Audiencia petrolera

Acumulación de Capital y Poder Petrolero Multinacional

1. Origen de la Explotación Petrolera en Arauca

Las multinacionales del petróleo hacia mucho tiempo le tenían puesto el ojo al oriente colombiano y especialmente a Arauca. En efecto, entre 1944 y 1947 la Shell Oil exploró parte del departamento y perforó 9 pozos que resultaron producir petróleo pesado en baja cantidad, lo que no posibilitaba una explotación comercial en ese momento. En 1957, la misma Shell suscribe un contrato de concesión con el estado colombiano, donde la multinacional anglo-holandesa tiene el 97% de la propiedad y el estado el 3%, con el fin de reexplorar Arauca. Sin embargo, tampoco encuentra nada comercial.

Entre finales de los años cincuenta hasta principios de los ochenta, prácticamente todas las compañías gigantes –Chevron, Elf Aquitane, Texas, Occidental e Intercol exploraron y hallaron pequeños pozos en los llanos orientales, especialmente en Arauca, Casanare y Meta. Al mismo tiempo, en 1977, ECOPETROL firmó con la Provincia Petroleum Company un contrato de asociación por 28 años para explorar y explotar petróleo en el municipio de Arauca. Pero tan solo fue hasta el hallazgo de la Occidental, complementado después por el descubrimiento de la BP en el Casanare, que el negocio se volvió extremadamente rentable.

A partir de allí, la exploración y explotación del territorio araucano se disparó. Entre 1997 y 2001, ECOPETROL firmó siete contratos de asociación para explorar y explotar petróleo en el departamento. Entregó la zona llamada Capachos, en el municipio de Tame, a la Repsol, a la que también otorgó San Miguel, en el municipio de Fortul. A la Oxy cedió Chipirón y Cosecha, ubicadas en los municipios de Arauca y Arauquita, la primera, y Arauca, Arauquita y Fortul, la segunda. A Hocol entregó Tangara, ubicada en Tame, y Mundo Nuevo, en el mismo municipio. Y, finalmente, la propia ECOPETROL está explorando la zona denominada Catleya, que comprende los municipios de Fortul, Saravena y Tame.

Mientras tanto, ha seguido la explotación del complejo de Caño Limón, que comprende los pozos de la Yuca, la Yuca Este, Campo Yarumal, Matanegra, Redondo, Redondo Este, Caño Verde, Tonino, Ramana, Jiba y Caño Limón, y, además la del campo Arauca, ubicado en el municipio de Saravena, el cual está actualmente controlado por Braspetro International.

2. La Oxy Hace “Su Agosto” en Caño Limón

Gran parte del proceso de acumulación de capital realizado en los últimos veinticinco años por la OXY se ha debido a sus campos de explotación en Arauca. Tan es así que Armand Hammer, el ya fallecido mandamás de la compañía dijo a Wall Street Journal en 1985 que “la Occidental estará –con la venta del 25% de la venta de Caño Limón- en la condición financiera nunca antes lograda… nosotros hemos mostrado al mundo financiero que hemos hecho algo; que mejor prueba que haber hecho pagar a Shell Oil un billón de dólares -1.000 millones de dólares- por uno de nuestros intereses”.

Ese tan solo fue una de las tantas transacciones que han hecho los dueños y administradores de la Oxy alrededor de Caño Limón. Para poder vender a la Shell en las condiciones que ellos querían, lo primero que concibieron fue incumplir con las normas del contrato de asociación firmado con ECOPETROL en junio de 1980, pues como lo estipulaba dicho contrato, la Oxy no podía ni esconder ni manipular la información sobre las pruebas de producción en el campo. Pero lo hizo con la complacencia de los altos funcionarios del Ministerio de Minas y Energía de Colombia y de ECOPETROL a fin de asegurar una transacción multimillonaria con la Shell, una vez había asegurado que efectivamente Caño Limón tenía reservas de grandes proporciones.

Cuando tuvo esa seguridad, en abril de 1983, procedió a ser un contrato de cesión gratuita del 50% de sus intereses a la subsidiaria de la Royal Dutch Shell, denominada en ese momento Colombia Cities Services Petroleum Corporation -Colcitco-. Por esa transacción la multinacional norteamericana pagó 400 pesos de impuestos.

Mientras tanto ECOPETROL no había sido informado del descubrimiento. Es después de la venta que se le comunica el hallazgo, pasado ya julio de 1983. Ante esos hechos, los directivos de la empresa estatal se limitan a aceptarlos y a defender la actitud de la Oxy ante la opinión pública nacional, más no revierten el contrato por el incumplimiento de la asociada y más bien entregan irregularmente a Colcitco, quince días después de ser informados del hallazgo, la zona denominada Cinaruco, adyacente a Caño Limón.
 
Dos años después de la cesión gratuita a Colcitco, la Shell en Estados Unidos, como ya mencionamos, paga a Occidental la suma de 1.000 millones de dólares por la transacción antes descrita. En otras palabras, hicieron aquí el negocio gratis, a espaldas de los funcionarios de ECOPETROL, y tumbaron al estado colombiano sin que pasara nada. De acuerdo con la suma pagada, el solo valor del campo, al comienzo de su explotación, era de 4.000 millones de dólares, 10 billones de pesos colombianos de hoy. Poco después del abono, Colcitco se transformó en Compañía Shell de Colombia.  

Inmediatamente se hizo la transacción y ya con el campo en operación, la Oxy se pasó por encima de todas las normas técnicas, pues una extracción tan alta reduce sustancialmente la cantidad de barriles recuperables, y eleva la producción de golpe, en 1985, a 200 mil barriles diarios. En 1986 la subió aun más, llevándola a 250.000 barriles diarios. Esa explotación acelerada hizo parte del trato con la Shell, pues el acuerdo de pago entre las dos multinacionales comprendía el abono de 750 millones de dólares a la firma del negocio y 250 millones de dólares cuando el campo elevará su producción a su máxima cota, con lo que la Shell esperaba poder extraer esos 250 millones de la propia explotación de Caño Limón.

Para completar de hacer rentable el negocio, ECOPETROL financió a través de la adquisición de deuda una buena parte de la infraestructura de la explotación del campo y otra importante porción de los gastos de exploración. Los contratos de asociación rezan que el asociado con la empresa estatal de petróleos corre con los gastos y costos de exploración, excepto en los incurridos en los pozos comerciales. En otras palabras, sino se encuentra petróleo, la multinacional pierde su dinero, pero si se encuentra, como fue el caso de Caño Limón, ECOPETROL tendrá que pagar la mitad de esos gastos a la compañía asociada. Como la multinacional es la que controla los costos y gastos de exploración, habitualmente los sobrefactura, con lo que a la hora de liquidar gastos, la empresa estatal paga muy por encima de lo que le corresponde. En los contratos de asociación se dice que ECOPETROL podrá revisar las cuentas de exploración, pero esta cláusula no es obligatoria para las partes. En parte por ello, la exploración y explotación petrolera en Colombia es un excelente negocio.

