SINALTRAINAL

El agua es fundamental para la soberanía alimentaria y la salvación del planeta.

En Colombia trece millones de habitantes carecen de agua potable siendo uno de los diez países más ricos del planeta en este alimento esencial. El Chocó con una de las mayores reservas acuíferas del mundo, el 92% de su población carece de acceso al agua potable y depende del agua de lluvia. Sin llegar a esta cifra, el problema está generalizado, especialmente entre algunas comunidades indígenas y afrodescendientes.

A la carencia de acceso de agua potable para la población, se suma la grave contaminación y  la destrucción ecológica que cada día sufre el territorio colombiano debido al saqueo de recursos naturales por parte de las transnacionales, a la fumigación indiscriminada de cultivos de uso ilícito y al uso de agroquímicos en la producción de cultivos agroindustriales (flores, palma africana, caña de azúcar, banano, entre otros.

Como parte de la solución al problema, en el 2008 fueron recogidas 2 millones de firmas para que fuera convocado un referendo por parte del Congreso y conquistar el acceso al agua como un derecho humano fundamental que todos los colombianos, con un mínimo vital gratuito y que el recurso no sea entregado para el enriquecimiento de las transnacionales; para que cese la contaminación, la deforestación de las cuencas y las fuentes hidrográficas y para que pare la destrucción del ciclo hidrológico, especialmente en las zonas de paramo, humedales y ríos. 

El poder de las transnacionales y la política gubernamental de entrega de la soberanía nacional, hundió la iniciativa y la convirtió en el proyecto de Ley 171 de 2008, que seguramente correrá la misma suerte del referendo.

Esta grave situación fue denunciada en el 2008 ante el Tribunal Permanente de los Pueblos. Estas fueron algunas de las denuncias, consideraciones y decisiones. 

En el sector de agua potable y de saneamiento básico se continúan privatizando las empresas. La precarización del sector es acrecentada por un componente de extrema gravedad, ya que el agua es un bien vital para la humanidad, circunstancia que por sí misma debería repeler cualquier idea de privatización. La situación revelada en la audiencia, a través de los testimonios y las pruebas documentales, confirma el riesgo para la humanidad con la entrega de los nacimientos de agua a las empresas privadas internacionales. La precarización del servicio fue denunciada repetidamente en varios procedimientos de personas oriundas de diversas regiones del país. En algunos casos, el agua es desviada de la población y destinada a las industrias, revelando un cruel criterio en la distribución de los servicios, basado exclusivamente en el lucro. Muy grave es también la estrategia de estigmatización de las poblaciones ancestrales que se oponen a las obras que afectan al medio ambiente, imputándoles, por parte de la empresa, la condición de guerrilleros, para así justificar el uso de la violencia contra estas poblaciones que reclaman justos derechos .

La irresponsabilidad de las empresas fue puesta en evidencia a partir de los efectos de su actuación sobre la salud de las personas. Fue denunciado con insistencia los efectos nocivos de la contaminación de los suelos y de acuíferos superficiales y subterráneos derivada de los procesos de producción de las empresas petroleras y mineras, ejemplo de ello es la destrucción de la Laguna Lipa en Arauca o la degradación del Río San Juan en el Chocó.

La falta de agua potable, los altos costos del servicio, el desempleo, la precarización de los ingresos de los trabajadores, la pobreza masiva incide directamente en la posibilidad de alimentación de tal manera que una gran parte de la población colombiana presenta altos grados de desnutrición y hambre. Millones de personas carecen de suficientes energías, proteínas y micronutrientes para satisfacer sus necesidades básicas de manutención, crecimiento y desarrollo corporal. 6 millones de colombianos, el 13% de los habitantes, soportan hambre severa y carecen de recursos necesarios para adquirir alimentos, según la FAO y el PMA, y otros 5 millones tienen un alto grado de desnutrición; especialmente vulnerables son los niños que alcanzan 2,5 millones.
Se señaló la práctica de SUEZ - AGUAS DE BARCELONA de presionar capas del Estado para conseguir la subvaloración de las empresas públicas de suministro de agua, logrando la posterior adquisición de dichas empresas públicas a bajo costo y mediante préstamos de parte del Banco Interamericano de Desarrollo –BID- y el Banco Mundial, préstamos avalados por el gobierno colombiano y pagados por la población usuaria mediante el aumento del impuesto predial.

