SINALTRAINAL

Campaña ¡No a la guerra de las transnacionales! ...

Por soberanía, democracia, paz y bienestar para los colombianos.

1. Por qué una Campaña.

La actual guerra que se libra en nuestro país es motivada, promovida, financiada y profundizada por los dueños de los grupos financieros globales y las multinacionales más grandes del mundo. Tal confrontación es parte de la estrategia que usan para alcanzar sus objetivos en nuestro país y América Latina, Son sus intereses los que se benefician del conflicto. Las transnacionales no solo se lucran vendiendo armamentos y financiando al estado oligárquico colombiano para que ejerza una represión indiscriminada y construya un monstruoso aparato militar sino también aprovechando “los frutos” que deja la guerra.

Grupos financieros como el Carlyle, el inversor más importante en la industria militar, se especializan en este tipo de negocios. Otras multinacionales como Halliburton, la empresa que presidio Dick Cheney, actual vicepresidente de los Estados Unidos, Sikorsky, la que vende helicópteros de combate, o Monsanto, la que ofrece el glifosato para las aspersiones contra los cultivos de coca, son grandes beneficiarios de los conflictos bélicos.

Pero hay otras que se benefician de las “limpiezas” del territorio hechas por paramilitares y militares. Tal es el caso de las multinacionales mineras, energéticas, agroalimentarias y de servicios públicos.

Otras más se benefician del “clima de inversión” creado por la violencia y el terrorismo de Estado o por la violencia ejercida directamente por los dueños de los consorcios nacionales o extranjeros. Allí se encuentran las multinacionales de las finanzas, las comunicaciones y otros servicios y la industria.

Por tanto, el desarrollo de la confrontación en Colombia les ha permitido afianzar sus intereses aquí, controlar la mayor parte de nuestros recursos naturales –minas, tierras, yacimientos de petróleo y gas, aguas, etc.- y territorio, apoderarse del acumulado nacional productivo, instaurar una ideología y cultura proimperialista y de carácter fascista, abiertamente enemiga de las posiciones progresistas e integracionistas en América Latina, intervenir descaradamente en nuestros asuntos internos –moldeando a sus intereses la política nacional e internacional del estado oligárquico colombiano, tomando parte directamente en la guerra a través tanto de la presencia en los campos de combate de asesores militares adscritos al Comando Sur del ejercito de los Estados Unidos y agencias extranjeras de seguridad privada contratadas por el Pentágono, como por medio del avituallamiento del ejercito reaccionario- e imponer un régimen político abiertamente antidemocrático, que usa el terrorismo de Estado, la violencia generalizada contra la población, promueve la explotación y precarización agresivas contra los trabajadores y la mayoría de la población y favorece abiertamente los intereses de los conglomerados imperialistas y de la pequeña cúpula oligárquica colombiana, firmemente involucrada en el proyecto de la gran burguesía conservadora norteamericana.

En ese marco, vamos a desarrollar una campaña nacional e internacional que se oponga a estas políticas y a las dos guerras a que nos quieren arrastrar las multinacionales y sus vasallos locales: la guerra contra el pueblo colombiano, que ya lleva bastante tiempo en marcha, y la guerra contra las naciones progresistas que se vienen constituyendo en América Latina. Por ello llamamos a desarrollar una campaña cuyo centro sea un NO a las guerras que nos imponen los imperialistas.

2. Los Antecedentes

Desde diversas organizaciones sindicales y sociales se vienen promoviendo una serie de campañas contra los efectos de las políticas que las multinacionales han desarrollado en Colombia. Muchas de ellas buscan denunciar las consecuencias de sus practicas más no explican claramente las causas que han motivado sus acciones criminales, reduciendo, por tanto, sus reivindicaciones a “verdad, justicia y reparación”, con lo cual las bases del problema quedan intactas, al no ser removidas. Si funcionarios empleados por los conglomerados confiesan los delitos cometidos, atribuidos no a una política sino a determinadas personas, se les juzga, así sea muy magnánimamente, y se paga a quienes sobrevivieron o a los familiares de las víctimas, los crímenes han sido “reparados”, por tanto, se ha saldado toda responsabilidad, con lo que las multinacionales pueden seguir actuando con toda tranquilidad, mientras que el Estado reaccionario, los miembros de los gobiernos, la oligarquía colombiana y los criminales que han contribuido, ejecutado o se han beneficiado de las atrocidades cometidas contra los trabajadores y la población continúan en sus actividades como si nada hubiese ocurrido.

Hay que superar este punto de vista y la sectorización de la lucha contra las multinacionales trabajando en dos direcciones: una, la de proponer cambios cualitativos en la relación con los consorcios internacionales que actúan en el país, expulsando a los que estén asociados a crímenes de lesa humanidad, juzgar e imponer penas drásticas a los responsables tanto intelectuales como materiales de los delitos cometidos contra los trabajadores y la población colombiana, imponer sanciones económicas ejemplares para aquellas empresas que violaron los derechos de los pueblos, los derechos humanos, saquearon los recursos naturales del país y destruyeron el medio ambiente, hacerles pagar indemnizaciones a fin de compensar a las víctimas y convertir esta tragedia en un aprendizaje. Que quede claro a toda la población la criminalidad de los capitalistas y como no volver a repetir semejante experiencia, cosa que está asociada a realizar cambios fundamentales en las relaciones económico-sociales y de poder imperantes en el país.

