Audiencia sobre genocidio indígena

Contexto regional Oriente

Los pueblos indígenas constituimos uno de los sectores más golpeados del país, debido a las diferencias culturales (en cuanto a la relación con el medio ambiente, la organización social, las prácticas educativas, curativas, la concepción del mundo, etc.), que plantea una estrategia de vida distinta y alternativa frente al proyecto hegemónico de “desarrollo” de la Sociedad dominante. Esta intolerancia se manifiesta en una dinámica de colonización interna que ha generado en algunos casos, procesos de suplantación de autoridades, impostación de costumbres, imposición de prácticas económicas y políticas diferentes y el aniquilamiento físico de los pueblos y/o comunidades. En términos generales la colonización se nos manifiesta en múltiples facetas.

No ajenos a esta realidad nacional ha sido el devenir de los pueblos indígenas que han poblado el territorio araucano, pueblos indígenas milenarios en estas tierras hemos desarrollado nuestras actividades propias económicas, políticas y culturales, bajo unas relaciones sociales diferentes, en armonía con la naturaleza, de la que nunca nos hemos considerado un elemento independiente, ni menos pensar que ésta es una mercancía que se usa e intercambia, por el contrario somos parte integral de este medio, de este mundo, y como pueblo existimos para cumplir con la “misión de garantizar el equilibrio de la vida”.

Los pueblos indígenas  U´wa y Sikuani hemos sido afectados por el “desarrollo” o crecimiento de la sociedad universal, pues desde la concepción del mundo hasta la cultura alimentaria que nos han diferenciado históricamente se han perdido paulatinamente, en muchos casos con la ayuda de la violencia ejercida en contra nuestra.

Esta situación se remonta a la época de la conquista española y más recientemente bajo el pretexto de proyectos de reforma agraria, con las que el estado nos ha puesto en confrontación a campesinos e indígenas por el interés de la tierra situación que racionalmente hemos ido resolviendo paralelo al desarrollo endógeno comunitario. Condiciones que son diferentes cuando se trata de confrontar las políticas de Estado y los intereses de las empresas transnacionales con respecto a la explotación de los recursos naturales, en este caso el petróleo.

De lo anterior, podemos hacer referencia con los contratos y negociaciones que ha desarrollado el Estado con las diferentes empresas trasnacionales, quienes han venido ignorado a los pueblos comunidades indígenas negándonos la participación, el derecho a ser escuchados, a tomar decisiones… su soberanía y autonomía. En los casos irregulares en donde se han acercado con nuestras comunidades, lo han hecho bajo metodologías amañadas que solo han permitido la manipulación, calumnias y el engaño. Por ello, los diferentes estudios que justifican y explican los impactos ambientales y socio-culturales nunca corresponden a la realidad sociocultural, ambiental y territorial, pues, son impuestos por la lógica y los intereses del mercado capitalista del gobierno y su hegemonía. Se convierte entonces la denuncia, la protesta y la resistencia cultural en un obstáculo en el desarrollo de sus planes.

Tenemos el Aniquilamiento del Pueblo Sikuani

El pueblo Sikuani al igual que las comunidades de la Orinoquía han sido producto de un desarrollo histórico ininterrumpido que lleva miles de años; los antepasados de la gente actual llegaron a las selvas y sabanas del Orinoco hace más de cinco mil años; se caracteriza por ser un poblador de un proceso ininterrumpido de miles de años de adaptación a su territorio. Este pueblo está compuesto por un gran número de grupos y subgrupos que habitan en la Orinoquía, se caracterizó por ser una familia lingüística que habitó gran parte de los llanos orientales de Colombia y Venezuela, de esta familia lingüística se derivan diferentes lenguas: el Sikuani, el Hitnú, Cuiba, y el Guayabero, y una amplia serie de variantes dialectales, de las que podemos incluir a los Macaguanes, Betoyes, Guahibos Playeros, Amorúa, Siripu y Chiricoa.

