Audiencia petrolera
Intervención del Padre Javier Giraldo
- Detalles
- Visitas: 6371
Delegadas y delegados de otros países hermanos.
Queridas víctimas y testigos de los crímenes que van a ser denunciados.
Representantes de los movimientos y organizaciones peticionarias
Asistentes todos a esta audiencia:
Nos convoca hoy la cuarta audiencia dentro de la sesión que el Tribunal Permanente de los Pueblos ha programado con el fin de examinar las denuncias provenientes de numerosas organizaciones de base de Colombia acerca de las prácticas violentas de muchas empresas transnacionales implantadas en el país, que constituyen violaciones graves a los derechos de los pueblos, particularmente en su alianza con fuerzas militares y paramilitares que han perpetrado crímenes de lesa humanidad en los intentos por eliminar obstáculos sociales y éticos a su modelo de extracción y apropiación de recursos naturales que a su vez es gravemente violatorio de los derechos económicos de los pueblos.
En las tres audiencias anteriores se han recibido y examinado numerosas de-nuncias sobre empresas transnacionales que operan en los dominios de lo ali-mentario, de la minería y de las que han contribuido de manera especial a la destrucción del medio ambiente y de la biodiversidad. La audiencia que hoy se inicia se propone examinar denuncias referidas a empresas que operan en el campo de los recursos energéticos y específicamente en la explotación del petró-leo.
Cuando damos una mirada retrospectiva a ese campo de la economía, no podemos dejar de recordar que la apropiación de los recursos mineros constituyó uno de los incentivos fundamentales de la Conquista de este país y de este con-tinente por los reinos europeos de entonces. En la Recopilación de las Leyes de Indias de 1787 se ordenaba todavía que “cualquier otro fósil, ya sea de metales perfectos o medios minerales, bitúmenos o jugos de la tierra” permanecían sometidos al pago de los “derechos del Rey”, institución que dejó su marca histórica en el mismo nombre de las “regalías”. Simón Bolívar, al trazar los primeros perfiles de una república independiente y centrada en la búsqueda del bien común, no ignoró la importancia de este tipo de recursos para el desarrollo de los pueblos y un decreto emitido el 24 de octubre de 1829 estableció que “las minas de cual-quier clase corresponden a la República”.
En el tortuoso desarrollo de un Estado donde los intereses privados de minorías privilegiadas se fueron erigiendo progresivamente como fachada de un bien común inexistente, las empresas transnacionales fueron encontrando oportunidades privilegiadas de explotación de estos recursos energéticos en beneficio de sus insaciables afanes de lucro. Primero bajo la fórmula simple e impúdica de la Concesión, mediante la cual fueron entregados inmensos territorios a esas em-presas para el saqueo del recurso, bajo la única contraprestación de pagar dere-chos de “regalías” que fluctuaron entre el 2 y el 11% y de revertir al Estado, luego de 30 años, la propiedad de los pozos ya agotados. Luego, a partir de 1974, se recurrió a la fórmula de Asociación, donde una empresa estatal supues-tamente socia de la transnacional debía salvaguardar el dominio sobre el 50% del área explotada pero sometiéndose a condiciones en extremo inequitativas en la comercialización del producto, hasta ser obligada a pagar el equivalente del transporte internacional de cada barril, ganancia adicional y abusiva que la transnacional le exigió siempre a su extorsionado socio nacional.
Un estudio minucioso de la explotación de los pozos de Cusiana, en el nororien-te colombiano, demostraba que lo que el Estado colombiano recaudaba del 60% de la producción petrolera de esa área, incluyendo el 20% de regalías, no llegaba siquiera a la mitad de lo que la multinacional recaudaba sólo del 40% de la producción.
Muchos y descomunales niveles de injusticia económica podrían analizarse en este campo de la explotación de los recursos energéticos como gravemenmte violatorios de los derechos económicos de los pueblos. Pero hay dimensiones de esta explotación que afectan de una manera más dramática la vida y la integridad de los conglomerados humanos, la supervivencia de etnias y culturas y la misma garantía de los derechos elementales del ser humano.
Cuando a mediados de los años 90 la etnia de los U’was se opuso rotundamente, mediante luchas y protestas heroicas, al ingreso de la transnacional Occidental Petroleum Corporation a sus territorios, se explicitó en ciertos niveles de la opinión pública el debate en torno a las implicaciones de destrucción del medio ambiente que supone la explotación del petróleo en un territorio.
