Audiencia sobre genocidio indígena

ETNOCIDIO – destrucción de las comunidades indígenas y de sus territorios ancestrales

El territorio ancestral abarcaba no solamente el santuario del Lipa, sino un área mucho más amplia, constituida por los territorios de los municipios  de Arauca, Puerto Rondón, Cravo Norte, Tame y Arauquita.

Como ejemplos tenemos los casos del homicidio del menor ÁLVARO LÓPEZ BOKOTA por parte del Ejército, en la vereda de Campo Oscuro - Saravena, enero 3 de 1999; también hirieron a SAMUEL RAMÍREZ CHIVARAQUÍA y retuvieron al menor GERMÁN LIZARAZO PÉREZ; allanamiento ilegal de la casa indígena por parte de la Policía Nacional, en el mes de mayo de 2007; homicidio de ÁLVARO SALÓN, en el resguardo Chaparral Barro Negro.

LOS U’WA BAJO AMENAZA

El Pueblo U’wa es una etnia ancestral colombiana ubicada al nororiente del país, en los departamentos de Boyacá, Santander, Norte de Santander, Arauca y Casanare.

La compañía estadounidense Occidental de Colombia empezó en el año 1992 los trámites para obtener del Estado colombiano las licencias necesarias para llevar a cabo la exploración y extracción de petróleo en un área dentro de la cual existía un resguardo, una reserva y territorios tradicionales del pueblo U’wa. La licencia ambiental la expidió el Ministerio del Medio Ambiente el 3 de febrero de 1995, permitiendo así trabajos de prospección sísmica.
 
Fue así como se ha establecido en la región  cinco proyectos petroleros con los cuales se busca el exterminio étnico  – Caño Limón, Capachos, Mundo Nuevo, Siriri y  Catleya – todos  ubicados  en  territorio indígena, quienes están  siendo  mutilado por el gobierno colombiano con el fin de excluirlos y despojarlos de nuestras  tierras de los resguardos  legalmente constituidos para permitir la actividad de explotación de las transnacionales. Los contratos firmados entre ECOPETROL y las transnacionales OXY y Repsol para llevar a cabo estas exploraciones y explotaciones han tenido un carácter secreto, cosa que la comunidad ha denunciado reiteradamente.

A raíz del otorgamiento de la referida licencia ambiental, las denuncias de los indígenas por los trabajos de prospección realizados y anticipados en áreas que hacían parte de su territorio tradicional, empezaron a llegar a las oficinas de las autoridades competentes. Como consecuencia de no ser escuchados, los miembros de la comunidad llegaron al punto extremo de decidirse por un  suicidio colectivo, pues preferían ofrecer sus vidas como un acto simbólico y político de defensa del su territorio.

Respecto de la exploración del bloque Catleya, localizado entre los departamentos de Arauca y Boyacá, el pueblo U'wa no aceptó el remedo de consulta previa, pues lo consideraron sólo un ejercicio informativo sobre la ejecución del proyecto, que llevaría a legitimar el despojo que hace el gobierno de nuestro territorio.

Consulta previa

En cuanto al supuesto proceso de consulta previa, se cometieron varias irregularidades, todas ellas orientadas hacia el objetivo de reunir los requisitos legales para la explotación petrolera.

Así, desde el inicio, el gobierno dividió a la comunidad, desarrollando diálogos paralelos con las dos organizaciones  que agrupan a sus miembros (ASOU’WA y ASCATIDAR), desinformando a sus representantes y tergiversando las posiciones de unos y otros. Frente a esta estrategia, nosotros hemos insistido en que somos una  sola cultura, un solo territorio, un solo  derecho histórico milenario, un solo sistema de gobierno interno, un solo pueblo.

Respecto al proceso llevada a cabo con ASCATIDAR, el gobierno aseguró que los actores estaban en igualdad de condiciones, capacidades y derechos, lo cual se constituye en un absurdo, si se tiene en cuenta que los U’wa no participamos con asesores (abogados, ingenieros de petroleros, geólogos, antropólogos,  biólogos, sociólogos, economistas, etc.) que tuvieran la formación técnica y la información suficiente y que además representaran los intereses de la cultura  U’wa. Por el contrario, el Estado auspició la participación de profesionales externos, contratados y financiados por ellos mismos, a través de ECOPETROL.

El gobierno capacitó a algunos indígenas y dio dinero a los líderes, no para garantizar la igualdad de condiciones, capacidades y  derechos, como lo manifiesta en su informe ante la CIDH, sino  para facilitar  su ingreso a las comunidades indígenas  desarrollando  el “trabajo social” en favor del proyecto. Además es ingenuo, ilusorio  y mentiroso afirmar que estos facilitadores capacitados (indígenas) tuvieron igualdad de condiciones, en cuento a conocimiento específico del proyecto y sus impactos reales cuando los funcionarios que representaron al gobierno han contado  con más de   20 años de estudios, en escuelas, colegios, posgrados  y PHD en las universidades de Colombia y de otros países, y los indígenas con unos simples talleres donde prima  los refrigerios de gaseosas y panes y almuerzos con carne.