Entonces la suma que ECOPETROL invirtió al principio de la explotación de Caño Limón fue de 613,3 millones de dólares. Ese dinero fue prestado por bancos de diversos países, especialmente de Alemania, Estados Unidos y Japón. Al mismo tiempo las obras en que se incurrieron fueron ejecutadas por compañías extranjeras, las cuales se llevaron jugosas ganancias. Por ejemplo, en la construcción del oleoducto Caño Limón-Coveñas, que lleva el petróleo desde el yacimiento hasta la costa caribe colombiana, cubriendo una distancia de 773 kilómetros, la empresa nacional pagó sobrecostos en bonificaciones por terminar las obras a tiempo. Por esas bonificaciones ECOPETROL canceló a la Mannesman alemana y la Bechtel norteamericana 61 millones de dólares.

Por tanto, desde el principio, las multinacionales estaban haciendo un negocio redondo a costa de los recursos de la nación, la cual se endeudaba para posibilitar la explotación de su propio recurso energético, del agotamiento de sus reservas estratégicas, de un inmenso costo humano y de un profundo daño ambiental, que más tarde describiremos someramente. 

La explotación petrolera generó una gran migración humana hacia la región a principios de la década del ochenta en búsqueda de poder engancharse en la actividad y obtener con ello una mejoría sensible en sus ingresos. Esta sucedió a la primera ola migratoria, ocurrida en los años cincuenta, la cual fue originada por el desplazamiento efectuado por fuerzas militares y paramilitares al servicio de gamonales, terratenientes y capitalistas del agro, quienes desataron una guerra civil no declarada contra la población con el objetivo de arrebatarles sus tierras. Ese  período fue conocido en Colombia como el de “La Violencia”. 

El petróleo perfiló la actual composición demográfica y territorial del departamento. Este está situado en el nororiente colombiano, al borde de la cordillera oriental, ramal de los Andes que prácticamente atraviesa de un extremo a otro a Colombia, y en la terminación, en su parte occidental, la sabana que se extiende desde Venezuela. Tiene unos 270.000 habitantes y una superficie de 23.000 kilómetros cuadrados. Está compuesto por tres municipios en su parte norte, cuales son: Arauca, Arauquita, y Saravena, ubicados entre la cordillera, el pidemonte y la sabana, donde se encuentran los principales recursos petrolíferos del departamento, pues allí está ubicado el yacimiento de Caño Limón y su área de influencia. Igualmente esta es la mayor zona de conflicto económico, social, político y militar.  En su lado sur hay otros cuatro municipios: Cravo Norte, Fortul, Puerto Rondón y Tame.

3. Como Exprimir Caño Limón
 
En cuanto al campo Caño Limón, éste tuvo originalmente un área extensísima: 1.003.744 hectáreas. En la medida en que la Oxy fue constatando donde realmente se hallaba el petróleo, fue devolviendo los terrenos inútiles a ECOPETROL, pero, a su vez, le exigió incorporar nuevas áreas o devolverle otras que ya habían retornado a la empresa estatal. Ya en Julio de 1980, cuando ya habían realizado la fase de exploración, devolvieron a ECOPETROL 501.247 hectáreas. En 1983, devolvieron otras 262.162 hectáreas, pero al año siguiente, en 1984, ECOPETROL les acepta anexar una nueva área, donde se encuentran los campos de la Yuca y Matanegra. Bonito intercambio el que hacia la multinacional con la empresa estatal. En 1986, devuelven otras 131.081 hectáreas y en 1989 retornan 65.541.

Pero una vez más, en 1990, exige la Oxy que se le retornen tierras ya entregadas, que no estaba bajo su jurisdicción, donde encontró petróleo. ¿Cómo hizo para explorarlas si ya las había devuelto? El caso es que ECOPETROL aceptó retornarle 38.869 hectáreas en la zona donde se encuentra el campo Jiba. La sociedad Oxy-Shell declaran haber encontrado hidrocarburos allí, pero la empresa estatal no admitió la comercialización del campo y las dos multinacionales empezaron a explotarlo por su cuenta y riesgo. ECOPETROL no solo les devolvió las tierras para explotar, cosa a las que ya no tenían derecho, sino que les cedió todos sus derechos sobre el campo Jiba.

La marcha del proceso de acumulación de la OXY ha ido también en Colombia que una de sus empresas, la Occidental de Colombia Inc empezó a operar en nuestro territorio con un capital de 86 dólares de Estados Unidos de hoy. Hoy la fortuna que tiene la empresa en el país en incalculable. Miremos algunas cifras de las dos empresas del conglomerado que figuran como propietarias de casi el 50% de Caño Limón:

Su activo actual, capital, que maneja la empresa dentro del país, es de 775 millones de dólares. Ese activo se ha multiplicado por más de dos veces en los últimos 8 años, pues en 1998 era de 345 millones de dólares. Acordémonos que sus compañías llegaron aquí con apenas 86 dólares de capital. Desplumando a la nación, endeudando a ECOPETROL y explotando agresivamente nuestro petróleo, han conseguido una fortuna. Fijémonos que la transacción con la Shell le arrojó de entrada de 1.000 millones de dólares.

Ahora, el capital propio que tiene en territorio colombiano, que era irrisorio a principios de los años ochenta, ya sobrepasa los 445 millones de dólares, creciendo en los últimos ocho años 172 millones de dólares. Eso equivale a atesorar cada año más de 21 millones de dólares, suma  que podría ganarse un trabajador de salario mínimo en Colombia laborando durante 10.000 años, repasemos que el 90% de los trabajadores colombianos ganan menos de dos salarios mínimos.

Sus ventas en los últimos ocho años, de 1998 a 2005, han totalizado casi 3.632 millones de dólares. Suma que alcanzaría para construir y dotar a más de 100.000 escuelas, más de las que necesita Colombia para resolver su problema educativo. Estas se han cuadriplicado en ese lapso, pues pasaron de 182  millones de dólares a 811 millones de dólares anuales.

En esos ocho años se ha quedado con más de 2.580 millones de dólares del valor creado por sus trabajadores. En efecto, su ganancia bruta en Colombia fue tan grande en 2005, que alcanzó los 605 millones de dólares, dinero suficiente para construir más de 1.000 hospitales de tercer nivel. Con ese dinero se dotaría a cada municipio del país de un hospital ultramoderno. Y su ganancia neta, la que se lleva pulpita, sin contar con todas las trampas que hacen las multinacionales para llevarse por debajo de cuerda una gran cantidad de dinero que se ganan aquí pero que no quieren declarar, equivalieron, en estos últimos ocho años a casi 1.580 millones de dólares. En 2005, esta sobrepasó los 368 millones de dólares. Se multiplicó, entre 1998 y 2005, por ocho veces, pues en 1998 era de 58 millones de dólares. Si los salarios de los trabajadores de Occidental de Colombia subieran al mismo ritmo de las ganancias de la compañía, esta última tendría que duplicarle anualmente a cada uno su ingreso. Semejante río de dinero sale todo del pozo de Caño Limón.