Por la ubicación geográfica de sus territorios ancestrales, estas comunidades  han sido de las más afectadas en el encuentro cultural con la cultura universal y capitalista, siendo responsabilidad plena del Estado colombiano y de las transnacionales. Del Estado, no solo por acción, ya que las políticas estatales han venido generaron una agresión permanente pues nuestros territorios han sido: uno, objeto de colonización dirigida, dos, sitios de exploración y explotación petrolera, sino además, por omisión ante la impunidad generada de parte del Estado en favor de las multinacionales que han actuado en nuestros territorios como el caso de la OXI en Arauca, quienes no se les obligó a realizar estudios sobre el impacto humano y cultural de sus actividades económica dentro del territorio de  nuestras comunidades, por el contrario, éstas comunidades fueron obligadas a abandonarlo, producto de las prohibiciones por parte de la fuerza pública bajo estrictas recomendaciones de la empresa por impedir el libre transito y permanencia en las zonas de explotación petrolera, generándose un proceso de desplazamiento forzado de las comunidades asentadas en las áreas estratégicas para desarrollarse el proyecto petrolero.

Si en un principio en nuestro departamento la usurpación de las tierras de los Sikuani fue inicialmente producto de estos planes nacionales de reforma, posteriormente fueron los intereses de las multinacionales petroleras, quienes se encargaron de determinar finalmente el aniquilamiento físico y cultural al desposeernos totalmente de nuestros lugares sagrados como fue el caso del área de Caño Limón y el “Santuario Sagrado la Laguna del Lipa”, como la mayor despensa alimenticia conformada por el resto de humedales que constituyen a este ecosistema: la  laguna La Perra, los ríos Arauca, Ele, Agua Limón, Cravo, Cinaruco, Cusay, Caranal y muchos otros caños y esteros. Dándose así la perdida total de nuestras tierras y lugares sagrados en donde reposan nuestra memoria cultural.

Aniquilamiento del Pueblo U’wa

Comunidad indígena a puertas de correr la misma suerte que corrieron nuestros hermanos Sikuani, dado la insistencia y el interés de la Occidental de Colombia, con la complicidad de los miembros del Parlamento Colombiano y los ministros de Minas y Energía y del Medio Ambiente, para apoderasen de nuestras tierras.

Como respuesta natural de un pueblo al que se le viola su soberanía y se pone en riesgo la vida de sus habitantes, la comunidad U´wa como pueblo respondió en forma inmediata y con el mayor ejemplo de autonomía, autoridad, dignidad y civismo cultural, reclamó ante el Estado colombiano y convocó la solidaridad de la comunidad regional, nacional e internacional, quienes en forma inmediata hicieron de nuestra causa la causa de todos.

Al igual, como responde el Estado Colombiano ante todo tipo de exigencia social y cultural, éste, en una muestra contundente de rechazo y negación hacia el otro, ignoró los espacios de encuentro intercultural, desconociendo documentos legales que demuestran que nuestras tierras están amparadas por cédulas reales otorgadas en el siglo XVII, y opto por la fuerza y la violencia como únicos mecanismo para resolver el problema. Nuevamente la muerte, la desaparición, los desalojos, la persecución y el maltrato físico fueron las prebendas a que tuvo oportunidad nuestras comunidades, líderes y autoridades tradicionales indígena. Quedando así demostrado por enésima vez que en la región el Estado Social de Derecho no existe, existe la fuerza y la represión estatal.

REFERENTE POLÍTICO Y ECONÓMICO

Petróleo “El júbilo de unos pocos… la desgracia de la mayoría”

Las multinacionales del petróleo hacia mucho tiempo le tenían puesto el ojo al oriente colombiano, especialmente a Arauca. La principal empresa multinacional en incursionar allí fue la Shell. Su presencia en la zona se remonta hacia 1937. Es así como A finales de los años treinta, el geólogo suizo Daniel Trompy, empleado de esta misma compañía, hizo exploraciones y perforaciones en los llanos orientales colombianos, sobre las cuales se apoyó para calcular certeramente que había grandes depósitos de crudo en dicho territorio. Pudo, además, situar los yacimientos realmente importantes.

Posterior a ello, en las décadas siguientes pasaron por la región muchas otras empresas explorando el territorio con resultados no muy positivos.