La destrucción de cultivos, de la pesca y del ganado a causa de la fumigación indiscriminada ha afectado gravemente a 105 territorios indígenas. La acusación de la comunidad Awa sobre fumigaciones ha señalado que la aspersión aérea no discrimina entre cultivos lícitos e ilícitos. En efecto, según los propios datos de la página web del Ministerio de Defensa  colombiano, surge que entre los años 1999 y 2006 se fumigaron con químicos 910.049 Hs en Colombia. El agroquímico utilizado es a esos efectos el Rand Up, cuyo agente químico es el Glifosato elaborado por la transnacional MONSANTO. Pero lo que es más significativo: la fumigación, con frecuencia no se dirige contra los cultivos ilícitos, cuyo control está en poder de los sectores más poderosos del país; prueba de ello es el incremento de la producción ilícita de coca. Esta grave situación ha causado numerosos casos de muerte y enfermedad como parte de los efectos de las prácticas de fumigación indiscriminada llevadas a cabo por la empresa DYNCORP, con productos fabricados por MONSANTO, que contaminan suelos, aguas y cultivos.

Las prácticas reiteradas de NESTLÉ por la contaminación de las aguas de los ríos Bugalagrande y Guatapuri, por vertimientos de hidrocarburos y químicos (residuos de soda y acido fosfórico), materia fecal y residuos de café, fue nuevamente presentada ante el mundo.

La política de expansión intensiva de la palma africana planteada como monocultivo industrial conlleva la deforestación, la destrucción de selvas tropicales, la extinción de cientos de especies y por ende a la destrucción de ciclos hidrológicos. El mismo efecto está produciendo la expansión de la explotación petrolera y minera y la fumigación de reservas ecológicas o parques nacionales naturales. Las empresas Multifruits, Urapalma, Maderas del Darién, Occidental Petroleum – OXI-, Repsol, BP, BHP Billiton, Drummond, entre otras, generan esta grave situación.    

En el curso de la audiencia sobre servicios públicos el jurado vio imágenes fílmicas de la brutalidad policial para acallar la protesta de los trabajadores de Aguas de Cartagena, filial de la transnacional Aguas de Barcelona, quienes reclaman contra la desconexión de los usuarios y contra los altos costos de las tarifas.

A la empresa CANAL ISABEL II y su filial METROAGUA, se le acusó de violar los derechos de acceso al agua y a los servicios sanitarios, así como los derechos a la salud y a la vida humana.

Finalmente el Tribunal Permanente de los Pueblos juzgo y condenó entre otras a las transnacionales antes mencionadas,  por el impacto de sus políticas en la salud, el medio ambiente,  la alimentación y los derechos de sus trabajadores y de la población que habita en las zonas de explotación de los recursos y al estado colombiano por la permisividad para que estos hechos se cometieran, al igual que a los gobiernos de las casas matrices de las empresas por no tomar las medidas necesarias que condujeran al respeto a los derechos de los pueblos.

Este es un panorama muy preocupante, especialmente para las futuras generaciones, ya que con el nuevo gobierno continuarán las privatizaciones, avanzarán con el plan nacional de aguas, se profundizará el empobrecimiento de la población y la represión y guerra seguirá siendo parte del diario vivir del pueblo colombiano. Todo esto garantizado con el proceso de militarización de los nacimientos de agua, especialmente con Batallones de Alta montaña para facilitar la extracción indebida del recurso a través del terror y la muerte para el usufructo de las transnacionales.

Es urgente ajustar nuestros planes, fortalecer nuestras luchas y avanzar en la unidad de nuestros proyectos para implementar e incrementar la protesta social contra las altas tarifas, rechazar la política de desconexión del servicio  desconectados, fortalecer el Comité Nacional de defensa del Agua y de la Vida al cual se encuentran integradas unas mil organizaciones sociales de diferentes sectores sociales, denunciar e impedir las privatización y los planes nacional y departamentales de agua, promover los acueductos comunitarios y luchar por los derechos de los trabajadores y de los pueblos impactados por la política de las transnacionales.

Avanzar en la campaña ¡Contra la guerra de las transnacionales! soberanía, democracia, paz y bienestar para los colombianos, requiere colocar la lucha por el acceso al agua potable como un derecho humano fundamental en primera línea.

Dirección Nacional Sinaltrainal
Para la Espinita, organo informativo de la Casa de los trabajadores y trabajadoras de flores.