Aun más. La compañía norteamericana sabe que está en juego la extracción de una cantidad mayor de petróleo a la que se ha succionado hasta hoy. Según las prospecciones realizadas a través de la sísmica tridimensional empleada por Oxycol, debajo del actual yacimiento se encuentra otro con igual o mayores reservas. Por ello, en una jugada maestra, realizada con el acorralado gobierno paramilitar presidido por Álvaro Uribe Vélez, impuso extender el acuerdo de explotación de la asociación Cravo Norte indefinidamente, dándole nueva vida al contrato de asociación, que vencía en el año 2008, año en el cual todos los activos de la ya mencionada asociación Cravo Norte, incluido el oleoducto Caño Limón Coveñas, deberían  pasar a manos de la Nación. Ahora el contrato se prolongará hasta el agotamiento del yacimiento. Ello no solo significa regalar una infraestructura que vale miles de millones de dólares, sino permitir que se siga extrayendo crudo, que legalmente es ya propiedad de la nación, a una compañía extranjera en tiempos donde el precio de petróleo se ha elevado exponencialmente.

Tal medida representa entregar otros cuantos miles de millones de dólares a la Oxy, pues esta está recibiendo anualmente en ventas 670 millones de dólares. Si el pozo dura diez años produciendo los mismos barriles diarios y si el precio internacional del petróleo no sube, cosa improbable, la multinacional gringa se habrá quedado con 6.700 millones de dólares que nos deberían pertenecer a partir del año entrante.

4. Una Sociedad Non Sancta

Hay otros negocios que la Oxy hace y que las demás empresas petroleras complementan. Uno de ellos es la venta de parte de la propiedad sobre el yacimiento. Después de readquirir la parte de la Shell, por medio de la compra de Colcitco, la cual convirtió en Occidental Andina, OXY vendió, a través de Oxycol, el 6,25% de su propiedad a la transnacional española Repsol YPF. Esa operación al menos le reportó otros 150 millones de dólares. Con ese acuerdo, Repsol entró a participar, como socio minoritario del acuerdo de asociación Cravo Norte constituido entre ECOPETROL, empresa que tiene el 50%, y la Oxy, representada por sus subsidiarias, Occidental Andina, la cual posee el  25%, y Occidental de Colombia, que tiene el 18,75%. 

Actualmente Caño Limón es el segundo yacimiento más importante de Colombia, después de los del Casanare, conteniendo actualmente reservas superiores a los 300 millones de barriles y una producción diaria de 95’000 barriles. Aporta, además, aproximadamente el 30% de la producción nacional.

Otro es la venta de crudo para la exportación, que maneja también con su asociada Repsol. En efecto, para la comercialización en el exterior, Oxycol –sigla de Occidental de Colombia- vende la porción de la producción que le corresponde una subsidiaria de la Repsol Occidental Corporation. Repsol Occidental Corporation es una de las 70 subsidiarias controladas por OXY. Esta compañía tiene matricula en el estado norteamericano de Delaware y es propiedad en un 75% de Occidental Petroleum y en un 25% de la Repsol YPF. Recordemos que Repsol, cuyos principales accionistas son los conglomerados financieros españoles, empezando por el pulpo bancario catalán La Caixa, que tiene el 31% de su propiedad, seguido por el Banco de origen Vasco, llamado Bilbao Vizcaya Argentaria, el cual posee el 9% y por la compañía energética castellana Iberdrola, con el 3,5% de las acciones, tiene una inversión creciente de capital norteamericano. Uno de los poseedores de acciones de esta compañía de esta última nacionalidad es el fondo de inversiones Brandes, que controla el 9,4% de su propiedad accionaria. Además, la compañía petrolera de origen español viene desarrollando una asociación creciente con Occidental Petroleum Corporation.

Con la adquisición de una parte de la propiedad de Caño Limón en 2003, Repsol compró una enorme responsabilidad sobre el genocidio cometido por la multinacional norteamericana contra la población del departamento de Arauca. También se asoció al etnocidio del que han sido victimas los pueblos Guahíbos y U´wa, a la destrucción ambiental originada por la explotación petrolera y al brutal saqueo de los recursos naturales nacionales agenciado por las compañías multinacionales. Por lo demás, se sumó a un proyecto contrainsurgente y de guerra extremadamente agresivo con la población civil.

Repsol YPF posee derechos mineros en Colombia sobre 8 bloques, 7 de los cuales son de exploración. Tiene bajo su control una superficie de 7.862 kilómetros cuadrados. Sus principales campos son Alea, ubicado en el departamento del Putumayo –donde tiene el 50%-, Ligia, en el cual tiene el 33.33% y Alcatraz, con el 33,33%. En Arauca tiene el ya mencionado Cosecha, cuya parte de propiedad es del 25%, San Miguel, Catleya, bloque que tiene 909 kilómetros cuadrados, en el cual posee el 50% de los derechos, que opera en asociación con ECOPETROL, y Capachos, donde posee el 100%. 

Repsol YPF, también es el más importante operador domiciliario de gas natural en el país a través de la empresa Gas Natural. Monopoliza la distribución de este producto en Bogotá, el altiplano cundiboyacense y la región oriental, contando con cerca de 1.5 millones de clientes

Si bien esta empresa ha firmado el Pacto Mundial 66, un pacto más de los tantos que ahora se inventan las empresas para posar que tienen de practicas empresariales éticas, sus actividades en Colombia se desarrollan en regiones donde operan abiertamente grupos paramilitares y hay más violaciones en el país a los derechos humanos de sus pobladores.

En el caso de Arauca ha establecido una alianza estrecha con la Oxy y con su proyecto de militarización de la sociedad departamental. Ha ayudado consistentemente a agudizar los conflictos en Arauca. Por ejemplo, su arribo coincidió con las primeras acciones paramilitares en la población de Tame, uno de los municipios donde hace exploración y explotación de petróleo, allí queda ubicado el bloque Capachos I, y con la agudización del conflicto armado en la región. Igual ha hecho en las zonas del Bajo y Medio Atrato, y el Medio y Alto San Juan, donde también ha habido abundante presencia paramilitar mientras hay exploración y explotación petrolera de Repsol.

Parte de sus actividades se llevan a cabo en el ancestral territorio del Pueblo U’wa. Tres pozos - Capachos, Caño Limón y Catleya- están ubicados muy cerca del actual territorio indígena, mutilado por el gobierno colombiano a propósito con el fin de sacar estas tierras de los resguardos para permitir la actividad de explotación de las multinacionales. Se calcula que en esta zona puede haber unas reservas potenciales de más de 200 millones de barriles de petróleo. Los contratos firmados entre ECOPETROL y Repsol para llevar a cabo estas exploraciones y explotaciones han tenido un carácter secreto, cosa que los U’wa han denunciado reiteradamente.

Con la exploración de Catleya, localizado entre los departamentos de Arauca y Boyacá, han tenido problemas similares. Allí los U’wa no aceptaron la consulta previa, la consideraron sólo un ejercicio informativo sobre la ejecución del proyecto, con lo que llevarla acabo era legitimar el despojo que hace el gobierno de su territorio. En mayo del 2005 se opusieron radicalmente al proyecto Siriri-Catleya declarando que su territorio no estaba en venta ni en negociación. La respuesta del Estado burgués fue declarar que los pueblos indígenas no tienen potestad legal para vetar el proyecto.