La dinámica mundial que toma el comercio y manejo del crudo por la OPEP, con respecto al abastecimiento y el control sobre una buena parte de las reservas del crudo, obliga a las multinacionales a buscar nuevas reservas y explotaciones en zonas de países que pudieran controlar a su antojo. Uno de los principales, donde podían actuar a sus anchas, era Colombia. Por lo tanto se vuelve un punto geoestratégico para la economía y la seguridad norteamericana cualquier rincón de Colombia que ofreciera hidrocarburos con resultados importantes.

Con el hallazgo de Caño Limón por parte de la Occidental, complementado después por el descubrimiento de Santiago de las Atalayas, efectuado por la British Petroleum en el Casanare, a mediados de la década del ochenta y principios de los noventa, no solo fue que el mayor y mejor negocio de explotación de petróleos en la región de la Orinoquía Colombina, sino que además, el principal proveedor de este hidrocarburo para Norte América. El descubrimiento de Caño Limón fue tan importante que posibilitó, entre 1980 y 1990, el sustancial incrementó de las reservas petroleras de Colombia. Estas saltaron de 550 a 1.820 millones de barriles. Consecuentemente, la producción en ese lapso también creció, triplicándose al pasar de 131.000 a 438.000 barriles diarios, los norteamericanos ya no solo estaban interesados en encontrar reservas sino que esta vez querían extraerlas del todo y a prisa.

El descubrimiento de Cusiana y Cupiaga reforzó las reservas probadas del país, que llegaron a ser de 2.500 millones de barriles a mediados de la década del noventa, mientras que la producción aumentaba en ese mismo lapso un 30%, pasando a 816.000 barriles por día. Han sido de tal magnitud las reservas de petróleo, que la masa de capital extranjero llegado a nuestro territorio entre 1983 y 1994, se concentró abrumadoramente en Caño Limón, Cusiana y Cupiaga, proyectos que recibieron casi toda la inversión de las multinacionales petroleras que operaban en el país.

Hoy la Occidental cuenta con cinco contratos de asociación con Ecopetrol. Además de contrato Cravo Norte, están los yacimientos de Rondón, Chipirón y Cosecha, situados en el departamento de Arauca, y en el campo La Cira Infantas, uno de los más antiguos y productivos del país, ubicado en Barrancabermeja, Santander.

Un tiempo después, el 21 de junio de 1.990, la sociedad Oxy-Shell informó a Ecopetrol el hallazgo de petróleo en el Campo Jiba, aledaño a Caño Limón. En total hay hoy, en el complejo petrolero, 225 pozos productores, 5 inyectores y 3 pozos observadores, de los que se extraen cerca de 100.000 barriles por día, abarcando el 16% de la producción nacional.

La importancia para el capital trasnacional y el estado sobre estos territorios persiste no solo por las garantías que ofrece el Estado colombiano, sino además por la magnitud de su contenido pues se afirman sus reservas como hallazgo gigantes pues cuenta con 1.300 millones de barriles en el caso de Caño Limón y por darse estos hallazgos en un momento en donde se confirma la escasez de este producto.

La extracción acelerada de crudo de los campos situados en los llanos orientales colombianos reforzó la doctrina de la seguridad energética predicada por los círculos de poder estadounidenses. Con ello se hace urgente el control político, militar y económico de la región por parte de los Estados Unidos.

Situación Actual

La ultra explotación de los campos de los llanos orientales coadyuvó también a aumentar considerablemente la exploración en esa zona del país. Entre 1997 y 2001 Ecopetrol firmó siete contratos de asociación para explorar y explotar petróleo en el departamento de Arauca. Entregó a la Repsol la zona llamada Capachos en el municipio de Tame, ubicado a cinco Km. aproximadamente del territorio U’wa; a la que también otorgó el campo de San Miguel, situado en Fortul. A la Occidental cedió Chipirón, emplazado en los municipios de Arauca y Arauquita, y ubicada prácticamente en la misma área de Caño limón; y Cosecha, asentado en Arauca, Arauquita y Fortul. A Hocol entregó Tangara, que se y Mundo Nuevo (sabanas de mundo nuevo resguardo Curipao, territorio U’wa), del municipio de Tame. Y, finalmente, la propia Ecopetrol está explorando la zona denominada Catleya ubicada dentro del territorio U’wa, y comprende los municipios de Fortul, Saravena y Tame.

