SENTENCIA DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ SOBRE LOS ACTOS DE AGRESIÓN DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS CONTRA EL PUEBLO Y EL GOBIERNO DE CUBA.
El Tribunal Internacional Benito Juárez se reunió en la Delegación Coyoacán, Distrito Federal, de la República Mexicana los días 25, 26 y 27 de abril de 2005, estando constituidos por once jueces: Francois Houtart (Bélgica), como Presidente, James Crockcroft (Estados Unidos) como Vicepresidente, Ifigenia Martínez (México) como Vicepresidenta, Olga Miranda Bravo (Cuba), Guillermo Almeyra (Argentina), Juan Bañuelos (México), Alfonso Sastre (Estado Español), Eva Forest (Estado Español), Hebe de Bonafini (Argentina), Miguel Concha (México) y Jorge Turner (Panamá). El Fiscal fue Enrique González Ruiz (México) y el Fiscal coadyuvante José Luis Toledo Santander (Cuba). El defensor de oficio, al no presentarse ninguno por la parte acusada fue, Sergio Romero Ramírez (México).
De todo lo aportado como pruebas durante las sesiones de este Tribunal se ha podido establecer que los actos de agresión del Gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo y el Gobierno de Cuba desde el triunfo de la Revolución en 1959 se ubicaron en un amplio abanico de sectores: políticos, militares, económicos y culturales, utilizando incluso medios violentos, agresiones biológicas, e intentos de asesinar a líderes del proceso revolucionario.
Se presenta síntesis de lo comprobado por este Tribunal en la exposición de los siguientes hechos:
1- El Gobierno de los Estados Unidos comenzó sus agresiones políticas con la operación conocida como El Primer Programa Cuba, aprobada por el Presidente de ese país, Dwight Eisenwoher y que culminara con la invasión militar al territorio cubano por Bahía de Cochinos en 1961.
En sólo seis meses, en el período comprendido entre Octubre de 1960 y Abril de 1961, la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) introdujo en Cuba, con el fin de subvertir el orden interno, 75 toneladas de explosivos en 30 misiones clandestinas aéreas y 45,5 toneladas de armas y explosivos en 31 infiltraciones marítimas. Se realizaron durante este período 110 atentados dinamiteros, se colocaron 200 bombas, se descarrilaron 6 trenes, se provocaron 150 incendios en fábricas y 800 incendios en plantaciones y, se paralizó por una semana el funcionamiento de la Refinería de combustible de Santiago de Cuba.
La política de terror, fundamentada en el Programa citado, tuvo su origen en el verano de 1959, algunas semanas después de que el Gobierno Cubano pusiera en vigor la Ley de Reforma Agraria, el 17 de Mayo del mismo año. Esta política de terror se extiende hasta la actualidad. Como consecuencia, 3478 cubanos han perdido la vida y 2099 han quedado discapacitados. Se comprobó en el juicio que de 1959 a 1997 se han ejecutado contra Cuba 804 actos de terrorismo. De ellos, 78 fueron bombardeos contra la población entre 1959 y 1968, ejecutados por aeronaves provenientes de Estados Unidos que ocasionaron 14 muertos y 75 heridos. También desde el primer año de la Revolución hasta el 2003 se han cometido intentos de secuestro y secuestros a 61 aeronaves y, entre 1961y 1996 se realizaron 58 ataques desde naves marítimas contra 67 objetivos económicos y contra la ciudadanía.
Por otra parte, el Gobierno de los Estados Unidos, a través de la CIA dirigió y apoyó logísticamente a 299 grupos de bandidos en la Sierra del Escambray, integrados por 3995 individuos que ocasionaron entre los campesinos residentes en estas zonas 549 asesinatos y miles de heridos, siendo de significar el asesinato de jóvenes integrantes de la Campaña de Alfabetización.
2- Dentro de las múltiples agresiones contra la población civil cubana tiene especial relevancia la agresión biológica. Este tipo de agresión comenzó a emplearse durante la Administración del Presidente Richard Nixon. Con el apoyo tácito de la CIA, agentes ligados a grupos radicados en Estados Unidos, introdujeron en Cuba el virus de la fiebre porcina africana en 1971, lo que obligó a las autoridades sanitarias cubanas a sacrificar quinientos mil cerdos a fin de evitar una epidemia de proporciones nacionales. Otra forma de esta agresión biológica fue le epidemia del dengue hemorrágico, que alcanzó la cifra de 344 203 personas infectadas, dándose el caso verdaderamente récord de, 11 400 enfermos reportadas en un solo día, el 6 de julio de 1982. Un total de 116 143 enfermos fueron hospitalizados, alrededor de 24 000 pacientes sufrieron hemorragias, 10 224 sufrieron shocks y 158 personas fallecieron como consecuencia de la epidemia, de ellas, 101 eran niños.