5. La Estrategia de Guerra Contra el Pueblo de Arauca

La Occidental ha extraído más de 1.200 millones de barriles de Caño Limón. Su explotación le ha dejado a esta compañía miles de millones de dólares de ganancias. La rentabilidad del campo es enorme pues el petróleo que se extrae es de excelente calidad y su obtención es superficial, lo que abarata considerablemente su costo de producción. Para poder mantener indemne la explotación ha sido necesario recurrir a las medidas represivas más extremas.

A. Expulsar masivamente al campesinado y crear la zona de exclusión. La Oxycol recurrió a la expulsión del campesinado que se encontraba dentro del área de influencia del campo de explotación. Apelando a una ley que le posibilitaba expropiar a los habitantes que se encontraran a cinco kilómetros a la redonda de los límites de los pozos, procedió a sacar violentamente a quienes allí habitaban ancestralmente.

La presión militar, policial y de agencias de seguridad para que los pobladores abandonaran el área se convirtió en lo cotidiano para ellos. Quienes se negaron a salir les fueron quemados sus cultivos, destruidos sus ranchos y acosadas sus familias. Finalmente, Oxy logró su propósito. Despejo el área y la convirtió en una zona de exclusión, verdadero fortín militar, donde los nativos no tienen posibilidad de transitar a no ser que sea por la carretera central, donde abundantes fuerzas militares del Estado oligárquico colombiano, verdadero ejercito privado al servicio de la multinacional, en compañía de agencias de seguridad privada contratadas por la petrolera, realizan estrictos controles de identificación y tráfico, por una vía pública, dominada virtualmente por la compañía gringa.

Quien transita por la carretera que atraviesa el complejo debe hacerlo en un tiempo específico. Este es controlado mediante una boleta recibida a la entrada y sellada a la salida. Si el transeúnte se demora mucho es detenido por estar espiando el campo y si se demora poco menos de lo establecido es multado por infringir las normas de velocidad establecida para los vehículos.

La zona de exclusión impide la libre circulación de personas a tal punto que los intrusos son considerados enemigos a los cuales hay que matar. Por ejemplo, en 2003, mientras pretendía cazar un chigüiro, roedor que abunda en las tierras pantanosas de Arauca y altamente apetecido por los habitantes de la región, fue asesinado por el ejército colombiano un joven, quien violó la prohibición de entrada a la zona de exclusión.

B. Apoyar directamente la acción militar. Occidental Petroleum se ha involucrado directamente en la guerra en Colombia a pesar de que ha firmado los pactos éticos, de buen gobierno y de guardar compostura internacional habidos y por haber, como lo han hecho hipócritamente casi todas grandes las multinacionales. Participa en el diálogo regulado por los “Principios Voluntarios sobre Seguridad en el Sector de la Extracción”, el cual reglamenta la valoración de riesgos y la interacción con la seguridad pública y las fuerzas de seguridad privadas. Tiene redactada una política global de buen vecino y un código de conducta empresarial que supuestamente la obligaría a actuar de una forma socialmente responsable, cosa que de ninguna manera ha hecho. Basta decir que no ha cumplido ninguno de estos pactos en Arauca. Su firma únicamente sirve para propagandizar su emblema de empresa “limpia” y para exhibir una imagen pública aceptable a círculos gubernamentales específicos y a algunas organizaciones no gubernamentales.

La realidad es otra. Oxycol se ha dedicado a promover la guerra en Colombia a fin de asegurar sus intereses estratégicos, garantizar tasas crecientes de ganancia y un flujo permanente de crudo hacia el exterior. El 12 de diciembre de 1996, la Asociación Cravo Norte, que es la que opera el yacimiento de Caño Limón, propiedad de ECOPETROL en un 50%, Occidental Petroleum en un 43,8% y Repsol en un 6,2%, firmó un "acuerdo de colaboración" para dar ayuda a las unidades de la XVIII Brigada que actuaran al interior o cerca de la zona de exclusión.

Bajo ese acuerdo ha proporcionado ayuda económica, logística, incluidos helicópteros de transporte, e infraestructural a varias unidades militares que se encuentran operando en la zona, las cuales tienen un impresionante record de violación de derechos humanos, estrechos vínculos con grupos paramilitares y amplios precedentes de ataques injustificados a la población. El mismo acuerdo incluyó un desembolso anual de dos millones de dólares para las fuerzas militares colombianas, además de apoyo logístico, el cual alcanzó un monto de 750.000 dólares.

También, según Amnistía Internacional, ha captado apoyos para que se proporcione ayuda militar a las fuerzas de seguridad colombianas y proporcionado financiación para la unidad especial de la Fiscalía General, denominada “estructura de apoyo”, ente que ha llevado a cabo, con las otras instituciones represivas del Estado oligárquico, las detenciones masivas ocurridas en el departamento. De igual manera ha actuado la empresa estatal de petróleos, ECOPETROL, la cual ha financiado con abundante dinero a las fuerzas armadas que patrullan la región.

Oxycol tenía, así mismo, un contrato de vigilancia y monitoreo aéreo con una empresa norteamericana llamada Airscan, la misma que actuó en Santo Domingo,  contrato que fue traspasado a la Fuerza Aérea Colombiana, como si esta fuera una agencia privada, pagado ahora por ECOPETROL.

Por lo demás, la multinacional emplea agencias de seguridad privada, que actúan juntas con el ejército, están integradas a las redes de inteligencia civil, conocidas como red de informantes, y se han visto implicadas en actos de violencia y violación de derechos humanos a la población.

Oxycol no sólo ha convertido a Caño Limón en un fuerte militar, en el cual están estacionadas permanentemente unidades del ejército colombiano, sino también en una base de operaciones áreas desde donde despegan aviones y helicópteros militares, que realizan misiones de inteligencia, bombardeo y ametrallamiento en todo el departamento. Fue desde allí donde decoló el avión que dio las coordenadas para el bombardeo de Santo Domingo.

Otra forma de sufragar la guerra por parte de estas multinacionales es a través del llamado impuesto de guerra, establecido por el gobierno colombiano en 1992. Oxycol, Repsol y otras empresas de la industria petrolera han proporcionado una gigantesca financiación a la maquinaria de guerra y a los aparatos represivos del Estado oligárquico colombiano. El monto que han pagado equivale más o menos a un dólar por barril, con lo cual la asociación Cravo Norte cancela ahora al Estado un monto aproximado de 33 millones de dólares anuales por este gravamen.

C. Intervenir militarmente a través del Plan Colombia. El conflicto desatado en el departamento de Arauca, originado por la política de la OXY, la cual quiere extraer lo más rápidamente posible el petróleo de nuestro subsuelo sin dejar beneficio alguno ha cambio, tan sólo la ruina, la violencia y el daño medioambiental, ha encontrado seria resistencia en el pueblo araucano. Con el paso del tiempo, la multinacional gringa, junto a la BP, la Chevron Texaco y la Repsol, han transformado esta contienda en internacional.