En cuanto al campo Caño Limón, éste tuvo originalmente un área extensísima: 1.003.744 hectáreas. En la medida en que la Oxy fue constatando donde realmente se hallaba el petróleo, fue devolviendo los terrenos inútiles a Ecopetrol. Con el paso del tiempo, la multinacional norteamericana le exigió a la empresa estatal incorporar a su explotación nuevas áreas o devolverle otras que le había retornado. En Julio de 1980, cuando ya había realizado la fase de exploración, devolvió a Ecopetrol 501.247 hectáreas. En 1983, devolvió otras 262.162 hectáreas, pero al año siguiente, en 1984, los directivos de Ecopetrol les aceptaron anexar una nueva área, donde se encuentran los campos de la Yuca y Matanegra. Bonito intercambio el que hizo la multinacional con la empresa estatal. En 1986, devolvieron otras 131.081 hectáreas y en 1989 retornaron 65.541.

Pero una vez más, en 1990, exigió la Oxy al Estado colombiano se le devolvieran tierras que no estaban bajo su jurisdicción y, sin embargo, había explorado ilegalmente, encontrando allí petróleo. En ese mismo año, los permisivos directivos de Ecopetrol, que han sido obsecuentes siempre con las exigencias de los dueños de la Occidental, aceptaron retornarle otras 38.869 hectáreas de la zona donde se encuentra actualmente el campo Jiba.

Las políticas de Estado y los intereses de las Trasnacionales.

Son varios los factores que hacen permanente la presencia y el saqueo de los recursos naturales en nuestra nación por parte de la trasnacionales, las más destacadas son: uno, la manipulación y el diseño de las Leyes colombianas frente a la explotación petrolera y los recursos naturales; dos, los negocios que a espaldas de la nación y bajo el beneplácito de los gobiernos de turno se han realizado para evadir impuestos; tres, la manipulación de la información sobre la verdad de capacidad de los pozos, de los costos y gastos de exploración; cuatro, violación a las normas técnicas internacionales y nacionales existentes de extracción de petróleo; quinto, la impunidad ante el uso indiscriminado de la fuerza militar y la violación permanente a los Derechos Humanos y al DIH.

A finales de los cincuenta, la contratación petrolera en Colombia estaba regida por los contratos de concesión, en los cuales el Estado colombiano tenía una participación que oscilaba entre el 3% y el 15% del producto obtenido, mientras que las multinacionales se quedaban con el resto. A partir de 1974, con la expedición del decreto 2310, esta modalidad fue cambiada por la de asociación, quedando vigentes solo aquellos contratos de concesión que se hubiesen firmado hasta la fecha próxima anterior a la promulgación del mencionado decreto.

En Colombia la reestructuración se expresó en la flexibilización de los contratos para explorar y extraer el codiciado oro negro, la asociación entre Ecopetrol y las empresas multinacionales a fin de explotarlo “conjuntamente” modificada recurrente y sustancialmente en los años 90. Y, en lo que va de este siglo con el objetivo de estimular la inversión foránea, la flexibilización de las actividades derivadas como son el transporte, la refinación y la comercialización internacional y nacional de combustibles y la liberalización de la política macroeconómica, trajo aparejada la reducción de impuestos para las multinacionales, la libertad de precios en los mercados nacionales, la eliminación de las barreras aduaneras, el fortalecimiento de subsidios a las filiales de transnacionales que importaran bienes de capital o materias primas industriales para elaborar mercancías que tienen como destino el mercado mundial y la flexibilización en el control de cambios.