3- Transgrediendo los principios de: libertad del intercambio comercial y la transportación internacional, de prohibición de utilizar medidas de coerción económica y, los que prescriben el derecho al libre acceso de la población civil de un país a los alimentos y las medicinas, los Estados Unidos desde 1962, ha instaurado un bloqueo económico, comercial, financiero y tecnológico contra la nación cubana. Con ello se le privó de su más cercano y competitivo mercado, lo que junto con las presiones ejercidas por el Gobierno de los Estados Unidos a otros países de América Latina para aislarla completamente de los mercados más próximos de la región, obligó al país a reubicar de manera muy rápida la totalidad de su comercio exterior a grandes distancias. Cuba se enfrenta así a la búsqueda de nuevos mercados para los productos de exportación y de nuevas fuentes de suministro, teniendo que adaptarse a otros parámetros comerciales y de consumo, y así además, asumir el pago de precios que resultaron mucho más elevados que los productos tradicionalmente adquiridos en el mercado estadounidense. También se vio en la necesidad de resolver la urgente necesidad de encontrar otras fuentes crediticias alternativas.
El comercio y la colaboración de la isla se llevó a cabo principalmente con los países del bloque socialista europeo, en particular con la URSS, y la política social aplicada por la Revolución ponía un acento especial en la atención a los sectores más desvalidos, lo cual atenuó en alguna medida los efectos del bloqueo, pero de todas maneras, la aplicación sostenida e interrumpida de esta política por parte de los Estados Unidos ocasionó significativas pérdidas a la economía y restó posibilidades al desarrollo económico y social de Cuba y en el nivel de vida de la población.
4- La desintegración del socialismo europeo y de la URSS, y con ello la desaparición de la colaboración con Cuba, afectó seriamente la economía cubana que debió nuevamente rehacer en un breve lapso de tiempo sus relaciones económicas internacionales y depender exclusivamente de sus propias fuerzas. Como consecuencia inmediata de estos acontecimientos, la economía cubana redujo su capacidad de importación en más del 73 % y desaparecieron casi totalmente sus fuentes de financiamiento. Esta coyuntura la aprovechó el Gobierno de Estados Unidos para reforzar su política de bloqueo con la Ley Torricelli y luego con la Ley Helms-Burton, dando esta última, una proyección extraterritorial a su aplicación al establecer fuertes sanciones a empresas de terceros países que realizan negocios con Cuba.
Esta política de bloqueo económico, comercial, financiero y tecnológico ha sido condenada sucesivamente por la Asamblea General de la ONU, llamando al Gobierno de los Estados Unidos a terminar con este proceder ilegal e ilegítimo, llamamiento al que ha hecho caso omiso durante todos estos años. Esta política, que pretende doblegar y vencer al pueblo cubano por hambre, por carecer de medicinas y otros elementos esenciales para su subsistencia, le hace derivar en una forma de genocidio contra la población cubana.
Como consecuencia de esto se calcula que la economía cubana ha sufrido una afectación hasta el año 2003 de aproximadamente 79 325.2 millones de dólares. Estas cifras corresponden a una pérdida de ingresos por exportaciones y servicios de 36 225.4 millones de dólares; de reubicación geográfica del comercio de 18 049.70 millones de dólares; de afectaciones a la producción y los servicios de 2847.5 millones de dólares; de bloqueo tecnológico de 8265.4 millones de dólares; de afectaciones a los servicios de la población de 1546.3 millones de dólares; de afectaciones monetario-financieras de 8348.5 millones de dólares y de, incitación a la inmigración y fuga de talentos de 4043.9 millones de dólares.
5- Como parte de esta política de bloqueo, el Gobierno de los Estados Unidos ha venido instrumentando una serie de Leyes contra Cuba. Pueden citarse 16 normas legislativas, entre ellas, la Ley Pública 86-592 aprobada en Marzo de 1960 que otorgó al Presidente de Estados Unidos la Facultad de determinar la cuota azucarera privando a la isla de ella.
La Ley de Asistencia Exterior de 1961 que otorgó al Presidente de Estados Unidos la autoridad para “establecer y mantener un embargo total sobre el comercio entre Estados Unidos y Cuba sin establecer condicionamiento alguno para ello”. También prevé que no se concediera asistencia alguna al Gobierno de Cuba o a cualquier otro país que le brinde colaboración.
La Proclama Presidencial 3447 emitida por John Kennedy el 6 de Febrero de 1962 que decretó un bloqueo generalizado sobre todo el comercio de Cuba, logrando así englobar todas las medidas que se habían venido adoptando en su contra desde 1959.
