SINALTRAINAL

¡Tírense al suelo! ¡Tírense al suelo!

“Ya los de las primeras líneas lo habían hecho, barridos por las ráfagas de metralla. Los sobrevivientes, en vez de tirarse al suelo, trataron de volver a la plazoleta, y el pánico dio entonces un coletazo de dragón, y los mandó en una oleada compacta contra la otra oleada que se movía en sentido contrario, despedida por el otro coletazo de dragón de la calle opuesta, donde también las ametralladoras disparaban sin tregua. Estaban acorralados, girando en un torbellino gigantesco que poco a poco se reducía a su epicentro porque sus bordes iban siendo sistemáticamente recortados en redondo, como pelando una cebolla, por las tijeras insaciables y metódicas de la metralla. El niño vio a una mujer arrodillada, con los brazos en cruz, en un espacio limpio, misteriosamente vedado a la estampida. Allí lo puso José Arcadio Segundo, en el instante de derrumbarse con la cara bañada en sangre, antes de que el tropel colosal arrasara con el espacio vacío, con la mujer arrodillada, con la luz del alto cielo de sequía, y con el puto mundo donde Úrsula Iguarán había vendido tantos animalitos de caramelo.

Cuando José Arcadio Segundo despertó estaba bocarriba en las tinieblas. Se dio cuenta de que iba en un tren interminable y silencioso, y de que tenía el cabello apelmazado por la sangre seca y le dolían todos los huesos. Sintió un sueño insoportable. Dispuesto a dormir muchas horas, a salvo del terror y el horror, se acomodó del lado que menos le dolía, y solo entonces descubrió que estaba acostado sobre los muertos. No había un espacio libre en el vagón, salvo el corredor central. Debían de haber pasado varias horas después de la masacre, porque los cadáveres tenían la misma temperatura del yeso en otoño, y su misma consistencia de espuma petrificada, y quienes los habían puesto en el vagón tuvieron tiempo de arrumarlos en el orden y el sentido en que se transportaban los racimos de banano. Tratando de fugarse de la pesadilla, José Arcadio Segundo se arrastró de un vagón a otro, en la dirección en que avanzaba el tren, y en los relámpagos que estallaban por entre los listones de madera al pasar por los pueblos dormidos veía los muertos hombres, los muertos mujeres, los muertos niños, que iban a ser arrojados al mar como el banano de rechazo.”·

Así denunció el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, el crimen de estado cometido contra los trabajadores de la multinacional gringa United Fruit Company, que se produjo entre el 5 y el 6 de diciembre de 1928 en el municipio de Ciénaga, Magdalena.

La Masacre fue cometida por el ejército colombiano durante el gobierno de Miguel Abadía Méndez,  para aniquilar la huelga que desde el 12 de noviembre de 1928 realizaban los trabajadores bananeros que exigían condiciones de trabajo y de vida dignas. La huelga terminó con un baño de sangre: en la noche del 5 de diciembre, el estado colombiano, para proteger los intereses de la multinacional, ordenó que dispararan contra la población inerme que se encontraba en una reunión de millares de huelguistas, matando e hiriendo a cientos, junto a sus esposas e hijos/as.

Esta es la primera gran masacre de obreros que el gobierno colombiano cometió en beneficio de las multinacionales y que a 87 años se encuentra en la total impunidad.

Esta misma multinacional, ahora como Chiquita Brands, en marzo de 2007 confesó haberse "involucrarse en transacciones con terroristas globales" ante el juzgado del Distrito de Columbia, en Estados Unidos. La multinacional reconoció haberle pagado 1.7 millones de dólares al grupo terrorista Autodefensas Unidas de Colombia AUC, para que le protegiera los cultivos en el Urabá Antioqueño. Miles de obreros y pobladores fueron asesinados por este aparato de muerte financiado por la empresa bananera y amparado por el ejército colombiano, al mando entre otros, del General Rito Alejo del Rio.

La Justicia estadounidense la condenó a pagar una multa de 25 millones de dólares al Departamento de Justicia pero no encarceló a ninguno de los directivos de Chiquita. Años más tarde unas 4.000 familias víctimas de los negocios de la bananera con los paras, demando ante las cortes estadounidenses el pago de indemnizaciones, pero a pesar de las confesiones de la multinacional, las demandas fueron sobreseídas, alegando no tener jurisdicción en el caso. La justicia colombiana, decidió igualmente exonerar a Chiquita Brands International por los mismos hechos.

Esta fue la segunda masacre cometida contra los obreros bananeros en beneficio de esta multinacional y la impunidad persiste y se fortalece.