Otra, desarrollar una sola campaña unificada desde todas las organizaciones sociales, que se interesan en ventilar tanto las causas como las consecuencias de las políticas agenciadas por las multinacionales. Esta debe desnudar ante la población el carácter de de sus acciones en Colombia y en el mundo, explicar como ellas son el sustento del presente régimen oligárquico paramilitar, desarrollar un gran acumulado social que reivindique cambios profundos en el relacionamiento con esos conglomerados, en las condiciones económicas, sociales y políticas que han facilitado su acción criminal y de saqueo y contribuya a juzgar ejemplarmente a quienes son responsables del genocidio cometido contra la población. Esa campaña se constituye en posibilidad exitosa de denunciar y alcanzar cambios profundos en las políticas del Estado frente a las multinacionales, forzar modificar su conducta, desarrollar relaciones de respeto e igualdad con estas en un nuevo marco jurídico y lograr crear un ambiente internacional positivo para evitar que sus atropellos queden impunes. Tales cambios deben estar asociados a modificaciones estructurales en la política nacional.

3. La Sustentación de la Campaña

La campaña única la sustentamos en el hecho que las multinacionales tienen una política común, trazada por sus dueños. Estos últimos son quienes detentan la propiedad de los más poderosos grupos financieros del planeta, radicados especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica; son ellos los que constituyen la oligarquía financiera que gobierna ese país, grupo de poder que también se vale, para ejecutar sus políticas, de los llamados Organismos Multilaterales -Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y Organización Mundial del Comercio-, así como de los organismos políticos globales y regionales, como son la Organización de Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos, y de los tratados militares internacionales, como el de la Organización del Tratado del Atlántico Norte –OTAN- o el Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca –TIAR-.

Los dueños de esos conglomerados financieros, como los concentrados alrededor de Citi Group, el más poderoso de los Estados Unidos y quizás del mundo, JP Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Standars and Poors, tienen una estrecha coordinación y convergen, para repartirse el mundo, con los propietarios de otros grupos originarios de Europa y Japón, en organismos empresariales y privados internacionales como la Cámara de Comercio Internacional, el Club de Bildenberg, la Trilateral, la Round Table, y el Foro de Davos, por sólo mencionar algunos.

En Colombia, igualmente confluyen sus intereses con los de los grandes grupos financieros locales, –Empresarial Antioqueño, Santodomingo, Sarmiento Angulo, Bolívar y Ardila Lülle-, que son sus tributarios, en los más poderosos gremios empresariales del país, como son la Asociación Nacional de Industriales, Confecamaras y en organizaciones patronales sectoriales, desde donde trazan políticas contra el movimiento social y, particularmente para enfrentar a los sindicatos.

Es lugar común decir que los representantes de las matrices multinacionales en Colombia, alrededor de 190, las cuales tienen algo más de 700 subsidiarias, la oligarquía financiera local, propietaria de los grandes conglomerados locales, la lumpen burguesía, compuesta por narcotraficantes y paramilitares, la burguesía burocrática y los terratenientes son quienes controlan el Estado oligárquico. Desde ese aparato se han dedicado a fortalecer su acumulado de capital, explotar a los obreros y demás laboriosos, saquear nuestros recursos productivos, expropiar a la población, quitar la tierra a los campesinos, privatizar las empresas estatales y eliminar las conquistas sociales alcanzadas por las generaciones anteriores de trabajadores, utilizando para ello la violencia más brutal y despiadada.

Los grupos financieros globales y sus multinacionales hacen estragos en Colombia. Se  apoderaron de minas, yacimientos petrolíferos y de gas natural, controlan el comercio internacional de nuestros recursos agrícolas, dominan la industria, el comercio local y los servicios, monopolizan la tecnología que usamos, incursionan crecientemente en las finanzas y la banca, imponen el intercambio desigual y nos han creado una inmensa deuda interna y externa, que es impagable. Compraron las empresas del Estado y las creadas en el país, apropiándose del acumulado económico nacional.

Modificaron las legislaciones para tornarlas favorables a sus intereses. Hicieron cambiar toda regulación sobre la inversión extranjera en Colombia y variaron la normatividad laboral apuntalando leyes regresivas, las cuales están dirigidas a destruir todos los derechos de los laboriosos y a colocarlos en una posición de inferioridad definitiva. Crearon leyes medioambientales y de manejo de recursos naturales que les favorecen, introdujeron las patentes y los derechos de propiedad intelectual sobre las estructuras genéticas, impulsaron sendas contrarreformas financieras, fiscales y comerciales y abolieron toda norma de protección social.

Apoyándose en los organismos multilaterales, implantaron el neoliberalismo en Colombia. Nos aplicaron drásticas recetas para recortar crecientemente el gasto social del Estado, la financiación de departamentos y municipios, privatizaron toda actividad posible, aumentaron formidablemente los impuestos sobre la clase media y los trabajadores y suprimieron los tributos sobre los ricos, impusieron la especulación, como forma principal de acumulación económica, y abogaron por la libre competencia en un mundo gobernado por monopolios multinacionales; ahora nos agreden con un lesivo Tratado de Libre Comercio firmado con los Estados Unidos.