La Ley de Comercio con el Enemigo de 1967 que confiere al Presidente de Estados Unidos la autoridad para todo tipo de prohibiciones contra Cuba: impedir transacciones financieras, congelar los activos cubanos, prohibir la concesión de servicios y regular la conducta de personas con respecto a Cuba, en tanto sean nacionales de Estados Unidos o personas sujetas a su jurisdicción.
Las regulaciones para el Control de Activos Cubanos emitidas en 3 de junio de 1963 que establecen las reglas para el control de estos activos, facultando al Departamento del Tesoro para imponer penalidades en caso de violación que pueden llegar hasta prisión por 10 años; multas; y adicionalmente, confiscar las propiedades involucradas. Entre estas regulaciones está el congelamiento de todos los valores cubanos en Estados Unidos, la prohibición de pagos a crédito, la prohibición de los viajes hacia Cuba para ciudadanos estadounidenses y desde Cuba hacia Estados Unidos por ciudadanos cubanos, con excepción, de los autorizados por el Gobierno de Estados Unidos y, la prohibición de publicar aportes académicos cubanos en este país norteño.
Se llega así a las Leyes Torricelli y Helms-Burton. La primera, aprobada en Octubre de 1962, prohíbe el comercio de los subsidiarios de compañías de Estados Unidos establecidos en terceros países con Cuba; prohíbe a los barcos de cualquier bandera que toquen puerto cubano que posteriormente ingresen a puertos de Estados Unidos o de sus posesiones durante los 180 días siguientes a su estadía en la isla; y, autoriza al Presidente de Estados Unidos a sancionar a aquellos países que soliciten ayuda a Cuba.
La segunda Ley, que se aprobó en Marzo de 1966, codificó todas las medidas económicas, comerciales y financieras adoptadas anteriormente contra Cuba por la mesa directiva del Gobierno, convirtiéndolas en Ley y modificando incluso toda la estructura legal del bloqueo. Los siguientes son los ejes principales de esta Ley: cortar el flujo de inversiones extranjeras hacia Cuba, obligando al resto de los países del mundo a sumarse al bloqueo contra Cuba; y establecer un plan para la liquidación de la nación cubana.
6- En la continua agresión del Gobierno de Estados Unidos contra Cuba, la cuestión migratoria ha sido una de las armas más empleadas desde el 1º de enero de 1959, cuando acogió y dio refugio a los prófugos del Batistato hasta el día de hoy, para legalizar el status de aquéllos y convertir el tema migratorio en herramienta permanente de desestabilización. En 1966 fue promulgada la Ley de Ajuste Cubano, mediante la cual Estados Unidos admite a todos los cubanos que hayan llegado ilegalmente a partir del 1º de enero de 1959 y les concede la residencia legal y la posibilidad de trabajar en ese país. A pesar de los acuerdos migratorios firmados entre los dos países, esta Ley constituye un elemento de desestabilización y de incitación al flujo migratorio ilegal siendo además un arma inmoral.
7- La política agresiva del Gobierno de Estados Unidos sobre Cuba mantiene una línea de continuidad histórica, que se propone eliminar la Revolución de ese país. Para ello, no han dudado en emplear todo género de acciones que comprenden:
a) Guerra económica, comercial y financiera.
b) Subversión política, financiando a personas y tratando de crear una quinta columna dentro de la isla.
c) Guerra psicológica, mediante sistemáticas campañas de propaganda contra la Revolución Cubana.
d) Guerra radioelectrónica, invadiendo el espacio correspondiente de Cuba.
e) Agresiones armadas y acciones encubiertas.
f) Robo de cerebros.
g) Estímulos a la migración ilegal.
8- En esta obsesión contra la Revolución Cubana, Estados Unidos, a pesar de haberse declarado líder mundial de la lucha contra el terrorismo y que su actual Presidente consideró inadmisible que algún país proteja a personas calificadas como terroristas, cobija y da abrigo en su territorio a reconocidos y confesos terroristas.
9- Si bien con anterioridad a la actual administración se pretendía encubrir, ocultar y clasificar los documentos y decretos donde se trataban las estrategias contra Cuba o, en la versión pública de los documentos se utilizaban fórmulas que no dejaban ver la real intención de sus autores; en el 2004, se aprobó por el Gobierno de Estados Unidos, el informe presentado por la “Comisión para asistir a una Cuba Libre”, encargado por el Presidente George W. Bush a este grupo de trabajo, presidido por el entonces Secretario de Estado Colin Powel. El propósito bien identificado del nuevo Plan es de “identificar medios adecuados para poner fin rápidamente al régimen cubano” y al constituirse la Comisión expresó que: “no estaban esperando” simplemente por la caída del Gobierno sino que “estaban trabajando ya” por el logro de ese objetivo, para lo cual destinarían 59 millones de dólares en los próximos años.