El ex Ministro de Minas y Energía y ex Ministro de Hacienda, Guillermo Perry, describía en su impresionante libro sobre “Política petrolera, economía y medio ambiente”, escrito a comienzos de los 90, los terribles deterioros del ambiente que arrastra consigo la exploración, la explotación y la comercialización del petróleo. Allí reconocía que de 200.000 kilómteros de líneas sísmicas trazadas en el país en los 20 años anteriores para la exploración de yacimientos petroleros, sólo en el 2% se habían hecho estudios ambientales. Su descripción del deterio-ro ambiental es casi apocalíptica. Sólo transcribo unas pocas líneas demostrativas:
“Para una concesión de 100.000 hectáreas, el contratista descapota una superficie de 36 líneas de 3 metros de ancho separadas por intervalos de un kilómetro. A lo largo de cada línea sísmica, a intervalos de 100 metros, se detonan 20 libras de explosivos localizados en cavidades de 20 metros de profundidad. El efecto ambiental incluye la erosión e in-cremento de la carga de sedimento en los cuerpos de agua superficiales, así como la contaminación debida a residuos líquidos y sólidos generados por los trabajadores. Las detonaciones producen en la vida de los pobladores, así como en la fauna y la flora existen-tes, alteraciones drásticas (…) La perforación genera una serie de residuos que por lo general contienen metales pesados y otros productos tóxicos y el agua de la formación presenta características radioactivas. El uso, en la perforación, de tensoactivos, detergentes, anticorrosivos, bactericidas, aumenta los residuos tóxicos. El Monóxido y dióxido de carbono, así como el óxido de nitrógeno y azufre, emitidos en las actividades de perforación, tienen efectos nocivos en la salud de los trabajadores y en la vegetación circunvecina. La quema del petróleo residual genera compuestos como el 3.4 benzopireno, que es cancerígeno y tiende a bioacumularse en la cadena alimenticia(…)”
Los efectos destructivos del ambiente, sumados a la destrucción de los modos de vida y de organización ancestral de las etnias que ocupan esos territorios, llevó a los U’was, a reivindicar su sabiduría ancestral desde donde el territorio no puede considerarse como una burda mercancía sino como el ámbito materno de las especies biológicas que lo pueblan así como de las ricas y profundas interrelaciones que allí se establecen entre las especies, lo que le da el carácter de un santuario de la vida, poblado también por su historia, sus ancestros y sus espíritus, donde los mismos recursos energéticos comparten el valor sagrado que le da a todo el organismo su cosmovisión holística ancestral.
Dos visiones encontradas han enfrentado, pues, a los defensores de la vida y a las empresas transnacionales y nacionales que explotan el petróleo. Esto ha generado luchas y movimientos reivindicativos a lo largos de ya muchas décadas, en la medida en que crece la conciencia de la injusticia y de los alcances destructores de los grandes proyectos capitalistas. Pero esas luchas también se han ido coloreando de las formas de violencia que afectan profundamente a nuestro país.
Ya que la violencia del sistema imperante echó mano desde hace al menos 4 décadas de una estrategia paramilitar de Estado para destruir las formas de oposición a sus propósitos, también las empresas transnacionales fueron blindado progresivamente sus seguridades lucrativas con estructuras paramilitares estrechamente ligadas a las fuerza armada del Estado. Los trágicos efectos de esto van a ser el tema central de esta audiencia. Sólo una pequeña muestra de casos más documentados le hará ver a los honorables miembros de este Jurado las dimensiones criminales de la explotación de nuestros recursos energéticos por parte de empresas transnacionales asociadas al Estado colombiano.
Toda sociedad busca en sus estructuras de justicia conjurar las violencias que la destruyen y arrasan con sus grandes valores. Este debería ser el medio ordina-rio de detener y revertir las prácticas criminales de las empresas que, encegue-cidas por su afán insaciable de lucro, niegan derechos y tradiciones, destruyen vidas y principios, arrasan etnias y culturas y dejan herida de muerte a la naturaleza, santuario irremplazable de la vida.
Desgraciadamente, los poderes de muerte que nos dominan, cooptaron desde hace mucho tiempo las débiles estructuras de la justicia. Sé que ustedes, honorables miembros del Jurado, no ignoran el problema de impunidad sistémica que nos afecta.
