Audiencia petrolera

Acusación contra el estado colombiano - USO

La persecución de la que han sido víctimas los miembros de la Unión Sindical Obrera, constituye un intento por eliminar la organización sindical como fuerza social y política, por la vía de la violencia e intimidación contra sus integrantes y dirigentes, en razón a su labor de promoción de la defensa de los recursos naturales no renovables y la nacionalización del petróleo en la República de Colombia.

Dado el reconocimiento jurídico de la personalidad del Estado como representante de todos los colombianos, es a este a quien le cabe la mayor responsabilidad en la promoción, defensa y garantía de los derechos humanos de todos los habitantes del territorio nacional, es entonces el Estado responsable directo de todas las actuaciones de sus agentes y funcionarios, por acción u omisión y responsable indirecto par las actuaciones de los grupos armados irregulares, bien por la condescendencia o ausencia de prevención, o ausencia o debilidad de castigo cuando las violaciones se han logrado perpetrar.

Con este panorama de violaciones a los derechos fundamentales de los asociados a la USO, es claro para nosotros que el Estado Colombiano es responsable de esta situación por la clara actitud omisiva con respecto a la protección de los integrantes de la USO, lo que permite presumir tolerancia a las agresiones contra esta organización sindical.

Puede concluirse al dar una mirada a las cifras de trabajadores heridos, asesinados, desaparecidos, despedidos y judicializados, que el Estado colombiano no ha cumplido con su obligación de proteger los derechos de los asociados a la Unión Sindical Obrera, pues aún teniendo conocimiento de la sistemática persecución política contra esta organización en razón a su labor, y no obstante el pronunciamiento de otorgar medidas cautelares a su favor por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y las múltiples denuncias nacionales e internacionales realizadas, el Estado no ha procedido de la manera debida para prevenir, investigar y sancionar los delitos cometidos contra los sindicalistas de la USO.

Es claro que se han llevado a cabo ejecuciones extrajudiciales, ha habido desapariciones, intentos de asesinato, procesos judiciales basados en montajes y que se han proferido amenazas de forma sistemática contra los miembros de la Unión Sindical Obrera, con el propósito de someter y tratar de eliminar a la organización sindical .

El Estado colombiano ha tolerado esta práctica de persecución, dejándola en la total impunidad, hecho que motiva a los `perpetradores a continuar su accionar al no tener a la vista posibles sanciones en su contra, incrementando con esto el riesgo de vulneración y de aumento de la persecución contra los trabajadores petroleros.

Prueba de esta persecución de la que es responsable el Estado Colombiano son los casos que se presentarán a continuación.