molina, también trabajador de Nestlé y esperamos que este nos sirva de caso tipo en la búsqueda de justicia por el asesinato de los otros compañeros de esta multinacional.

Con el apoyo de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, preparamos nuevas acciones jurídicas en la lucha contra la impunidad. 

En Septiembre de 2013, Sinaltrainal elaboró y presento ante la comunidad internacional la propuesta de reparación de las víctimas del movimiento sindical, para que el Estado les reconozca sus derechos y no quede en la impunidad la sistemática persecución y exterminio de los sindicalistas y sus organizaciones; el Estado es el garante de proteger la vida, integridad y todos los derechos de la población, por ende es responsable con las víctimas del genocidio que desde hace años se desarrolla en Colombia. 

Sinaltrainal no acepta acuerdos que perpetúen la impunidad e individualicen la responsabilidad, utilizando la reparación como un mecanismo superficial para dejar intacta la estructura de injusticia social, represión y falta de democracia, menos, la ley de punto final de perdón y olvido. No aceptamos que cuando integrantes  del Estado están involucrados en crímenes, se responsabiliza a los individuos y no a las instituciones, otorgándoles ley de perdón y beneficios, como sucede con la ley de justicia y paz, el fuero militar y otras formas de impunidad, dejando activa toda la estructura de los grupos paraestatales.  

Para evadir su responsabilidad, el Estado pretende que las víctimas aceptemos que la violencia contra sindicalistas y trabajadores se deriva del conflicto armado y aceptemos que es responsable solidariamente con las víctimas, limitándose a declaraciones públicas de perdón e indemnizaciones como fórmula de reparación a cambio de impunidad para proteger a los responsables intelectuales y beneficiarios de los crímenes, cuando está comprobado que el estado y los grupos para estatales (paramilitares) actúan en connivencia y la responsabilidad no puede ser desviada exclusivamente hacia el paramilitarismo. 

Que el Estado repare integralmente las víctimas, pasa por reconocer que el ataque contra el movimiento sindical ha sido sistemático, hace parte de su política por considerarlos contrarios a sus intereses y obedece a los intereses de la oligarquía en el poder. 

Es indignante el tratamiento que se le da a las víctimas, el Estado nos enfrenta con los victimarios sin ninguna garantía, para que no se llegue al fondo de la verdad, ni justicia ni reparación; mientras a los victimarios les otorgan beneficios legales e indultos, reciben amnistías y los incorporan a la vida institucional diluyendo la responsabilidad del Estado. 

El llamado marco jurídico para la paz, la ley de victimas, la ley de tierras, es la estrategia de borrón y cuenta nueva, de perdón y olvido, de  impunidad para los autores intelectuales y materiales y los beneficiarios de los crímenes contra los trabajadores y el movimiento sindical y por ende no serán castigados.   

La propuesta del Estado de Reconciliación y Unidad Nacional es parte de la misma estrategia, por ende agudiza el conflicto social ya que le quita a los trabajadores y a la población sus derechos a través de leyes, a la vez que le otorga mayores garantías y beneficios a los propietarios de las multinacionales y conglomerados nacionales.

La adopción de protocolos internacionales son usados hábilmente por el gobierno como estrategia de impunidad y las empresas se vinculan para simular una conducta respetuosa de los derechos humanos y las víctimas, es el caso de los programas: Guías Colombia, donde los empresarios adoptan los códigos de ética o principios corporativos, el Pacto Global de las Naciones Unidas, la denominada responsabilidad social empresarial, todas para limpiar la imagen, ganar el respaldo de la población, acceder al territorio, ganar mercado y consumidores, apoderarse de los recursos naturales y evadir su responsabilidad por el daño causado, profundizar la política de persecución contra los trabajadores y sindicatos, aplicando la más salvaje política de explotación, precarización y desmonte de los derechos. 

En el escenario de la ley de víctimas los trabajadores no vamos a obtener verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición, porque es una ley para limpiar la imagen del Estado y de las empresas de toda responsabilidad. 

Para terminar, por toda la barbarie que sufre los dirigentes sociales y sindicales en Colombia, el 26 de junio de 2014, el Consejo de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos (CDH) adoptó una resolución para crear un grupo de trabajo intergubernamental cuyo mandato es elaborar un borrador de un instrumento que obligue a las Empresas Transnacionales a respetar los Derechos Humanos. Fueron veinte Estados-Miembro del Consejo, que representando a una población de 3,800 millones de personas, votaron a favor esta resolución histórica. Los defensores de los Derechos Humanos  y las comunidades afectadas, diferentes movimientos sociales, entre ellos, Sinaltrainal, jugaron un papel clave en esta histórica victoria, para que las multinacionales sean juzgadas por sus crímenes cometidos en diferentes países del mundo.

Sinaltrainal no se claudica y no descansaremos hasta conseguir verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición.