El texto, que consta con más de 450 páginas, consiste en el Plan que se traza el actual Gobierno de los Estados Unidos destinado a privar a Cuba de su independencia y soberanía, mediante la intensificación de la agresión económica y política para provocar la desestabilización interna y la intervención militar directa. Su objetivo estratégico es destruir la Revolución Cubana, lograr la restauración del capitalismo y perpetuar la completa dominación de los Estados Unidos sobre Cuba.
En sus capítulos se destaca la búsqueda de un “cambio de régimen” con una política más activa, integrada y disciplinada, para socavar las estrategias de sobrevivencia del sistema político cubano actual y fomentar acciones que aceleren su fin.
Se identifican tareas internacionales que tiene como componentes principales el desarrollo de la actividad subversiva dentro de la isla, el fortalecimiento de la llamada “oposición” mediante su promoción, entrenamiento y financiamiento, así como un aumento sustancial de los fondos que para esos fines entrega a sus agentes. Además, refiere como es necesario impedir la aplicación de la fórmula de sustitución en la dirección del Estado que prevé la Constitución de la República de Cuba, que se debe intensificar el bloqueo para evitar la entrada de divisas, que deben desarrollar nuevos métodos para la realización de transmisiones ilegales, organizar una amplia campaña de información en el exterior y fomentar así el aislamiento internacional del régimen cubano.
Por otro lado también plantean, privatizar los servicios públicos como la salud, la educación y eliminar los sistemas de seguridad social, privatizar la economía, quitarle las viviendas y las tierras a los cubanos para devolverlas a los antiguos explotadores, y, conformar una policía que su función principal este orientada a mantener el orden impuesto.
Todo ello bajo la atención y orientación directa del Gobierno de los Estados Unidos, y del llamado “Coordinador de la Transición” que aquél designaría a tales efectos.
Por último, el Plan impone limitantes de los viajes e intercambios entre los cubanos residentes en los Estados Unidos y los de la isla, arrogándose la facultad de definir los vínculos familiares.
POR TANTO: En uso de las facultades morales que este Tribunal ostenta ante la Sociedad Civil Internacional para juzgar moralmente la política del Gobierno Estadounidense en relación con el pueblo y el Gobierno de Cuba. El Tribunal Internacional Benito Juárez,
SENTENCIA
Que tras escuchar con atención la acusación de la Fiscalía, los alegatos de la Defensoría de Oficio, las declaraciones de los testigos, haber analizado los documentos sometidos a su consideración, así como, las proyecciones fílmicas, el Tribunal considera probados todos los cargos que se formularon al acusado, concluyendo que todas sus actuaciones constituyen GENOCIDIO, y por lo tanto lo condena sin género de duda.
Sobre la base de lo anterior, el Tribunal declara al Gobierno de los Estados Unidos responsable de mantener desde hace cerca de 50 años una política de hostilidad y agresión hacia el pueblo cubano. Esta política hostil se ha manifestado en múltiples formas, desde la realización de actos de terror, hasta la aplicación de un bloqueo económico, comercial y financiero, que priva al pueblo cubano de elementos necesarios para su subsistencia y desarrollo. Este proceder está en clara violación de los principios consagrados en la Carta Magna de las Naciones Unidas referente a la autodeterminación de los pueblos y contradice también los principios de la Organización de Estados Americanos, constituyendo una virtual declaración de guerra.
El Tribunal exhorta al pueblo de Estados Unidos a impedir la actitud agresiva de su Gobierno contra Cuba y demás países del orbe, a repudiar las actitudes unilaterales que amenazan el orden internacional, y violan los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.
Así mismo, el Tribunal convoca a todos los Gobiernos del mundo a mantener y reforzar las relaciones de amistad, culturales, económicas y diplomáticas con Cuba.
En particular, este Tribunal condena la ocupación ilegítima de 177 km. cuadrados de la Base Naval de Guantánamo que constituye un peligro para la paz mundial.
Por último, este Tribunal decide remitir esta sentencia a los siguientes organismos internacionales para que conozcan los criterios aquí expuestos: a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Secretaría de la Organización de Estados Americanos y a la organización Amnistía Internacional.
Dado en Coyoacán, Ciudad de México, a los 27 días del mes de abril de 2005.
Suscribimos:
Francois Houtart. Presidente
James Crockcroft Vicepresidente
Ifigenia Martínez Vicepresidenta
Olga Miranda Bravo
Guillermo Almeyra
Juan Bañuelos
Alfonso Sastre
Eva Forest
Hebe de Bonafini
Miguel Concha
Jorge Turner
Más información: http://www.tribunalbenitojuarez.info/documentos/sentencia.htm