Para impulsar sus políticas se coaligaron abiertamente con los grupos financieros locales como el Empresarial Antioqueño, que tiene  inversiones de capital gringo, alemán, holandés, belga, japonés, francés, chino y de la Corporación Financiera Internacional, el brazo del Banco Mundial para financiar el sector privado. También con los Grupo Sarmiento Angulo y Ardila Lülle, que son financiados por los bancos norteamericanos, Bolívar, capitalizado por la Corporación Financiera Internacional, y Santodomingo, entroncado en los circuitos especulativos globales como socio minoritario de SAB Miller, la ya mencionada transnacional cervecera donde concurren capitales norteamericanos, británicos y sudafricanos.

La política de las multinacionales sembró y extendió la dependencia, explotación, expropiación, desempleo, pobreza, miseria, desnutrición, hambre y desplazamiento más agresivo contra 30 millones de colombianos, mientras ellas lograban aumentar enormemente, junto a los grupos financieros criollos, sus ganancias. Para imponer tan extrema desigualdad, recurrieron una vez más al terrorismo y a la instauración de un régimen abiertamente antidemocrático.

Han apoyado la militarización de la vida nacional, poseemos uno de los ejércitos más grandes del mundo en relación con el número de habitantes que tenemos, promovido y financiado el paramilitarismo, cuyos miembros en los últimos años han asesinado a más de cien mil personas, cuatro mil de ellos sindicalistas, y desplazado forzosamente a más de cuatro millones de campesinos. Las actuaciones de Chiquita Brands han sido demostrativas, igual Coca-Cola, Nestlé, Drummond, Oxy, BP y otros consorcios han sido acusados de tener nexos con grupos paramilitares o de lucrarse con sus acciones, violar los derechos humanos de los trabajadores y la población y algunos de ellos tienen sendas demandas en cortes de los Estados Unidos.

Las transnacionales hicieron lobby ante el Congreso gringo para que se aprobara el Plan Colombia, el cual ayudan a financiar. Su finalidad es intervenir militarmente en nuestro territorio, haciéndolo a través de miles de asesores militares y de al menos ocho agencias de seguridad privadas contratadas por el Pentágono para apoyar la labor contrainsurgente y controlar directamente las zonas más ricas del país y las que constituyen puntos  geoestratégicos que permiten desarrollar la confrontación imperialista contra los gobiernos progresistas de América Latina. Ahora quieren arrastrarnos a una guerra regional contra naciones como Venezuela y Ecuador y a menos que caigan los regimenes progresistas allí instaurados `por golpes de estado llevados a cabo localmente o por la vía electoral, la gran burguesía financiera gringa, a través del gobierno de los Estados Unidos, y la oligarquía colombiana, por medio de su Estado y del gobierno del fascista Álvaro Uribe, apoyados por fuerzas reaccionarias en esos dos países, nos llevarán inevitablemente a  esa guerra.

Los fenómenos anteriormente mencionados están enmarcados en una agresiva extensión del capitalismo a todas las regiones de la tierra y a todas las esferas de la vida de hombres y mujeres que la pueblan. Esa extensión se ha hecho a través de la violencia, el saqueo, la dominación y la exclusión económica, social y política de miles de millones de seres humanos, los cuales padecen las consecuencias de un sistema que lo único que hace con ellos es explotarlos y oprimirlos inmisericordemente.

Denunciar las políticas de saqueo, explotación, opresión, atropello a la población y destrucción medio ambiental ocasionada por las multinacionales requiere, a partir de unos casos concretos, explicar la problemática general y derivar unas reivindicaciones globales y otras específicas. Por ello proponemos tomar unos casos emblemáticos, no los únicos pero si los que nos sirven de punto de partida, para hacer conocer a todos los colombianos cuales son las verdaderas intenciones de los dueños de las multinacionales y de quienes los respaldan en nuestro país.

4. Casos Emblemáticos de la Campaña

Los casos emblemáticos tienen que ver con multinacionales o empresas ligadas a ellas, que operan en los sistemas de la producción y los servicios claves en la economía nacional y que por su importancia tanto a nivel global como nacional son iconos de la política del Estado imperialista norteamericano o del Estado dependiente colombiano. Los sistemas que consideramos claves son el agroalimentario, el minero energético y el financiero, considerando igualmente que en otros sistemas nacionales también se presentan casos muy importantes, los cuales se pueden explicar y agitar desde los tres que planteamos aquí.

En lo agroalimentario el caso que tiene más arraigo nacional e internacional es el de Coca-Cola. Empresa símbolo del “american Way of life”, cara a los sentimientos ideológicos vendidos por la burguesía gringa al resto de los habitantes del planeta, imagen del patrioterismo en ese país y del “progreso” que es posible alcanzar a través del consumismo, sin duda es uno de los pilares de la imagen imperial proyectada a lo largo y ancho del mundo; es la multinacional más global que existe, tiene más presencia en países que las Naciones Unidas lo que la convierte en la imagen de los Estados Unidos proyectada a todo el mundo. Con un oscuro pasado, un importante record de violaciones a los derechos de los pueblos, a los derechos fundamentales de los trabajadores y una política agresivamente antinacional y fuertemente antiecológica, sin duda es el conglomerado que despierta mayor resistencia en los sectores más progresistas de muchos países. Desde la denuncia de su política podemos explicar problemas como el de la dependencia, la extensión de la precarización y la pobreza, el hambre, la desnutrición y la inseguridad alimentaria, la violencia y la antidemocracia que se imponen al país, y cómo en el capitalismo el sistema agroalimentario no está organizado para satisfacer las necesidades alimentarias humanas sino el apetito de lucro que tienen los capitalistas. También podemos explicar desde el mencionado caso cual es la política de otras multinacionales criminales como Nestle, Pepsico, Unilever, Altria, la que posee intereses mayoritarios en Kraft, Philip Morris y, en menor medida, en SAB Miller. O el de multinacionales relacionadas con el control y explotación del agua como mercancía, como Suez Lyonesse, Vivendi, Aguas de Barcelona, etc. o el de las transnacionales que monopolizan el comercio agrícola, la producción de semillas, la biotecnología, la elaboración de agroquímicos y ahora de biocombustibles tales como Monsanto, Bayer, Syngenta, Cargill y ED&F Man, por solo mencionar algunas.