Compañero Víctor Eloy Miles Ospino, siempre presente

22 de julio, día mundial contra la guerra de las multinacionales

Dirección Nacional de Sinaltrainal

Despidos masivos en Soprole

La medida afecta a todas las plantas de la transnacional láctea en Chile y alcanza a un total de 150 trabajadores.

Desde marzo Soprole, propiedad de la neozelandesa Fonterra, viene aplicando una política de despidos bajo la excusa de una supuesta pérdida de mercado. En diálogo con La Rel, Aldo Lezana, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Lácteos (Fenatral), informó sobre esta situación, al tiempo que analizó la nueva coyuntura que se presenta bajo el segundo mandato de Michelle Bachelet.

Según Lezana, dos reformas que implementará próximamente el gobierno y que beneficiarán a los trabajadores, “están en el trasfondo de las prácticas de Soprole, así como de empresas de otros sectores”.

La presidenta Bachelet se propone reformar por un lado el sistema impositivo, eliminando en particular el Fondo de Unidades Tributarias (FUT), un instrumento creado por la dictadura, en 1984, y modificar el Código de Trabajo.

El FUT es un sistema por el que las empresas pagan al fisco sólo por las utilidades que retiran, derivando al fondo el restante de las ganancias, del que pueden retirar dinero para “reinvertir” y ampliar sus negocios.

Según explica Claudio Agostini, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, “se trata de un mecanismo de elusión, porque se postergan los impuestos para siempre”.

“Tengo 100, los dejo adentro y los reinvierto en una empresa súper buena que está en Brasil y en otra que está en las Islas Caimán. Las dos son mías y saco las utilidades después por las Islas Caimán y por Brasil y en Chile esas utilidades no pagaron impuestos”, ejemplificó el universitario.

Para Lezana el cierre de este Fondo es uno de los motivos de molestia del sector patronal. Las empresas también rechazan que de ahora en adelante deban pagar 25 por ciento de impuesto a las ganancias (fundamentalmente las de gran porte), en vez del 20 que tributan actualmente.

“En este momento Soprole se encuentra en plena reforma de la Planta Productiva nº 4 (ubicada en San Bernardo), que estaba financiando a través del FUT, por lo cual comenzó a despedir trabajadores, como si con esa medida pudiese reducir considerablemente los costos”, dijo.

Mala administración y despidos

Los trabajadores de rehenes

Soprole aduce una pérdida de mercado para justificar el despido de 150 operarios de sus plantas en Chile. En julio echó a 80 en Santiago, y en marzo ya había despedido a 20 de la distribuidora Comercial Santa Elena. La medida también afectó a las plantas de Osorno y Los Lagos, pero en un número bastante menor.

“Yo creo que la mala gestión del nuevo Centro de Distribución de la compañía en Renca, en el cual invirtió 50 millones de dólares, es el causante principal de la pérdida del mercado, pero de ninguna manera se le puede atribuir esta responsabilidad a los trabajadores y a su capacidad de producción”, protestó Lezana.

“Por otro lado, como en agosto se cierra el año que denominamos Nueva Zelandia por coincidir con el cierre de la casa matriz de Fonterra en ese país – continuó- los directivos que están al frente de la administración de Soprole en Chile quieren demostrar que la reducción de gastos se está cumpliendo.

Pero lo están haciendo de la forma más fácil, despidiendo trabajadores, como acostumbran los empresarios”.

Un nuevo Código de Trabajo

La restitución del derecho a huelga

Otro de los motivos de descontento para los empresarios chilenos es que el gobierno de Bachelet ha anunciado para octubre una reforma del Código de Trabajo, para eliminar disposiciones vigentes desde la época de la dictadura.

Según explica Lezana, uno de los principales cambios que se esperan refiere a la restitución plena del derecho de huelga.

“Hasta ahora las empresas tienen derecho a contratar a personal externo en caso que sus trabajadores ejerzan el derecho de huelga. Si se aprueba la reforma eso cambiará”.

Además, “la organización sindical pasará a ser la titular del Contrato Colectivo, lo que significa que para tener los beneficios del mismo se deberá estar sindicalizado y por tanto se mejorará la captación de afiliados, algo muy positivo para los trabajadores pero que no hace ninguna gracia a los empresarios”, indicó Lezana.

Por otra parte, el dirigente hizo un llamado a la casa matriz de la empresa en Nueva Zelandia para que se comunique con el Sindicato y tome medidas que permitan paliar los efectos de los despidos.

“Recientemente representantes de la gerencia de Fonterra estuvieron en Chile, pero no realizaron ningún tipo de contacto con la organización sindical. Hubiese sido importante que la compañía tratara de negociar con el Sindicato el tema de los despidos”, dijo.

“Hay una tozudez por parte de esta gerencia en no dialogar con el Sindicato. La nueva gerente de Recursos Humanos de Soprole apenas comunica las decisiones que toma, lo que ha llevado a esta situación”.