Allí ha intervenido principalmente el gobierno de los Estados Unidos a fin de defender los intereses de sus empresas petroleras, asegurar el control de la región, que se erige en un importante punto de convergencia de diversos y contradictorios poderes y de construir una barrera de contención al proceso bolivariano, que se viene desarrollando en la vecina Venezuela. Recordemos que Arauca es una de las zonas limítrofes más importantes entre Colombia y Venezuela y es otro punto más de conflicto dentro del complejo ajedrez político que se vive en la geopolítica de la Orinoquía, región que evidentemente es de gran atracción para el gobierno de Bush, el cual la ha declarado objetivo estratégico por aquello de poseer una de las reservas petroleras más grandes del mundo.
 
En ese medio, las respuestas dadas tanto por los Estados norteamericano y colombiano, éste último ampliamente dependiente del primero, como de la OXY, no se hicieron esperar. La militarización creciente de la región para garantizar la extracción de oro negro y las ganancias de la multinacional norteamericana fue el camino escogido. Tal cosa se llevó a cabo a través del Plan Colombia.

Efectivamente, los altos funcionarios de la Occidental Petroleum cabildearon intensamente en Washington ante el gobierno de Bill Clinton y el Congreso de los Estados Unidos para que tal proyecto militar se llevara a cabo a fin de proteger sus intereses.   

En compañía de funcionarios de la BP movieron importantes piezas para darle vida al más importante de los proyectos contrainsurgentes llevados a cabo en Colombia. Ya en 1996, habían creado, en compañía de dueños de otras petroleras estacionadas en nuestro país, la Colombia Business Partnership con el fin de incrementar considerablemente el apoyo militar norteamericano al gobierno colombiano.

Según Amnistía Internacional, en febrero de 2000, un alto funcionario de OXY, llamado Lawrence Meriage, quien en ese tiempo era vicepresidente para servicios ejecutivos y asuntos públicos de Occidental Oil and Gas Corporation, expuso ante el Subcomité de Justicia Penal, Política de Drogas y Recursos Humanos del Congreso estadounidense el siguiente argumento: "la batalla contra el narcotráfico no puede ganarse sin una fuerza militar más potente, mejor equipada y altamente disciplinada". Seguidamente exhortó a los congresistas "a asegurarse de que el paquete de ayuda que de aquí surja garantiza un cuidadoso equilibrio entre el apoyo a la Policía Nacional de Colombia y al ejército". Igualmente instó al Congreso "a considerar el apoyo a las operaciones contra el narcotráfico tanto en las regiones del norte como en el sur. Esto ayudará a aumentar la seguridad para los proyectos de desarrollo petrolífero". (23)

Pero ¿Qué tiene que ver el combate militar contra el narcotráfico con las explotaciones petroleras en Colombia? ¿Por qué el señor Meriage dice que el apoyo a las operaciones contra el narcotráfico debe hacerse tanto en el norte como en el sur y que el paquete de ayuda debe guardar un cuidadoso equilibrio entre la policía y el ejército? ¿Cómo ese combate al narcotráfico puede aumentar la seguridad de los proyectos petroleros? Indudablemente el Plan Colombia tenía un pretexto inicial que era combatir el narcotráfico, pero su verdadera intención, que en esta declaración desnuda claramente el señor Meriage, iba orientada a combatir la insurgencia, a la cual el no menciona, y a proteger las instalaciones y explotaciones petroleras norteamericanas en Colombia. Como la principal de ellas, Caño Limón, queda en el norte, el enviado de la OXY recalca la necesidad de trasladar la intervención militar gringa allí. Y luego reafirma el “cuidadoso equilibrio” que se debía guardar en la “ayuda” militar norteamericana entre policía y ejército, pues esa segunda fuerza militar debía recibir el armamento estadounidense especialmente para garantizar la extracción y exportación de crudo, a través del oleoducto Caño Limón-Coveñas.

Por tanto, al dedicar la primera potencia mundial un importante esfuerzo militar a la protección de sus compañías petroleras en Arauca, se estaban garantizando sus crecientes utilidades, abultadas gracias al alza rampante de los precios internacionales del petróleo, y una fuente segura de abastecimiento de energía para el mercado interno de los Estados Unidos. La inestabilidad social y política y la inseguridad reinante en los países del Cercano y Medio Oriente, los más importantes proveedores de petróleo de Occidente, y la posible confrontación con el gobierno venezolano de Hugo Chávez, le dan relevancia al crudo araucano. Por ello, primero el gobierno de Clinton y luego de Bush, decidieron intervenir militarmente a fondo en el departamento.

Igualmente, a fin de sacarle partido económico a su intervención, obligaron a los últimos tres gobiernos colombianos a cambiar la legislación petrolera y los contratos de asociación, aumentando en ellos la utilidad para las multinacionales, lo que, a su vez, ha incrementado, en medio de la guerra, el interés de otras transnacionales por explorar y explotar los recursos energéticos nacionales.

La presión de las petroleras, y especialmente de los funcionarios de la OXY, sobre el Congreso norteamericano dio sus frutos en julio de 2002. En ese año, el legislativo aprobó utilizar la ayuda militar en Colombia para combatir a "organizaciones designadas como organizaciones terroristas”, eliminando así una cláusula que limitaba su uso a la persecución al narcotráfico.

En efecto, en 1994 se había suspendido la ayuda militar directa de Estados Unidos a las fuerzas armadas oligárquicas colombianas, más no la encubierta, motivada por el pésimo estado de los derechos humanos en el país y por las atrocidades cometidas contra la población por parte de las fuerzas armadas, los organismos de seguridad del Estado y las fuerzas paramilitares.

La brutal e indiscriminada violencia contra la población, que se ha sostenido en el tiempo, es fruto de la alianza pactada entre las clases dominantes y los sectores de narcotraficantes y paramilitares, los cuales emergían; dicho acuerdo se había trasladado al campo económico, social, político y militar. Así, la gran burguesía financiera, los terratenientes, los gamonales y políticos, los militares y las altas autoridades del Estado apoyaron sustancialmente a los grupos paramilitares, convirtiendo este soporte, como recientemente lo confesó Salvatore Mancuso, en una política de Estado, la cual también ha contado con el sustento irrestricto de las principales multinacionales que actúan en Colombia y la complicidad y sostén encubierto del gobierno de los Estados Unidos y de sus organismos militares y de seguridad. 

El escalamiento del conflicto bélico, la debilidad política y militar de la burguesía y la presión de las multinacionales para intervenir masivamente en materia militar en Colombia, le dio un viraje a la política del Estado gringo. En el año 2000, actúa desembozadamente y decide el gobierno de Clinton, a pesar de las inobjetables pruebas de la vinculación de militares y paramilitares en operaciones contrainsurgentes violatorias de toda legislación nacional e internacional, y de abrumadores indicios de la existencia de una tenebrosa alianza entre sectores oligárquicos y paramilitares, aprobar un multimillonario programa de intervención militar en Colombia por 1.300 millones de dólares, destinado en su mayoría al ejército, denominado Plan Colombia. Las restricciones aplicadas por el Congreso de los Estados Unidos en relación con la salvaguarda de los derechos humanos nunca fueron aplicadas, alegando el ejecutivo motivos de seguridad nacional estadounidense.