En estos términos, la consulta previa es un proceso de eutanasia cultural, es decir, el Estado busca es que los  U’wa tomemos la decisión oficial de suicidio colectivo pero no como lo presentamos en el año 1996, sino a través de sus mecanismos legales, aceptando tácitamente la explotación del petróleo y, por ende, la invasión y destrucción de nuestro territorio ancestral.

Fue así como se hizo ejercicio de uno de los mecanismos que ha establecido la constitución colombiana para defender los derechos fundamentales: se instauró, por parte del Defensor del Pueblo, una tutela en contra de la OXY y del Ministerio del Medio Ambiente por otorgar la licencia ambiental, haciendo énfasis en la falta de una consulta previa adecuada con el pueblo U’wa sobre el proyecto, siendo éste uno de los requisitos que forman parte de los procedimientos para obtener dicha licencia.

El fallo que emitió el Tribunal Superior de Bogotá respecto de este asunto, fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia, lo cual generó un conflicto jurídico con el Consejo de Estado, pues éste último declaró que OXY tenía licencia  para entrar al territorio U’wa y que sí había cumplido con el requisito de la consulta previa.

Independientemente de la situación judicial, a la larga desfavorable para el pueblo U’wa, continuamos con el  frente de resistencia sociocultural, por lo que el conflicto desbordó el ámbito jurídico  y se  transformó en un asunto político  que tiene de por medio aspectos culturales  y sociales fundamentales para la supervivencia de nuestra comunidad, entendida como el conjunto de tradiciones ancestrales, cultura y territorio.

En abril de 1997 la Asociación de Cabildos Mayores del Pueblo U’wa, la Organización  Nacional Indígena de Colombia (ONIC)  y la “Coalition for Amazonian Peoples and their Enviroment” presentaron la denuncia del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con base en la violación, por parte del Estado, de su obligación de realizar una consulta previa y de implementar las medidas necesarias  para  proteger la integridad personal, cultural, económica y medioambiental de los U’wa. Se alega que cualquier exploración petrolera en los territorios ancestrales indígenas perjudicaría gravemente su cultura, religión, costumbres ancestrales y territorio.

En el marco de este caso, se conformó un equipo con el fin de realizar un estudio in situ del conflicto, conformado entre la OEA y la Universidad de HARVARD. El resultado de este estudio fue que el Caso Samoré era un conflicto que trascendía escenarios nacionales, creando impactos sobre la política de inversión petrolera del gobierno colombiano y riesgos a las garantías constitucionales  de los grupos indígenas.

Del mismo se generaron recomendaciones en el sentido de suspender la ejecución de los planes de exploración o explotación de petróleo dentro del Bloque Samoré, la normalización del proceso para la ampliación del resguardo U’wa, el reconocimiento  y respeto para el sistema U’wa de autoridad  y liderazgo, la concreción de un proceso de consulta bajo la responsabilidad del gobierno colombiano (con previa preparación y asistencia técnica para los U’wa), entre otras.

UNA CRONOLOGÍA DE RESISTENCIA

El 6 de agosto de 1999, mediante la resolución No. 056 el extinto INCORA amplió, en favor de nuestra comunidad, el actual Resguardo Indígena Unido U’wa en un área de 220.275 hectáreas, ubicadas en los departamentos de Boyacá, Santander y Norte de Santander.

El 21 de septiembre del mismo año, el Ministerio de Medio Ambiente, expidió la  Resolución No. 0788, por medio de la cual se otorgo Licencia Ambiental a la Occidental de  Colombia Inc., para adelantar exploración petrolera en Gibraltar 1, en la vereda  Cedeño,  Corregimiento de Gibraltar, municipio de Toledo, Norte de Santander y sobre predios de propiedad de la comunidad U’wa.

Frente a la protesta pacífica del Pueblo en contra del proyecto petrolero Gibraltar 1 ubicado en  nuestras propiedades de Santa Rita y Bella Vista en la vereda Cedeño, Municipio de Toledo, Norte de Santander, el  25 de enero de 2000, la comunidad U’wa fue desalojada por parte de la policía antimotín del Norte de Santander, con apoyo de la Corregidora Especial Ad Hoc, de manera violenta y en  helicóptero llevados a la Estación de bombeo de Samoré.  Para recuperar la posesión se interpuso acción de tutela por vías de hecho, respecto de la cual el Tribunal Superior de Pamplona se obtuvo sentencia favorable.

El  segundo desalojo  lo adelanto la policía antimotín el 27 de enero de 2000, en la vereda La China.