Los contratos de asociación rezan que el asociado a la empresa estatal de petróleos corre con los gastos y costos de exploración, excepto en los que incurre cuando los pozos tienen carácter comercial. En otras palabras, si no se encuentra petróleo, la multinacional pierde su dinero, pero si se encuentra, como fue el caso de Caño Limón, Ecopetrol paga la mitad de esos gastos a la compañía asociada. Como la multinacional es la que controla los costos y gastos de exploración, habitualmente los sobrefactura, con lo que a la hora de liquidar la empresa estatal paga muy por encima de lo que le corresponde.

La suma que Ecopetrol invirtió al principio de la explotación de Caño Limón fue de 613,3 millones de dólares. Ese dinero fue prestado por bancos de diversos países, especialmente de Alemania, Estados Unidos y Japón. Por ejemplo, en la construcción del oleoducto Caño Limón-Coveñas, que lleva el petróleo desde el yacimiento hasta la costa caribe colombiana, la empresa nacional pagó sobrecostos en bonificaciones por terminar las obras a tiempo. Por esas bonificaciones Ecopetrol canceló a la Mannesman alemana y la Bechtel norteamericana 61 millones de dólares más de lo pactado originalmente.

Para los dueños de Occidental, Caño Limón ha sido una fuente enorme de enriquecimiento y atesoramiento de capital. Tan es así que Armand Hammer, el ya fallecido mandamás de la compañía, dijo a Wall Street Journal en 1985 que “la Occidental estará –con la venta del 25% de la venta de Caño Limón- en la condición financiera nunca antes lograda… nosotros hemos mostrado al mundo financiero que hemos hecho algo; que mejor prueba que haber hecho pagar a Shell Oil un billón de dólares -1.000 millones de dólares- por uno de nuestros intereses”.

Esta fue la primera de una serie de transacciones hechas por los dueños y administradores de la Oxy en la historia de explotación de Caño Limón. Para poder vender a Shell en las condiciones que ellos querían, lo primero que concibieron fue incumplir con las normas del contrato de asociación firmado con Ecopetrol en junio de 1980. Dicho contrato estipulaba que la Oxy no podía ni esconder ni manipular la información sobre las pruebas de producción del campo. Pero lo hizo. Con la complacencia de los altos funcionarios del Ministerio de Minas y Energía de Colombia y de Ecopetrol, y a fin de asegurar una transacción multimillonaria con la Shell, ocultaron intencionalmente la magnitud de las reservas encontradas allí, que eran de grandes proporciones.

Cuando tuvieron esa seguridad, en abril de 1983, procedieron a hacer un contrato de cesión gratuita del 50% de sus intereses a la subsidiaria en nuestro país de la Royal Dutch Shell, denominada en ese momento Colombia Cities Services Petroleum Corporation -Colcitco-. A pesar de que no se les había informado del tamaño del campo, los altos funcionarios de Ecopetrol aceptaron sin chistar, el 27 de abril de 1983, el traspaso del 50% de la participación de Occidental de Colombia en el Contrato de Asociación Cravo Norte a Colcitco. Por esa transacción la multinacional norteamericana pagó 400 pesos de impuestos.

Después de esa venta, en julio de 1983, fue que se le comunicó el hallazgo a los directivos de la empresa estatal, reportándose en su primera comercialidad, según los documentos oficiales, unas reservas cercanas a los 50 millones de barriles. Sin embargo, el estimado posterior dio la verdadera dimensión que tenía este campo gigante, al cual se le calcularon reservas por unos 1.300 millones de barriles. Ante estos hechos, los mismos directivos se limitaron a acceder y defender la actitud de la Oxy ante la opinión pública nacional, más no revirtieron el contrato por el incumplimiento de la asociada y más bien entregaron irregularmente a Colcitco, quince días después de ser informados del hallazgo, la zona denominada Cinaruco, adyacente a Caño Limón.

Dos años después de la cesión gratuita a Colcitco, la Shell, en Estados Unidos, pagó a Occidental 1.000 millones de dólares por la transacción antes descrita. En otras palabras, hicieron aquí el negocio gratis, a espaldas de los funcionarios de Ecopetrol, y tumbaron al estado colombiano sin que pasara nada. De acuerdo con la suma pagada, el solo valor del campo al comienzo de su explotación, era de 4.000 millones de dólares, aproximadamente 8 billones de pesos colombianos de hoy.