Tengamos en cuenta que las barreras que limitaban las operaciones específicas de multinacionales en determinados sistemas o ramas de producción se están rompiendo, fruto del acelerado desarrollo tanto de las fuerzas productivas como de la ciencia. Por tanto, las multinacionales agroalimentarias, algunas de las cuales alcanzaron notables integraciones horizontales, verticales y diversificadas, ahora compiten con las que han entrado desde la química a desarrollar productos biotecnológicos. Tal es el caso de Cargill, que compite en este terreno con Monsanto, Dow, Pioner, Syngenta y Bayer. Igual cosa ocurre ahora con los biocombustibles donde Cargill, ADM y ED&F Man, sólo por mencionar a tres multinacionales agroalimentarias compiten con empresas como BP y Petrobras.

En el sistema minero energético el caso más demostrativo es el de la Oxy. Esta multinacional ha promovido en el departamento de Arauca, y ahora en el Magdalena Medio, el saqueo de los recursos naturales, el genocidio cometido contra la población mediante el uso sistemático de la violencia militar y paramilitar, que ha implicando violaciones masivas de los derechos humanos, manifestadas en la destrucción de las organizaciones sociales, asesinatos y persecución de su dirigencia, el extermino de su base -se cuentan por miles los asesinatos, desapariciones y desplazamientos de obreros, campesinos y pobladores de la región-, imposición de una política antidemocrática, por medio de la cual el gobierno ha suspendido todo tipo de libertades individuales y colectivas, ha promovido la corrupción, el saqueo de los recursos naturales, los daños irreparables al medio ambiente –entre otros casos, la destrucción de la Laguna de Lipa, afectación de los causes de los ríos Arauca y Casanare, vertimiento de aguas contaminadas a inmensas zonas, secamiento de afluentes y destrucción o alteración de 715’000 hectáreas de bosque tropical-, y el etnocidio, reflejado en la destrucción social, étnica y cultural de pueblos enteros como los Guahibos y los W´uas. Estas macabras acciones les han dejado enormes beneficios a la Oxy.

Para asegurar aun más sus gigantescas utilidades han encabezado el lobby ante el gobierno de los Estados Unidos para que uno de los departamentos prioritarios donde se aplique el Plan Colombia sea el de Arauca. Ello les ha dado la posibilidad de poner a su servicio directo no solo toda la gigantesca infraestructura y personal militar del Comando Sur del ejercito de los Estados Unidos sino también brigadas, batallones y fuerzas especiales del las fuerzas armadas reaccionarias de Colombia. Configuró, así la transnacional gringa un proyecto contrainsurgente y de guerra extremadamente agresivo, que ha traído funestos impactos sobre la población civil. Amnistía Internacional lo ha denunciado y ha acusado a Oxy de dar ayuda financiera a la Brigada XVIII, una de las unidades militares del Ejército Colombiano con vínculos probados con grupos paramilitares, de montar una base militar en Cravo Norte, desde la cual han despegado los helicópteros que bombardean los poblados, entre otros al caserío de Santo Domingo, lugar donde ocasionaron una veintena de muertos, dar dinero a las tropas que protegen el oleoducto y costear la estructura de apoyo de la Fiscalía General de la Nación, ente que ha llevado a cabo con las otras instituciones represivas del Estado oligárquico las detenciones masivas ocurridas en el departamento.

La brutal e indiscriminada violencia contra la población, que se ha sostenido en el tiempo, es fruto de la alianza pactada entre las clases dominantes y los sectores de narcotraficantes y paramilitares, los cuales emergieron ganando una influencia significativa dentro del bloque dominante; dicha alianza se trasladó a los campos económico, social, político y militar. Así, las multinacionales, la gran burguesía financiera, los terratenientes, los gamonales y políticos, los militares y la burguesía burocrática, que toma cuerpo en las altas autoridades del estado oligárquico, apoyaron sustancialmente a los grupos paramilitares, convirtiendo este soporte, como recientemente lo confesó Salvatore Mancuso, en una política de Estado, la cual también ha contado con el sustento irrestricto, complicidad y sostén encubierto del gobierno de los Estados Unidos y de sus organismos militares y de seguridad. Son dicientes, al respecto, las declaraciones de Ramsey Clark, exfiscal general del gobierno de los Estados Unidos, quien ha dicho que “nosotros, (el gobierno de los Estados Unidos), estamos sistemáticamente financiando las organizaciones paramilitares, entrenándoles para matar, armándoles, pagándoles”  

Estas medidas fueron tomadas en medio del escalamiento de la intervención militar norteamericana en Colombia, profundizando la acción contrainsurgente, la cual incluía el combate directo a las organizaciones guerrilleras. Tales operaciones han tenido como centro la financiación de gigantescos operativos militares, actividades contrainsurgentes dirigidas hacia los civiles, como las de las llamadas brigadas cívico-militares, y la participación directa en el conflicto de asesores militares y de agencias privadas de seguridad estadounidenses en los teatros operacionales de guerra, en la protección de las instalaciones y explotaciones petroleras de Caño Limón y del oleoducto, propiedad en gran medida de la Oxy. En efecto, en Arauca ha desembarcado personal militar estadounidense con el fin de entrenar a comandos de la XVIII Brigada. En enero de 2003, 60 miembros de las fuerzas especiales estadounidenses arribaron al departamento para unirse a los 10 que ya estaban allí cumpliendo esa misma labor.