El  tercer desalojo  lo adelanto la policía  antimotín  del Norte de Santander,  el 11 de febrero de 2000  en dos sitios diferentes, La China y el paso Las  Canoas, en este último sitio  mueren ahogados dos niños indígenas Kenowia Bocota de cuatro (4) años, un niño Guhaibo  (etnia  Sikuani), a causa de la represión violenta que buscaba atacar la protesta legítima de la comunidad en contra de la explotación petrolera.

El INCORA mediante la  Resolución No. 027 del 11 de septiembre de 2000 constituyo una reserva petrolera a  favor de ECOPETROL  sobre  propiedades colectivas del pueblo U’wa y de propiedad privada de colonos, esta decisión administrativa fue demandada por el  Pueblo U’wa, pero hasta la fecha el  Consejo de  Estado no ha tomado decisión definitiva.

Frente a estas injusticias el  Pueblo U’wa, solicitó apoyo a los sectores sociales del departamento de Arauca, Cubará, Boyacá y Toledo, además de la visita de una misión internacional al territorio U’wa, con el fin de acompañar la lucha por la defensa de la vida, la cultura, el medio ambiente y los derechos humanos.

El cuarto desalojo ocurrió entre el 24 y el 26 de junio de 2000  en el perímetro de urbano  del municipio de Cubará. Indígenas y campesinos fueron  objeto de maltrato físico y verbal por parte de la policía antimotín y el ejército nacional. 30 de los manifestantes fueron llevados en helicóptero a la ciudad de Arauca y judicializados, señalados  como integrantes de la guerrilla del ELN. Se presentó la propuesta, por parte del gobierno nacional, de dejarlos libres si los U’wa accedíamos a levantar la protesta pacífica y así ocurrió.

En el año 2002, como consecuencia del perfil internacional que obtuvo el conflicto entre las comunidades indígenas y la OXY, se empezó a implementar una nueva estrategia que consistió en aislar la deteriorada imagen de la transnacional e introducir a la empresa estatal ECOPETROL, como una representación simbólica de los supuestos intereses de la nación, respecto de la explotación de los recursos naturales.

De tal forma, en 2004, ECOPETROL inicia actividades de exploración petrolera en Gibraltar 2 y trabajos de sísmica en la línea SARARE 2D interviniendo y afectando territorio  U’wa.

En mayo del 2005 nos opusimos radicalmente al proyecto Siriri-Catleya declarando que nuestro territorio no estaba en venta ni en negociación. La respuesta del Estado fue declarar que la ley no otorgaba facultades a los pueblos indígenas para vetar ningún proyecto relacionado con el “interés general”: de esta forma se desnaturalizó el conflicto de la expoliación de nuestros recursos, mostrándolo como una contraposición de los intereses de una pequeña comunidad indígena, con los de toda una nación.

Además de las vías de hecho mencionadas, el Estado ha recurrido a sus armas legales, para utilizarlas en contra del pueblo U’wa. Fue así como se expidieron el actual código de minas, el estatuto de desarrollo rural y la Ley forestal, en evidente beneficio de los intereses de las empresas transnacionales que saquean los recursos naturales en todo el país.

En el mismo sentido, el Estado ha llegado al punto de desconocer el concepto occidental capitalista de la propiedad privada, al no reconocer los títulos coloniales de los resguardos indígenas otorgados por la corona española hace más de tres siglos.
 
Frente al inicio de los proyectos Gibraltar 1, luego Gibraltar 2 y ahora 3 el gobierno alega no estar obligado a adelantar la consulta previa porque supuestamente no se encuentran ubicados en territorio U’wa, lo cual, como se ha referido anteriormente, no obedece a la realidad.

Según el estudio realizado por Terry Kart, “el desarrollo de la explotación petrolera en el bloque Samoré:

• Agravará la profunda crisis política y económica en la que se encuentra sumergido el país;

• Aumentará la violencia y desorden social, en especial en la región circundante al territorio U’wa, expandiendo y prolongando el conflicto interno colombiano;

• Destruirá la tierra y medios de subsistencia del pueblo U’wa;

• Contribuirá a la destrucción del medio ambiente.”

Actualmente nuestro territorio sigue intervenido por las petroleras y la operación de éstas es apoyada por las fuerzas de seguridad del Estado, a través de una fuerte  militarización y estigmatización de los pobladores; la consigna es que cualquier persona es un peligro potencial para la infraestructura y las actividades de exploración y explotación petrolera.

Los U’wa de Boyacá, Santander,  Norte de Santander, Arauca y Casanare, no hemos cambiado la posición que desde 1992, es decir, seguimos rechazando  el proyecto petrolero y exigimos la cancelación de todo proyecto de exploración y explotación en nuestro territorio, porque el petróleo es sagrado como lo es el territorio.