Por primera vez, en los últimos años, se declaraba la intervención militar norteamericana en Colombia como parte de una acción contrainsurgente en gran escala, lo cual incluía el combate directo a las organizaciones guerrilleras. Tales operaciones han tenido como centro, por una parte, la financiación de gigantescos operativos militares y de actividades contrainsurgentes como las de las llamadas brigadas cívico-militares, por otra, la intervención militar, lo que ha implicado la participación directa en el conflicto a través de la presencia de asesores militares de ese país en los teatros operacionales de guerra, en la protección de las instalaciones y explotaciones petroleras de Caño Limón y del oleoducto, propiedad en gran medida de la OXY. En efecto, en Arauca ha desembarcado personal militar estadounidense con el fin de entrenar a comandos de la XVIII Brigada. En enero de 2003, 60 miembros de las fuerzas especiales estadounidenses arribaron al departamento para unirse a los 10 que ya estaban allí cumpliendo esa misma labor.

La estrategia del gobierno de Bush es de tal agresividad que entre 2002 y principios de 2004 entregó al gobierno de Uribe Vélez más de 1.900 millones de dólares en “ayuda” militar, parte de la cual fue dedicada a proteger las operaciones de la Occidental en Colombia. Semejante monto convirtió al Estado Colombiano en el tercer receptor más importante de pertrechos militares estadounidense, después de Israel y Egipto.

La protección militar de las instalaciones de la OXY ha sido acompañada por la donación de cuantiosas sumas para el equipamiento de cuerpos de ejército. Por ejemplo, tan sólo en 2003 fueron aprobados por el gobierno de los Estados Unidos 99 millones de dólares para proteger el oleoducto. Esa partida se utilizó para comprar helicópteros, pagar servicios de formación e inteligencia, comprar material militar para la XVIII Brigada y financiar la creación de una nueva Brigada Móvil, la número 5, dedicada inicialmente a  patrullar el oleoducto.

En febrero de 2004, tras otra cuantiosa inversión del gobierno y del ejército de los Estados Unidos, fueron inauguradas las instalaciones para la protección de la infraestructura económica del oleoducto Caño Limón-Coveñas, ubicadas en Saravena. Las instalaciones dan apoyo actualmente al ejército reaccionario y consisten en un hangar y una rampa con área para abastecimiento de gasolina, bodega para municiones, etc. y tienen capacidad para alojar diez helicópteros y la sede administrativa de las mencionadas instalaciones. Además, se construyeron tres cuarteles para alojar a 120 soldados y contratistas de seguridad privada.

Poco más de un año después, a finales de mayo de 2005, el gobierno imperialista donó al gobierno lacayo de Colombia seis helicópteros, dos UH60 Blackhawk y cuatro UHII Iriquios, que serán utilizados exclusivamente para apoyar las actividades de la XVIII Brigada del Ejército con el fin de proteger el tramo de 174 kilómetros que recorre en Arauca el oleoducto Caño Limón-Coveñas. Hasta principios de 2005, el gobierno de Estados Unidos había gastado72 millones de dólares en cuidar los intereses de la OXY en el mencionado departamento. El operativo contrainsurgente ha logrado disminuir sensiblemente las voladuras del oleoducto en los últimos tres años, con lo que la multinacional norteamericana ha podido exportar tranquilamente el petróleo colombiano y obtener jugosas ganancias por ello.

Con tal de salvaguardar los intereses de la OXY en Colombia, hasta las mismas normas internas impuestas por el Congreso de los Estados Unidos para regular la entrega de su “ayuda” militar al Estado oligárquico colombiano han sido violadas por los gobiernos de Bush y Clinton. Tanto el gobierno como el ejército oligárquico colombianos han incumplido las condiciones fijadas en materia de derechos humanos para poder recibir los pertrechos militares gringos. Sin embargo, tanto Clinton como Bush se los han entregado una y otra vez sin reparo. Ejemplo de ello es que en agosto de 2002, el gobierno Bush decidió repetir una vez más no aplicar los requisitos sobre derechos humanos necesarios para obtener la certificación que posibilitaba la entrega de la mencionada “ayuda”.

Los intereses del imperio sobrepasan cualquier imperativo moral. Para 2003, los legisladores del norte introdujeron una modificación a la anterior norma que regulaba la “ayuda” militar, por medio de la cual redujeron el cumplimiento de los requisitos en derechos humanos a únicamente el 25% del monto destinado a seguridad, mientras que anteriormente se aplicaba al 100%. La razón: la protección global de los intereses de los dueños de los grupos financieros y multinacionales que operan globalmente y que tienen su matriz en los Estados Unidos, entre ellas la OXY.

D. Crear teatros operacionales de guerra mediante el empleo de legislaciones especiales. Para tener un marco institucional desde donde legitimar los atropellos contra la población y facilitar la opresión política y la abolición de toda libertad democrática que hubiese en el país, la militarización y el accionar paramilitar, el gobierno fascista, encabezado por Álvaro Uribe Vélez, declaró el estado de Conmoción Interior el 11 de agosto de 2002, tres días después de haberse posicionado.

El uso de los estados de excepción no es nuevo en Colombia. En los últimos 70 años hemos permanecido casi todo el tiempo en ellos, amén de que las normas dictadas cuando éste rige se han ido incorporando recurrentemente a la legislación permanente. La vigencia de estados de emergencia ha implicado la supresión de las garantías constitucionales, el ejercicio del gobierno por decreto y el otorgamiento a las fuerzas armadas de amplios poderes para actuar a sus anchas.

El estado de emergencia le permitió, el 9 de septiembre del mismo año, promulgar el decreto 2002 que creaba las zonas de rehabilitación y consolidación, daba al ejército poderes de policía judicial y se empadronaba a la población. El establecimiento de estas zonas implicaba una doble excepcionalidad en el ejercicio de los derechos constitucionales. La primera, la que se derivaba de la aplicación del Estado de Conmoción Interior, que se aplicaban a la población de todo el país, y la segunda, la que se desprendía de la aplicación de medidas aun más extraordinarias y contundentes, que regían en las llamadas Zonas de Rehabilitación y Consolidación.

Esta medida se sumaba a las restricciones ya impuestas por el estado de excepción que otorga suprapoderes a las fuerzas militares tales como limitar la libertad de movimiento y residencia de la población, imponer una censura disimulada a los medios de comunicación, los cuales están obligados a impedir la transmisión de información considerada por el gobierno como “sensible”, eliminar las reuniones y manifestaciones, interceptar comunicaciones y realizar detenciones preventivas sin orden judicial. A pesar de que la mayor parte del decreto fue declarado inconstitucional por la Corte, el gobierno de Uribe Vélez siguió aplicando su política de guerra sin ningún límite.