La estrategia del gobierno de Bush es de tal agresividad que entre 2002 y principios de 2004 entregó al gobierno de Uribe Vélez más de 1.900 millones de dólares en “ayuda” militar, parte de la cual fue dedicada a proteger las operaciones de la Occidental en Colombia. Semejante monto convirtió al Estado Colombiano en el tercer receptor más importante de pertrechos militares estadounidense, después de Israel y Egipto. La protección militar de las instalaciones petroleras de Oxy ha sido acompañada por la donación de cuantiosas sumas para el equipamiento de cuerpos de ejército. Por ejemplo, tan sólo en 2003 fueron aprobados por el gobierno de los Estados Unidos 99 millones de dólares para proteger militarmente las instalaciones petroleras y el oleoducto. Esa partida se utilizó para comprar helicópteros, pagar servicios de formación e inteligencia, comprar material militar para la XVIII Brigada y financiar la creación de una nueva Brigada Móvil, la número 5, dedicada inicialmente a  patrullar el mismo oleoducto.

En febrero de 2004, tras otra cuantiosa inversión del gobierno y del ejército de los Estados Unidos, fueron inauguradas las instalaciones para la protección de la infraestructura económica del oleoducto Caño Limón-Coveñas, ubicadas en Saravena. Las instalaciones dan apoyo actualmente al ejército reaccionario y consisten en una sede administrativa un hangar, instalaciones para abastecimiento de gasolina, una rampa, pista área, bodega para municiones, etc. Tienen capacidad para alojar diez helicópteros. Además, se construyeron tres cuarteles para albergar a 120 soldados y contratistas de seguridad privada.

Poco más de un año después, a finales de mayo de 2005, el gobierno imperialista donó al gobierno lacayo de Colombia seis helicópteros, dos UH60 Blackhawk y cuatro UHII Iriquios, que serán utilizados exclusivamente para apoyar las actividades de la XVIII Brigada del Ejército con el fin de proteger el tramo de 174 kilómetros que recorre en Arauca el oleoducto Caño Limón-Coveñas. Hasta principios de 2005, el gobierno de Estados Unidos había gastado72 millones de dólares en cuidar los intereses de la Oxy en el mencionado departamento. El operativo contrainsurgente ha logrado disminuir sensiblemente las voladuras del oleoducto en los últimos tres años, con lo que la multinacional norteamericana ha podido exportar tranquilamente el petróleo colombiano y obtener jugosas ganancias por ello.

A fin de crear un marco jurídico y administrativo que diera soporte a la política represiva y contrainsurgente, el gobierno paramilitar encabezado por Álvaro Uribe Vélez creo teatros operacionales de guerra recurriendo a la legislación de excepción. En efecto, el 11 de agosto de 2002, tres días después de haberse posicionado como nuevo presidente de la república, declaró el estado de Conmoción Interior y poco después, el 9 de septiembre del mismo año, promulgó el decreto 2002 que creaba las zonas de rehabilitación y consolidación, daba al ejército poderes de policía judicial y posibilitaba el empadronamiento de la población. El establecimiento de estas zonas implicaba una doble excepcionalidad en el ejercicio de los derechos constitucionales. La primera, la que se derivaba de la aplicación del Estado de Conmoción Interior, que cobijaba a la población de todo el país, y la segunda, la que se desprendía de la aplicación de medidas aun más extraordinarias y contundentes, que regían en las llamadas Zonas de Rehabilitación y Consolidación. Bajo esta normatividad se otorgaban suprapoderes a las fuerzas militares tales como limitar la libertad de movimiento y residencia de la población, imponer una censura disimulada a los medios de comunicación, los cuales están obligados a impedir la transmisión de información considerada por el gobierno como “sensible”, eliminar las reuniones y manifestaciones, interceptar comunicaciones y realizar detenciones preventivas sin orden judicial. A pesar de que la mayor parte del decreto fue declarado inconstitucional por la Corte, el gobierno de Uribe Vélez siguió aplicando su política de guerra sin ningún límite. El 21 de septiembre de 2002 se establecieron las Zonas de Rehabilitación y Consolidación, entre ellas quedaron cobijados los tres municipios petroleros del departamento de Arauca, Saravena, Arauquita y Arauca, donde tienen presencia la Oxy, mientras que aquellos con fuerte presencia paramilitar fueron excluidos. En los primeros, el mando del ejército asumió el control de todas las fuerzas armadas, incluida la policía, y se sobrepuso absolutamente a toda autoridad civil.