Para disminuir artificialmente sus ingresos en Colombia, las subsidiarias de las grandes multinacionales petroleras que explotan el recurso aquí, venden a una serie de filiales del mismo conglomerado, que son intermediarias en estos procesos, las cuales sirven para ocultar ingresos, que pasan por paraísos fiscales.

Además de las posibilidades de violar las normas técnicas acordadas, como a continuación se describen:

Inmediatamente se hizo la transacción entre Occidental y Shell y ya con el campo en operación para vender crudo tanto en el país como en el exterior, el bombeo por el oleoducto Caño Limón–Coveñas se había iniciado el 18 de diciembre de 1985, la sociedad constituida entre las dos multinacionales violó todas las normas técnicas internacionales y nacionales existentes, pues aceleró al máximo la extracción de petróleo del pozo, más allá de lo aconsejable, ya que una sustracción tan súbita reduce sustancialmente la cantidad de barriles recuperables.

La idea de la Oxy en Caño Limón y de la BP en Cusiana y Cupiaga era extraer cuanto antes las existencias de crudo de estos yacimientos. Se vuelve el tiempo de extracción otro factor de presión, que contribuyó a flexibilizar los contratos de asociación. Los nuevos contratos no tienen límites de tiempo para la explotación de los campos petroleros por parte de las multinacionales, tampoco las forza a hacer asociaciones con Ecopetrol y se dan en un marco de fuerte protección militar a las actividades de dichas compañías.

La compañía norteamericana sabe que está en juego la extracción de una cantidad mayor de petróleo a la que se ha succionado hasta hoy. Según las prospecciones realizadas a través de la sísmica tridimensional empleada por Oxycol, hay mayores reservas de las encontradas hasta hoy en la zona. A partir de 2005, se han perforado 40 pozos más en búsqueda de petróleo. Esa agresiva localización de nuevos yacimientos, la subestimación de las reservas de Caño Limón y el incremento posible de la tasa de recuperación posibilitan que la multinacional norteamericana pueda incrementar sus reservas formidablemente y explotarlas en condiciones económicas aun más favorables.

En un acto de violación a la soberanía nacional, el gobierno presidido por Álvaro Uribe Vélez, impuso extender el acuerdo de explotación de la asociación Cravo Norte indefinidamente, dándole nueva vida a ese contrato, que vencía en diciembre de 2008, año en el cual todos los activos de la ya mencionada asociación Cravo Norte, incluido el oleoducto Caño Limón Coveñas, deberían pasar a ser propiedad única de la Nación. Ahora el contrato se prolongará hasta el agotamiento del yacimiento.

Derechos Humanos y Multinacionales

Con un país que se manipula política y jurídicamente bajo el criterio de los intereses de las multinacionales, se convierte en una región geoestratégica de especial manejo para la seguridad Norte Americana, por lo tanto es urgente garantizar además del control político y jurídico, el control militar en las zonas de inversión y explotación de estos recursos.

Por ello las grandes cifras de inversión en la guerra condicionadas por estas empresas, para que se inviertan en la conformación de brigadas militares con el único compromiso de vigilar la infraestructura petrolera de estas empresas. Igualmente, con accionar militar que redunda en una persecución y agresión permanente a la población, hechos que han terminado en más de 18 masacres en las dos últimas décadas, bombardeo a caseríos, muertes selectivas, más de 23 detenciones masivas, detenciones individualizadas, familias y comunidades enteras desplazadas.

Estrategias del Estado para manipular a las Comunidades Indígenas

Un desconocimiento permanente a los territorios ancestrales ha sido un factor determinante del Estado para impulsar sus políticas de desplazamiento forzado a las comunidades, es así, como tiene reconocimiento legal la comunidad Sikuani ante el Estado, después de ser desalojados de su territorio ancestral La Laguna del Lipa, luego de garantizar la magnitud del negocio de este complejo petrolero, es así que el primer resguardo reconocido fue el resguardo Iguanito mediante la resolución 142 de 1982, ubicado en el municipio de Tame y Fortul, territorio ubicado hacia la parte sur-occidental del Complejo Caño Limón, esto muestra claramente el desplazamiento a que se vio sometida esta comunidad de sus territorios ancestrales.