Su gobierno estableció el 21 de septiembre de 2002 las Zonas de Rehabilitación y Consolidación de los departamentos de Sucre y Bolívar, ubicada en los Montes de Maria, y la del departamento de Arauca. Estas incluían 29 municipios. Dieciséis en Sucre, diez en Bolívar y tres en Arauca. Allí el mando del ejército asumía el control de todas las fuerzas armadas, incluida la policía, y se sobreponía absolutamente sobre la autoridad civil.

En Arauca fueron incluidos en la zona de rehabilitación y consolidación Saravena, Arauquita y Arauca, que son los municipios que hacen parte del cinturón petrolero, donde se encuentra ubicado el yacimiento de Caño Limón- y son precisamente los entes territoriales donde nace el oleoducto de Caño Limón-Coveñas. Curiosamente, los municipios por donde tiene su tramo final el mismo oleoducto, situados en el litoral caribe colombiano, también fueron declarados parte de una de las dos zonas de rehabilitación y consolidación, lo que muestra hasta donde llega el poder de OXY en Colombia.

Si bien la confrontación militar y la violencia sobre la población se había extendido a todo el departamento, inclusive la violencia paramilitar era más fuerte en Tame que en cualquier otro lugar, el gobierno de Uribe limitó la zona de rehabilitación y consolidación a los tres municipios mencionados, donde históricamente han tenido una fuerte presencia las organizaciones sociales,  operan las principales compañías petroleras y hay significativa actividad guerrillera. Los otros cuatro municipios, donde había una fuerte presencia paramilitar, fueron excluidos. Al interrogársele al gobernador de Arauca por tan particular preferencia del gobierno de Uribe éste respondió a Amnistía Internacional que "el Gobierno así lo decidió. Ellos hicieron un análisis minucioso de la situación y hablaron con mucha gente, y se llenaron de motivos. Con seguridad, lo que concluyeron es lo mejor".

Arauca, en particular, se convirtió en el campo de pruebas para experimentar este tipo de políticas brutalmente represivas agenciadas por el gobierno de Uribe Vélez. Esas políticas implicaban detenciones arbitrarias en masa, violaciones sistemáticas de los derechos humanos, torturas, asesinatos, desapariciones, amenazas, acoso y todo tipo de atropellos en gran escala contra la población, los activistas sociales, políticos y defensores de derechos humanos a pesar de que el gobierno decía establecerlas para reducir la violencia.

En el departamento se tomaron medidas extremas posibilitadas por la excepción. Las personas que quisieran abandonar la zona tenían que informar su salida a los militares con dos días de anticipación. Todo el mundo debía portar sus documentos de identidad. Quien infringiera cualquiera de estas dos medidas podía ser arrestado por 24 horas. Los extranjeros que quisieran visitar Arauca deberían atenerse a las restricciones vigentes tales como pedir autorización al gobernador, que en ese momento era un militar, ocho días laborables antes de la visita y si deseban ir a otro departamento necesitaban autorización del Ministerio del Interior. Además, debían presentarse ante los militares cuando estos los requirieran. Quienes no cumplieran estos requisitos eran expulsados. Con estas medidas el gobierno pretendió restringir el acceso a Arauca de los internacionalistas y defensores de derechos humanos. El ridículo argumento exhibido por Uribe Vélez para imponer estas medidas habla por si mismo. Se trataba de “evitar la presencia de criminales extranjeros que entren, den instrucción o se unan a las acciones de las organizaciones criminales que existen en el país, circunstancia que justifica la comparecencia de los extranjeros ante las autoridades".

El 29 de abril de 2003, la Corte Constitucional tumbó el estado de conmoción interior y dejó sin vigencia todos los decretos relacionados con él, incluido el que ordenaba las zonas de rehabilitación y consolidación. Sin embargo, esta decisión en nada cambió la situación en Arauca. Allí las fuerzas armadas siguieron practicando, en asocio con grupos paramilitares, su política de tierra arrasada y de “limpieza del territorio” para permitir la libre operación de la OXY y sus asociadas, ECOPETROL y Repsol. En la práctica, las medidas tomadas en el tiempo de vigencia de las mencionadas zonas siguieron siendo utilizadas por los organismos represivos. Los ataques de todo tipo contra la población continuaron, igual que contra los activistas sociales, políticos y defensores de los derechos humanos, a quienes el gobierno, en cabeza de su presidente, y las fuerzas armadas acusan frecuentemente de ser terroristas.

El único resultado obtenido en la aplicación de las medidas represivas extremas ha sido el de aumentar las violaciones de los derechos humanos, incrementar la violencia y el desplazamiento que sufre la población, facilitar el silencio para que no se produzcan denuncias a dichas violaciones, garantizar la impunidad de quienes incurren en esas conductas e infringen el derecho internacional humanitario y posibilitar la operación de las compañías petroleras, la exportación de crudo y el incremento del beneficio de estas. Las medidas de excepción ni siquiera pudieron servir para cumplir con uno de los objetivos centrales para las cuales las había trazado este régimen: vincular a los civiles a la guerra apoyando la política guerrerista impuesta por la alianza oligárquica, su Estado, las multinacionales y el gobierno norteamericano.

E. Militarización generalizada. La OXY y sus aliados, no contentos con haber vuelto a Caño Limón una base militar inexpugnable, decidieron transformar a Arauca en el principal teatro de operaciones militares en Colombia. Al mismo tiempo lo convertían en la zona donde mayor represión se ejerce sobre la población y, por ende, la más militarizada del país.

Tal medida fue tomada por la importante resistencia ofrecida por las organizaciones sociales de la región a las políticas de saqueo de los recursos naturales, la destrucción ambiental ocasionada por la explotación del petróleo y la persecución criminal desatada por la multinacional estadounidense y por el escalamiento del conflicto armado en la región entre fuerzas revolucionarias y las fuerzas armadas del estado oligárquico, apoyadas por el gobierno de los Estados Unidos. Mientras OXY se lucraba enormemente, la situación económica, política, social y cultural de la región empeoraba a pesar de los enormes flujos de recursos recibidos por el departamento. Según el diario colombiano El Tiempo Arauca había recibido, hasta el año 2004, 1.300 millones de dólares en regalías, las cuales casi en nada habían contribuido al desarrollo de la región, más bien han ido a parar al bolsillo de los gamonales y políticos corruptos, que han manejado los cuantiosos recursos recibidos por la región desde mediados de la década del ochenta.

Por la misma época, crecientes fuerzas guerrilleras operaban en la región y dificultaban enormemente la extracción de crudo. Algunas de ellas, como el Ejército de Liberación Nacional, ELN, centraron su accionar y su reivindicación fundamental en la nacionalización del petróleo y en la lucha contra las acciones depredadoras de la OXY. Su táctica, de volar el oleoducto para impedir la extracción del vital combustible, dio resultado, a tal punto que, en 2003, la producción de petróleo se detuvo por completo durante ocho meses.

Entonces, la militarización fue fundamentada en una estrategia que pretende contener el avance de la guerrilla, para luego derrotarla por la fuerza, y en quebrar la fuerte resistencia ofrecida por la población, a través de sus organizaciones sociales, a la política de la OXY, ECOPETROL, Repsol y del gobierno colombiano. Este último, con apoyo cada vez más importante del gobierno de los Estado Unidos y de las multinacionales petroleras, aprovechando las medidas de excepción para las zonas de rehabilitación y consolidación, trazó una política de escalamiento total de la guerra en el departamento.