Arauca, en particular, se convirtió en el campo de pruebas para experimentar este tipo de políticas brutalmente represivas agenciadas por los gobiernos de Bush y Uribe Vélez. Esas políticas implicaban detenciones arbitrarias en masa, violaciones sistemáticas de los derechos humanos, torturas, asesinatos, desapariciones, amenazas, acoso y todo tipo de atropellos en gran escala contra la población, los activistas sociales, políticos y defensores de derechos humanos, a pesar de que el gobierno decía establecerlas para reducir la violencia.

En el departamento se tomaron medidas extremas posibilitadas por la excepción. Las personas que quisieran abandonar la zona tenían que informar su salida a los militares con dos días de anticipación. Todo el mundo debía portar sus documentos de identidad. Quien infringiera cualquiera de estas dos medidas podía ser arrestado por 24 horas. Los extranjeros que quisieran visitar Arauca deberían atenerse a las restricciones vigentes tales como pedir autorización al gobernador, que en ese momento era un militar, ocho días laborables antes de la visita y si deseban ir a otro departamento necesitaban autorización del Ministerio del Interior. Además, debían presentarse ante los militares cuando estos los requirieran. Quienes no cumplieran estos requisitos serían expulsados. Con estas medidas, el gobierno pretendió restringir el acceso a Arauca de los internacionalistas y defensores de derechos humanos. El ridículo argumento exhibido por Uribe Vélez para imponerlas habla por si mismo. Se trataba de “evitar la presencia de criminales extranjeros que entren, den instrucción o se unan a las acciones de las organizaciones criminales que existen en el país, circunstancia que justifica la comparecencia de los extranjeros ante las autoridades".

Crímenes como el genocidio, el etnocidio, el ecocidio y el saqueo de los recursos naturales son parte consustancial de las políticas de Oxy en Colombia. Ha recurrido a la violencia extrema y a alianzas con militares, paramilitares y políticos corruptos, así como a una estrecha asociación con los intereses y políticas de los círculos imperialistas a fin de garantizar una tajada creciente en el pastel energético que se reparten las multinacionales en Colombia. Tal política debe ser denunciada y rechazada por todas las organizaciones y personas que desean construir un mundo mejor. Los accionistas controlantes administradores de Oxy deben ser enjuiciados y condenados por los crímenes cometidos en Colombia, tienen que indemnizar sus víctimas, reparar el daño causado y sus concesiones o contratos de asociación deben retornar a manos del pueblo colombiano. Esa es la única forma de parar las políticas depredadoras como las que practica esta multinacional en nuestro país.

En el sistema financiero, el caso más importante es el de Bancolombia. Este banco es el más grande del país, tiene un 30% de capital norteamericano, es el mayor poseedor de bonos de deuda interna emitidos por el Estado colombiano, bonos que se han convertido en uno de los mecanismos más aberrantes de saqueo de los recursos de la nación; maneja cuantiosos fondos del Estado oligárquico, actúa en paraísos fiscales, expropia a la población y sus usuarios mediante mecanismos especulativos –el caso de la expropiación de la vivienda a los deudores primero del sistema UPAC y ahora de UVR es patético- y cobra a ellos servicios todos los días más gravosos, persigue a los trabajadores y a los sindicatos y sus accionistas mayoritarios, los asociados en el Grupo Empresarial Antioqueño, han utilizado la violencia para aplacar la lucha laboral y social de sus empleados y han sido el sostén económico y político y el mayor beneficiario del gobierno presidido por Álvaro Uribe Vélez. Varios de los trabajadores cementeros, tabacaleros y financieros de éste conglomerado económico fueron asesinados entre los años ochenta y noventa por hordas paramilitares en Antioquia, la Costa y el Magdalena Medio. En los últimos años el banco ha arrojado gigantescos beneficios, que sobrepasan los 3 billones de pesos en los últimos cuatro años, constituyéndose, después de ECOPETROL, en la empresa más rentable del país.

5. Problemas Ocasionados por las Multinacionales

Las políticas de los accionistas y administradores de las multinacionales en Colombia han ocasionado una serie de problemas, descritos en el cuadro de abajo, frente a los cuales punteamos algunas alternativas.

Problemas  y Alternativas

• Saqueo de Recursos:  Naturales Nacionalización y explotación racional de los recursos naturales
• Destrucción Medioambiental:  Conservación medioambiental, sostenibilidad y sustentabilidad de las explotaciones y recuperación de los ecosistemas afectados.
• Explotación de los Trabajadores:  Limitaciones a las cuotas de extracción de plusvalor, repartición de utilidades con los trabajadores y generalización de la contratación directa, la estabilidad, salarios crecientes, seguridad social para todos y trabajo digno. Construcción del Socialismo.
• Explotación Comercial e Intercambio Desigual:  Protección a la producción nacional, valorización de los productos agrícolas y mineros, limitación a las importaciones y fomento de las exportaciones nacionales. Promoción de un nuevo sistema de comercio internacional de beneficio mutuo y comercio justo. Integración financiera, productiva, energética y comercial de América Latina y apoyo al ALBA.
• Control Tecnológico Transferencia tecnológica, eliminación de propiedad intelectual y patentes y desarrollo de la industria de bienes de capital y de tecnologías de punta.
• Explotación Financiera Nacionalización del sistema financiero, no pago de la deuda externa, supresión de la deuda interna, cambios en el sistema impositivo nacional.
• Hambre y Desnutrición Soberanía y seguridad alimentaria, reforma agraria integral, constitución de reservas estratégicas alimentarias y plan nacional de nutrición que abarque a toda la población.
• Pobreza y Precarización Empleo estable para todos, ingresos crecientes, seguridad social generalizada prestada por el Estado y devolución de los medios de trabajo para quienes han sido despojados de ellos.
• Violación de Derechos Humanos Investigación, juicio y castigo para los responsables intelectuales y materiales de los crímenes, indemnización a las víctimas, expulsión del país de las multinacionales que hayan violado los derechos humanos de trabajadores, campesinos, pobladores y colombianos en general, liquidación efectiva del paramilitarismo, desmilitarización de la sociedad, ejercicio de la democracia real y directa y protección efectiva por parte del Estado de todos los derechos de la población.