Consulta Previa

Según el derecho internacional (convenio 169 de la OIT) y la legislación colombiana, “Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”.

A pesar de esta protección que, en la forma, se dio a los derechos de los pueblos indígenas, cuando los intereses de las multinacionales desbordan los intereses de las comunidades actúa el poder y la manipulación jurídica y política para resolverse en favor de las empresas.

Y para esto se implementan diversos mecanismos. En el caso de la comunidad U’wa, por un lado, se orquestó un remedo de proceso de consulta previa, para simular el cumplimiento del requisito exigido por la referida normatividad, tratándose de territorios protegidos; simultáneamente, en caso de que la comunidad se niegue a participar de esos procedimientos ficticios, la manipulación llega hasta el seno de los altos representantes de la administración de justicia del Estado colombiano.

Como ejemplo del primer caso, tenemos el procedimiento adelantado por parte del gobierno con el objetivo de reunir los requisitos legales para la explotación petrolera.

Desde el inicio, los funcionarios oficiales propiciaron la división al interior de la comunidad, desarrollando diálogos paralelos con las dos organizaciones que agrupan a sus miembros (ASOU’WA y ASCATIDAR), desinformando a sus representantes y tergiversando las posiciones de unos y otros. Frente a esta estrategia, nosotros hemos insistido en que somos una  sola cultura, un solo territorio, un solo  derecho histórico milenario, un solo sistema de gobierno interno, un solo pueblo.

Respecto al proceso llevada a cabo con ASCATIDAR, el gobierno aseguró que los actores estaban en igualdad de condiciones, capacidades y derechos, lo cual se constituye en un absurdo, si se tiene en cuenta que los U’wa no participamos con asesores (abogados, ingenieros de petroleros, geólogos, antropólogos, biólogos, sociólogos, economistas, etc.), que tuvieran la formación técnica y la información suficiente y que además representaran los intereses de la cultura U’wa. Por el contrario, el Estado auspició la participación de profesionales externos, contratados y financiados por ellos mismos, a través de ECOPETROL.

Es ingenuo, ilusorio y mentiroso afirmar que estos facilitadores capacitados (indígenas) tuvieron igualdad de condiciones, en cuento a conocimiento específico del proyecto y sus impactos reales cuando los funcionarios que representaron al gobierno han contado con más de 20 años de estudios, en escuelas, colegios, postgrados y PHD en las universidades de Colombia y de otros países, y los indígenas con unos simples talleres donde prima los refrigerios de gaseosas y panes y almuerzos con carne.

En estos términos, la consulta previa es un proceso de eutanasia cultural, es decir, el Estado busca que el pueblo U’wa tomemos la decisión oficial de suicidarnos colectivamente pero no como lo presentamos en el año 1996, sino a través de sus mecanismos legales, aceptando tácitamente la explotación del petróleo y, por ende, la invasión y destrucción de nuestro territorio ancestral.

A raíz de esto nuestras comunidades acude a los mecanismos judiciales que el mismo Estado ha previsto para la defensa de los derechos, pero el intento también fue fallido, pues, como se dijo, hasta en las altas cortes tienen incidencia el interés económico transnacional y del gobierno.

Así, una tutela interpuesta por el defensor del Pueblo contra la OXY y el Ministerio del Medio Ambiente por otorgar la licencia ambiental, fue fallada a favor del pueblo U’wa por parte del Tribunal Superior de Bogotá, decisión ratificada por la Corte Suprema de Justicia; lo anterior generó un conflicto jurídico con el Consejo de Estado, pues éste último declaró que OXY tenía licencia  para entrar al territorio U’wa y que sí había cumplido con el requisito de la consulta previa.