El objetivo de la Federación es lograr la unidad sindical a nivel nacional como una estrategia para potenciar el trabajo de las organizaciones, pero se trata de un camino largo, reconoció el dirigente.

“Por ahora contamos con el apoyo y la solidaridad internacional que nos puede brindar la UITA para encontrar una salida menos nociva para los trabajadores”, finalizó Lezana.

Fuente. lecherialatina.com

DE SINALTRAINAL. Toda nuestra solidaridad con los trabajadores de Soprole de propiedad de la Neozelandesa Fonterra, a quien igualmente hemos denunciado por la violación de los derechos de los trabajadores de la Daity Partners Americas Manufacturing DPA en Colombia, empresa que hasta ahora es de las multinacionales Fonterra y NESTLÉ.

Quinto aniversario del asesinato de Gustavo Gómez Vargas

El 21 de agosto de 2009, aproximadamente a las 6:30 de la tarde, fue asesinado de diez disparos el compañero GUSTAVO GOMEZ VARGAS. El crimen fue cometido por desconocidos en la puerta de su casa.

Gustavo era trabajador de Comestibles La Rosa S.A. – Nestlé y miembro SINALTRAINAL en la seccional de Dosquebradas, donde se desempeñó como miembro de su Junta directiva desde 1997 hasta el 2000. 

Gustavo era primo de JOSE DE JESUS MARIN VARGAS, también trabajador de Nestlé en Comestibles La Rosa S.A.,  asesinado el 22 de noviembre de 2007 en la misma ciudad. 

Transcurridos cinco años su crimen se mantiene en total impunidad. 

A 5 años, reiteramos la exigencia que le hicimos en esa fecha al estado colombiano, de  investigar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de este crimen, a proteger las vidas de los miembros de SINALTRAINAL y sus familias y garantizar el derecho de la actividad sindical. 

Mantenemos firme nuestro propósito de continuar luchando por la verdad, justicia, reparación integral y para que no se continúen asesinando sindicalistas y destruyendo sus organizaciones.

Dirección Nacional de Sinaltrainal

Nestlé, multa de US$ 350.000 por muerte de trabajador en una de sus fábricas

Condenada en Reino Unido por negligencia.

Nestlé debe pagar más de US$ 350.000 en multas y costes después de que el trabajador Nazar Hussain de 55 años murió aplastado dentro de una máquina transportadora en diciembre de 2008 en la planta Albion Mill de Halifax.

Los hechos

Hussain estaba dentro de una despaletizadora cuando uno de sus colegas reinició la máquina sin saber que él estaba allí.

Al parecer Hussain entró a la despaletizadora para desbloquearla porque ese día la máquina se había atascado y la alarma de alerta se había disparado.

Unas horas más tarde la alarma se disparó de nuevo y otro trabajador que estaba sustituyendo a Hussain mientras ésta se tomaba una pausa fue a investigar lo que estaba sucediendo.

El trabajador en cuestión se acercó a la despaletizadora y la reinició pero al cabo de un momento ésta se estremeció y la alarma se disparó una vez más.

La HSE concluyó que el accidente podría haberse evitado si Nestlé hubiera implementado las medidas de seguridad necesarias.

A continuación el cuerpo de Hussain fue encontrado dentro de la despaletizadora, que lo aplastó y le provocó la muerte inmediatamente.

La investigación de la HSE

Una investigación de la Health and Safety Executive (HSE) determinó que la despaletizadora tenía un sistema de seguridad para detenerse pero que Nestlé no se cercioró de que todos su trabajadores conocieran su propósito y supieran utilizarlo.

La HSE emitió una nota de prohibición obligando a Nestlé a implementar un nuevo sistema para evitar que la llave maestra fuera retirada desde el panel de control de la máquina mientras todas las demás llaves de acceso no estuvieran en su lugar.

La inspectora Jackie Ferguson de la HSE reveló que en 2002 Nestlé había recibido una advertencia por escrito que resaltaba la necesidad de mejorar los controles de la máquina para evitar que volviera a arrancar mientras un trabajador se encontrara en su interior.

Ferguson señaló que la muerte de Hussain podría haberse evitado si Nestlé hubiera implementado los controles necesarios para garantizar la seguridad de sus trabajadores.

Por otro lado, Ferguson lamentó que una familia se haya quedado sin padre debido a la negligencia de Nestlé.

La reacción de Nestlé

La Bradford Crown Court condenó a Nestlé a pagar una multa de US$ 295.400 mientras la compañía aseguró que acataría las recomendaciones de la nota de prohibición de la HSE para garantizar la seguridad de la despaletizadora.

Nestlé aseguró que su principal prioridad siempre han sido la salud y la seguridad de sus trabajadores al mismo tiempo que lamentó que este accidente hubiera ocurrido.

A raíz de este accidente Nestlé puso en marcha una investigación de sus sistemas de salud y seguridad para aplicar los correctivos que sean necesarios e impedir que accidentes de este tipo vuelvan a suceder.

Fuente. clubdarwin.net