6. Ejes de Trabajo de la Campaña
• Investigación
• Comunicación, Propaganda y Agitación
• Movilización
• Organización
• Jurídico
• Trabajo Internacional: Espacios Geográficos: América Latina, Norte América, Europa, Resto del Mundo.
    
7. Ejes Temáticos
• Multinacionales y Globalización
• Multinacionales y Colombia
• Multinacionales y Explotación y Dependencia
• Multinacionales y Violencia
• Multinacionales y Problema Agroalimentario
• Multinacionales y Hambre y Desnutrición
• Multinacionales y Energía y Minería
• Multinacionales y Finanzas
• Multinacionales e Industria
• Multinacionales y Servicios
• Multinacionales y Pobreza
• Multinacionales y Precarización
• Multinacionales y Grupos Financieros Locales
• Multinacionales y TLC
• Multinacionales y Política
• Multinacionales y Hegemonía del Bloque Imperialista-Burgués-Terrateniente
• Multinacionales y Estado Oligárquico
• Multinacionales y Casos Tipo: Coca-Cola, Oxy, Bancolombia, Chiquita Brands, Drummond

8. Núcleo de las Propuestas
• Soberanía
• Paz
• Democracia
• Bienestar
• Integración Latinoamericana

8. Regiones del país a Trabajar
• Centro
• Sur
• Nororiente
• Suroccidente
• Noroccidente
• Costa Caribe

9. Sectores a Trabajar
• Trabajadores
• Pobladores
• Campesinos
• Indígenas
• Mujeres
• Afrodescendientes
• Jóvenes
• Estudiantes
• Intelectuales y Profesionales
• Cristianos
• Personalidades Democráticas
• Organizaciones Políticas

10. Metodología de Trabajo

Debemos llegar otros sectores sociales, teniendo conocimiento de los problemas y la dinámica de resistencia que ellos tienen, partiendo de allí para explicar las causas de la situación que actualmente viven y como estas se relacionan con su problema particular. Meternos en fábricas barrios, colegios, universidades, veredas, trabajar con obreros, estudiantes, campesinos y maestros, trabajadores de la cultura, intelectuales, artistas, indígenas, negritudes, sindicatos, juntas comunales, asociaciones campesinas, de estudiantes, mujeres, ecologistas y demás organizaciones sociales a fin de vincularlos a la campaña.

La metodología de trabajo que vamos a usar es la de explicar con cifras, datos y hechos como explotan y como se lucran las multinacionales, cuales son los beneficios que reciben, cual es su política, como son beneficiadas por el Estado oligárquico, como contaminan el medio ambiente, cual es su política laboral, como atentan contra la posibilidad de alimentarse bien, como empobrecen a la población y como utilizan el terrorismo, la violencia, la antidemocracia, la exclusión, la opresión política y la alienación ideológica. Consecuentemente demostrar como esas practicas perjudican a la población, la mantienen marginada de la vida económica, cultural, social y política del país y como son relegadas en la toma de las grandes decisiones nacionales, que son tomadas por un puñado de individuos quienes representan precisamente los intereses de las transnacionales, los grupos financieros locales, la burguesía burocrática –los que históricamente se han enriquecido saqueando este país- y la lumpen burguesía –paramilitares y narcotraficantes-

Además, debemos explicar como quienes componen ese bloque dominante usan a los medios de comunicación masivos para alimentar el nacionalismo fascista, tergiversar los acontecimientos, creando ilusiones en la población de que todo va bien mientras el país se desangra y la gente se empobrece, convertir las mentiras más grandes en verdades incuestionables y actitudes cínicas en comportamientos morales éticos absolutamente aceptables. Desde esos medios se promueve una cultura de la agresividad, la competencia, la deshonestidad y se posesionan los valores más ruines, como los de la trampa, la mentira, el sapeo –propios de los estados policíacos-, la violencia, el terrorismo institucional, el paramilitarismo, la agresión exterior, etc. como los que son ejemplares y dignos de practicar por parte de todos los miembros de esta sociedad.

También debemos explicar cuales son los nexos que unen a las multinacionales con la política imperialista, la política del Estado colombiano, los intereses de las clases dominantes locales -la oligarquía colombiana-, y el paramilitarismo. En cada discurso se debe explicar a la población, que es lo que realmente está pasando en este país, que carácter tiene este régimen y cuales son y a donde conducen sus políticas sociales y económicas.