Independientemente de la situación judicial, a la larga desfavorable para el pueblo U’wa, continuamos con la lucha por la resistencia sociocultural, por lo que el conflicto desbordó el ámbito jurídico y se transformó en un asunto político  que tiene de por medio aspectos culturales, ambientales y sociales fundamentales para la supervivencia de nuestra comunidad, entendida como el conjunto de tradiciones ancestrales, culturales y territoriales.

Frente al inicio de los proyectos Gibraltar 1, luego Gibraltar 2 y ahora 3, el gobierno alega no estar obligado a adelantar la consulta previa porque supuestamente no se encuentran ubicados en territorio U’wa, lo cual, como se ha referido anteriormente, no obedece a la realidad.

Actualmente, Dividir para manipular

No siendo suficiente, se suman los propósitos nefastos del actual gobierno departamental en relación con la Asamblea del Departamento, por dividir a las comunidades, invitando a conformar nuevas asociaciones con el único propósito de particularizar y fragmentar el tejido sociocultural histórico de los pueblos indígenas, atentando por nuestra lucha por la permanencia en nuestro territorio, y de esta manera hacer más fácil y viable la efectiva política y politiquería de dominio y desplazamiento, para favorecer una vez más sus propios intereses  y de las trasnacionales.

A demás, aplicar su política de señalamiento y persecución tanto a nuestros lideres, dirigentes como a las autoridades y miembros de las comunidades indígenas del departamento.

Insurgencia y comunidades

No siendo suficiente con la agresión permanente por parte del Estado y las Transnacionales, se suman los hechos reiterativos de la insurgencia, quienes enfrentados en un conflicto sin precedentes para la historia, han arreciado contra nuestras comunidades, convirtiéndonos en objetivo militar, nuestro territorio y población. Acciones que solo vienen favorecido al Estado y las Trasnacionales en su propósito.

A demás, la carencia de políticas y estrategias viables por parte del Estado en el fortalecimiento de la gobernabilidad de los pueblos indígenas, que están  cooperado en la implantación de la “justicia” por parte de insurgencia de la cual en estos últimos 20 años han sido asesinado más de veinticinco indígenas de los diferentes grupos étnicos, factor que se relaciona al debilitamiento cultural de las comunidades donde la incidencia de los megaproyectos de las trasnacionales son factor fundamental.

A MANERA DE CONCLUSIÓN VENIDERAS

Al megaproyecto petrolero se le suma otro denominado Ruta de los Libertadores y la Marginal de la Selva, es un canal seco internacional que unirá Caracas – Bogotá – Quito, y a los océanos Pacífico y Atlántico. Su construcción ha generado el desplazamiento de miles de pobladores que residían en pueblos y veredas ubicadas a la orilla de estas carreteras, pues para los inversionistas es necesario que no haya ningún tipo de presión que impida ni la construcción ni el libre transito de mercancías y recursos naturales que cruzarán permanentemente por esta rica región del país, que al igual que otras, ha sido declarada Zona Económica Especial de Exportación –ZEEE-. Aquí puede estar la explicación de varias masacres cometidas especialmente en comunidades de Santo Domingo, Cravo Charo, Caño Claro, Caño Salas, Betoyes, Quintame, Flor Amarillo, Piñalito, Botalón, la Horqueta, entre otras.

Para la Occidental de Colombia y la Repsol, los campesinos e indígenas son un problema, por lo que es necesario desalojarlos o exterminarlos buscando su extinción total, la razón es, la instauración de enclaves económicos y la ocupación de tierras por parte de éstas, hasta el punto que para transitar por las zonas de explotación se requiere permisos especiales.

En la actualidad y en el caso concreto de Arauca, se desalojó y en la práctica se exterminó algunas comunidades Sikuani como el caso de los Chiricoas. Y en los Departamentos de Arauca, Boyacá y Norte de Santander, los resguardos indígenas U’wa se ven amenazados por los megaproyectos y las compañías multinacionales. Por eso, la lucha de los U’was y de los Sikuanis por el derecho de madre tierra se constituye en uno más de tantos ejemplos de lucha, defensa y justicia, que a través de la historia proponen una forma diferente a la capitalista de interpretar y realizar las relaciones con la naturaleza.