Más de 4.000 asesinatos se han ejecutado contra el movimiento sindical en Colombia y la impunidad es superior al 95%, solo unos pocos gatilleros han sido condenados, pero los determinadores de tanto horror y de querer exterminar al movimiento sindical se encuentran libres y enriqueciéndose. Estos crímenes están en la impunidad, pues la justicia ha obrado en beneficio de los responsables, no abriendo o archivando los procesos, no investigando a profundidad, desviando las investigaciones o privatizando las responsabilidades. 

La responsabilidad de todos estos crímenes contra  el movimiento sindical es exclusiva del estado, por tanto este debe reconocerla públicamente y pedir perdón con el compromiso de que jamás se volverá a defender el poder a través del crimen. Durante todos estos años hemos enfrentando una política de terrorismo de estado, ejecutado por sus agentes y por paramilitares.

El estado colombiano beneficia con su política, sus leyes, sus instituciones a las empresas, principalmente a las corporaciones multinacionales, por tanto, estas deben ser involucradas en el proceso de justicia, pues han sido las grandes beneficiadas de toda la política de persecución que se ha aplicado en Colombia contra el movimiento sindical y otros sectores sociales, que se resisten a que se les imponga un modelo económico, político y social. Las empresas deben ser juzgadas y condenadas por su responsabilidad en miles de crímenes cometidos contra el movimiento social.

No existe una ley que garantice el derecho de las víctimas, en la creada por el estado, éste asume un papel solidario, no de responsable o victimario por los crímenes cometidos, por lo tanto no solo es inmoral e incompleta, sino que es una burla para las víctimas y el proceso de justicia.

Está demostrado hasta la saciedad que no existe una justicia transparente e imparcial que garantice el derecho de las víctimas, existe una justicia politizada que sirve de instrumento para el ocultamiento del terrorismo de estado, lo que implica, que para que haya un proceso de reparación se debe depurar la justicia y establecer nuevos instrumentos.

Es urgente depurar el aparato militar, causante de miles de crímenes contra el movimiento sindical. No se puede permitir que como resultado de un posible acuerdo entre el estado y las fuerzas insurgentes, que quienes han causado tanto dolor y vergüenza, continúen ejerciendo el “orden”, deben ser destituidos ipso facto, juzgados y recibir un castigo ejemplar.

En cualquier proceso, las victimas deben tener plena vocería e interlocución y las asesorías y mecanismos necesarios, en términos de reparación económica, del restablecimiento de condiciones de vida, de mitigación del daño. Es claro, que el daño causado por el terrorismo del estado es irreparable.

Ni el estado, ni las autoridades tiene la moral, ni la ética para establecer la verdad sobre las causas y los determinadores de los crímenes, ya que son los responsables del daño causado a las víctimas, por tanto, se debe establecer una instancia, que puede ser una comisión, que reúna las condiciones éticas y morales,  que tenga la transparencia, la credibilidad, la legitimidad con las víctimas, para que esclarezca la verdad y establezca una nueva normatividad para que esa verdad se convierta en memoria colectiva.

Cada organización sindical, social, popular, debe tener sus propuestas de verdad, de justicia y reparación, lo que no implica atribuirse el derecho que tienen individualmente las víctimas. Dentro de la propuesta integral, cada víctima, cada familia, tiene el derecho a participar y formular sus condiciones reales para sentirse reparado o por lo menos, mitigado en el daño causado. Son las victimas quienes deben concretar sus propuestas.

Los crímenes cometidos contra el movimiento son la respuesta del estado y las multinacionales a las exigencias de derechos y bienestar pleno de los trabajadores y el pueblo. La franja entre ricos y pobres es cada vez más grande, por lo que se hace necesario un cambio de modelo que resuelva el problema social, de la democracia, que reconozca los derechos, especialmente los de las víctimas, que somos la inmensa mayoría de los colombianos.

La violencia ejecutada contra el pueblo colombiano está diseñada y aplicada desde la concepción de la doctrina de seguridad nacional, lo que implica eliminar de plano cualquier injerencia extranjera, expulsar las bases militares extranjeras, exterminar el paramilitarismo. Mantener estos males,  hará imposible cualquier esfuerzo para alcanzar la paz y construir la democracia en Colombia.

Finalmente reiteramos que para obtener derechos, gozar del bienestar y conquistar una Colombia en paz y democracia, es necesario e imprescindible la unidad, la organización y la lucha del pueblo colombiano y la solidaridad internacional de quienes creen que tenemos derecho a ser libres.

SINALTRAINAL, a 87 años de la matanza de los obreros bananeros en Ciénaga 

Colombia, 5 de diciembre de 2015