En Colombia, al igual que en muchos países donde imperan formas de barbarie incentivadas desde el Estado, la legitimación de la muerte de los defensores de la vida, hace mucho tiempo que se se cubre con el silencio y la inactividad judicial disfrazada de mil ropajes. No podemos dejar de recordar que hace 18 años, cuando este mismo Tribunal Permanente de los Pueblos realizó su audiencia en Colombia para examinar la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, pudo escuchar la exposición ampliamente documentada de diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, donde fueron identificados 53 mecanismos judiciales de impunidad, analizados minuciosamente desde los procesos concretos en los que habían tomado cuerpo. Esa situación de impunidad sistémica no ha cambiado para bien sino para mal: los mecanismos de impunidad se han multiplicado y afianzado de manera impresionante.
Justamente en coyunturas como ésta, en que se revela nítidamente la perversión del Derecho bajo el sometimiento de “la razón de Estado”, aparece más nítido el papel del Tribunal Permanente de los Pueblos.
Cuando Bertrand Russell evaluó los juicios de Nüremberg, que a no dudarlo tuvieron un profundo impacto universal que llevó a muchas franjas de la po-blación mundial a volver a creer en el Derecho, luego de los horrores de la guerra y del genocidio nazi, Russell afirmaba: “Nüremberg fue un juicio que el vence-dor adelantó contra el vencido; fue conducido por una alianza de política realista, pese a lo cual, a través de los legalismos de fuerza mayor, se filtró la voz de la Humanidad, voz que se levantó contra la increible criminalidad del terror nazi”. Pero rápidamente Russell comprobó que los mismos Estados-Jueces de Nüremberg perpetraban los mismos crímenes que allá habían condenado. Por eso Bertrand Russell quiso inaugurar un modelo de justicia desprendido de los condicionamientos del poder. Bien sabía que el Tribunal de Opinión que convocó para condenar a quienes herían a la humanidad entera a través del martirizado pueblo de Vietnam, no podía hacer sentar a sus acusados en el banquillo ni hacer ejecutar sus sentencias, pero él consideró incluso más importante que los tribunales formales amarrados por los poderes de turno, el gran tribunal de conciencia de la huma-nidad que desnuda ante el mundo lo que ningún ser humano aceptaría desde su conciencia libre.
Cuando Bertrand Russell clausuraba la primera sesión del Tribunal Internacional sobre los Crímenes de Guerra en Vietnam, posteriormente conocido como primer Tribunal Russell en el cual hunde sus raíces más auténticas el Tribunal Permanente de los Pueblos, afirmaba:
“El Tribunal debe inaugurar una nueva moralidad en Occidente, en la cual toda fría matanza mecánica sea automáticamente condenada. El Tribunal debe inspirar una nueva comprensión, en la cual el héroe es el oprimido y los detestables los poderes arrogantes que lo desangran por generaciones o lo arrojan a la edad de piedra. El Tribunal debe alertar sobre el horror inminente en muchos territorios, tanto sobre las nuevas atrocidades que se preparan en Vietnam como sobre las luchas globales entre los pobres y los ricos poderosos. Son temas tan antiguos como la humanidad. La ardua lucha por la decencia y por la liberación es interminable. Un tribunal como el nuestro será necesario hasta que el último ser humano hambriento sea saciado y hasta que se abra un camino de vida que acabe con la explotación de los muchos por los pocos (…) Dondequiera que haya seres humanos que luchen contra el sufrimiento, debemos ser su voz. En cualquier tiempo en que sean atacados cruelmente para que se autoinmolen, debemos encontrar el lugar de nuestra voz. Es fácil comprometerse de palabra con estos ideales. Seremos juzgados, no por nuestra reputación o por nuestras pretensiones, sino por nuestra voluntad de actuar. Sobre ese parámetro seremos también juzgados nosotros por personas mejores”.
Iniciamos, pues, esta cuarta audiencia en Colombia, sobre el poder de muerte y las prácticas genocidas de las empresas transnacionales.
Señoras y Señores miembros del Jurado: les transmito el saludo agradecido de todas nuestras víctimas y de todos las organizaciones peticionarias.
Señor Presidente: dejo en sus manos y asu sabia discreción la declaración de apertura de esta cuarta audiencia.