Así mismo, debemos presentar propuestas de solución específicas y concretas, en primer lugar, a los problemas generados en nuestro país por cada una de estas multinacionales –casos críticos OXY, Coca-Cola, Bancolombia-. En segundo lugar, a la política desarrollada por esos conglomerados en cada uno de los sistemas de la producción y los servicios que componen la economía capitalista dependiente en Colombia –casos críticos los de los sistemas financiero, energético y agroalimentario-. En tercer lugar a la política agenciada por el bloque imperialista –grupos financieros globales, multinacionales, estados imperialistas, organismos multilaterales, organizaciones privadas de multinacionales y grupos de reunión de la oligarquía global-,  y la subsidiaria política oligárquica, que está integrada subordinada a la anterior –agenciada y plasmada a través de los grupos financieros locales, los terratenientes, la lumpen burguesía, la burguesía burocrática, el Estado oligárquico, los gremios oligárquicos, los partidos políticos reaccionarios y los estamentos sociales afines al bloque dominante-, en función de instaurar la soberanía nacional, la democracia, el bienestar y la paz en nuestro país, contempladas ellas dentro de la solución política a la crisis nacional, sólo posibles de impulsar dentro de un nuevo estado democrático, que represente los intereses de las mayorías.

Debemos modificar, entonces, nuestro discurso tradicional y buscar la unidad entre los trabajadores y demás sectores sociales tomando en cuenta los problemas de estos últimos y sus reivindicaciones. Los diferentes problemas que padecen cada uno de los sectores no pueden enfocarse y dirigirse en direcciones separadas o contrarias. Hay que apuntar a explicar los nexos que estos tienen con la política de las multinacionales y, respetando las particularidades e intereses de cada clase, sector o grupo social, apuntar a buscarles soluciones concertadas con los diversos sectores afectados, privilegiando ahí la lucha contra la política de los mencionados conglomerados, integrándonos todos en un objetivo común, unas tareas comunes a fin de alcanzar unas aspiraciones también comunes.

En esa dirección, por ejemplo, las reivindicaciones e intereses del campesinado no se pueden separar del de otras clases o grupos sociales. Ellos sufren uno de los efectos más bárbaros de la política de las multinacionales: los genocidios, masacres, asesinatos selectivos, desplazamientos, etc. Pero igual lo sufren, los indígenas, los afrodescendientes, los obreros, los pobladores, los estudiantes, las mujeres, los defensores de derechos humanos, etc. Por tanto, ese problema del terrorismo imperialista y oligárquico, mucho de él practicado a través del Estado, no se puede desligar de las políticas de las multinacionales. Igual ocurre con los trabajadores. Los despidos, violaciones a los derechos y conquistas labores, asesinatos de sindicalistas no se deben separar del problemas de conjunto.

En cada uno de los sectores se debe explicar la problemática global partiendo desde la realidad concreta que se vive en ellos. Por lo demás, hay que saber articular progresivamente cada una de las iniciativas especificas y campañas que desarrollan por separado cada una de las organizaciones, clases sociales o sectores de las población o distintas manifestaciones del movimiento popular a esta gran campaña nacional e internacional.

Es importante recalcar que cada uno de los sectores sociales debe ser estudiado, conociendo su problemática a fondo, pero, a su vez, debemos interrelacionarlos y vincularlos a esta campaña única, desde la cual se debe construir un discurso nacional, que representa la problemática social general. Debemos retroalimentarnos en los barrios, comunidades campesinas, con los estudiantes, indígenas y demás sectores y organizaciones sociales. La invitación para desarrollar la campaña debe extenderse a todos e involucrarlos participativamente en esta propuesta.

Es bien sabido que nuestro país atraviesa por una profunda crisis la cual requiere de una solución política en cuya construcción todos tenemos un lugar. Por ello debemos convocar a las diversas organizaciones sociales y personas, y en particular a los trabajadores, a discutir y presentar alternativas a construir frente a las políticas impuestas por los dueños y administradores de las multinacionales y los grupos financieros nacionales, quienes son los principales responsables de la debacle que vive nuestro país.

11. Organización de la Campaña

La Campaña debe tener una estructura lo más simple posible. Esta debe ser de la siguiente manera:

• Comité Nacional de Impulso
• Comités Regionales
• Comités Municipales
• Equipo de Investigación
• Equipo de Finanzas
• Equipo de Formación
• Equipo de Propaganda

12. Objetivos

• Denunciar la política criminal de las multinacionales en Colombia
• Movilizar a los sectores organizados de los trabajadores y demás explotados y oprimidos a fin de sensibilizar a vastos sectores de la sociedad colombiana sobre los nefastos efectos que tienen sobre la sociedad colombiana y latinoamericana las políticas y actuaciones de los dueños de las multinacionales.
• Recuperar el manejo soberano de los recursos naturales.
• Levantar un gran movimiento por la soberanía, la paz la democracia, el bienestar y la integración latinoamericana.
• Garantizar una investigación objetiva y clara de los hechos que constituyen violación de los derechos de los pueblos y de los derechos fundamentales de las personas, juzgar efectivamente a los responsables intelectuales y materiales del ejercicio del terrorismo y la violencia contra la población y hacer que los dueños de los entes económicos que son responsables de tales crímenes indemnicen a las víctimas y a las clases, sectores y grupos sociales afectados, sean expropiados, pasando sus bienes a la administración de las organizaciones sociales que están dentro de sus territorios de operación, y  expulsadas sus subsidiarias, filiales o asociadas del país.
• Resolver los problemas laborales de los trabajadores
• Garantizar la devolución de las tierras y demás medios de trabajo a quienes fueron despojados de ellos por el paramilitarismo y la violencia de las multinacionales, grupos financieros nacionales y el Estado
• Acabar con la destrucción medioambiental y promover la recuperación de los territorios y ecosistemas afectados.