No se limitó a incrementar el pie de fuerza sino que intentó vincular a programas militares a parte de la población. Entre los programas implementados para cumplir tal propósito están los de soldados campesinos, soldados por un día, la red de informantes y la constitución de un cuerpo de civiles obligados a colaborar con los militares.

La mencionada estrategia empezó por reforzar la brigada del ejército que opera en el departamento: la XVIII Brigada. Esta tiene su base en Arauca capital y está compuesta por varios batallones y unidades especiales entre los que se encuentran el Batallón de Contraguerrillas Número 46 "Héroes de Saraguro", ubicado en Arauquita, el Batallón de Ingenieros Número 18 "Navas Pardo", situado en Tame, el Batallón de Contraguerrillas Número 49 "Héroes de Tarazá", con base en Fortul, y el Grupo de Caballería Mecanizado Número 18 "General Rebeíz Pizarro", estacionado en Saravena. Luego se pasó a apuntalar aun más este dispositivo con nuevas unidades del ejército, añadiendo a las ya existentes la fuerza de despliegue rápido –FUDRA- y varias brigadas móviles, como la número 5, otras unidades fluviales adscritas a la Brigada de Infantería de Marina, más cuerpos de inteligencia militar y de seguridad del Estado, policía adicional y nuevos escuadrones antimotines para combatir las protestas de la población.

Las operaciones de la brigada XVIII son financiadas en buena parte por dineros entregados por el gobierno de los Estados Unidos, por medio del Plan Colombia, y aportes de las tres empresas que toman parte en la Asociación Cravo Norte, a saber la OXY, ECOPETROL y Repsol. Según diversos organismos nacionales e internacionales de defensores de derechos humanos y de monitoreo a la situación de desplazados y de otros grupos vulnerables, existen abrumadoras pruebas de que esta brigada ha cometido sistemáticas violaciones a los  derechos humanos, como homicidios, torturas y desapariciones, y a los derechos constitucionales de los pobladores de Arauca y ha efectuado sus actividades en estrecha colaboración con grupo paramilitares, a los cuales ha patrocinado, instigado y secundado en la ejecución de los peores crímenes.

Una de las tácticas usadas por los militares para atacar a la población es la identificarse como paramilitares. Intentan con ello disimular su identidad y crear confusión. Hay muchos  ejemplos al respecto. Mencionemos algunos ocurridos en 2003. El 20 de enero, en Alto Cauca, Pueblo Seco y Alto Cusay, en Tame, miembros de la Fuerza de Despliegue Rápido se identificaron como paramilitares, patrullaron encapuchados y retuvieron, interrogaron y golpearon a campesinos amenazándolos con cometer una matanza, diciéndoles que "vinimos con el ejército y nos dejaron aquí con la misión de entrar a Botalón a matar a un poco de gente y hasta que no cumplamos nuestro objetivo no nos podemos ir". Entre el 30 de marzo y abril 3, tropas del Batallón Navas Pardo hicieron presencia como paramilitares en el resguardo indígena de Velasqueros, en Tame, amenazando a miembros de esa comunidad. El mismo 30, un grupo de soldados entró en la comunidad de Betoyes, en Tame, mientras a nombre de los paramilitares asesinaban a Luís Eder Arévalo. El 27 y 28 de abril, miembros del mencionado batallón entraron como paramilitares a la comunidad de Flor Amarillo, ubicada en el municipio de Tame,  y saquearon casas y comercios. Después de estas operaciones, testigos afirman haber encontrado brazaletes reversibles, con la identificación de la XVIII Brigada en un lado y la de las AUC en el otro. En mayo de igual año, soldados que se identificaron como paramilitares violaron y mataron a una adolescente embarazada y a tres niñas en esta misma zona.

Otra táctica empleada ha sido la de vincular forzosamente al ejército campesinos como soldados. Este programa, llamado de soldados campesinos, fue lanzado por el gobierno de Uribe inmediatamente se posicionó, en agosto de 2002. Ambicionaba éste incorporar en todo el país, en su primer mandato, a 100.000 “voluntarios”, quienes actuarían en sus veredas, corregimientos o municipios. En realidad, están actuando en muchos casos como soldados regulares. El programa en Arauca ya se había extendido a todos sus municipios en el año 2003. En 2004 aumentó su pie de fuerza, supuestamente con el fin de contribuir a superar la grave situación de seguridad por la que atravesaba el departamento.

El objetivo del programa es obligar a familias de la zona a vincularse al dispositivo militar gubernamental y con ello transformarlos en blanco de la guerrilla, lo que los obligaría a ligarse, para garantizar su protección, cada vez más a redes de informantes de las fuerzas armadas y a grupos paramilitares, abriendo, de esa manera, una brecha muy grande en territorios donde la insurgencia tiene sólido apoyo de la población. El propósito queda claro en palabras de un oficial del ejército, quien mencionó que si se multiplica el número de soldados campesinos por el número de familiares y amigos de éstos, se puede crear fácilmente una red de informantes que abarque todo un municipio.

Esta también es una forma de institucionalizar a los grupos paramilitares, pues ellos, a través del programa de soldados campesinos, pueden fácilmente vincularse directamente a las fuerzas armadas. Existen fuertes indicios de que ello ocurre en Arauca. Una de las pruebas que se ha presentado para soportar tal afirmación es que las primeras unidades de dicho tipo de servicio militar se crearon en Tame, Puerto Rondón y Cravo Norte, los municipios donde precisamente consolidaron su posición los paramilitares tras haberse llevado a cabo, por parte de las fuerzas militares, la Operación Arawac.

Una forma más que toma esta es la de aterrorizar a la población a través de operativo gigantescos en los cuales detienen indiscriminadamente a cientos de personas, las concentran en recintos cerrados, a la usanza de Pinochet, las marcan con tinta indeleble, las interrogan y a algunas de ellas las judicializan.
Existen otras formas táctica de terror es la de los registros voluntarios, que son allanamientos sin orden judicial donde se le intimida a la persona para que acceda “voluntariamente” al cateo de su casa a fin de saber que labores realiza, poder registrarla en la base de inteligencia de las fuerzas armadas y ver si le pueden encontrar algún vinculo con las fuerzas insurgentes. El procedimiento comienza cuando los soldados, en despliegue de combate, llegan a una casa y piden "permiso" para registrarla. Si quien la habita no acepta, lo amenazan para lograr hacerlo. Como la mayoría siente pánico ante la presencia en su casa de un operativo militar y, además, tienen temor de ser tachados como guerrilleros, consienten.

El registro no sólo comprende revisar toda la casa sino un interrogatorio a fondo de todos los que se encuentren allí. Una vez terminado, los soldados obligan al allanado a firmar dos documentos: uno en el que acepta que el registro fue voluntario y otro en el que manifiesta el buen trato que le han dado. De acuerdo con informes de Amnistía Internacional, durante la vigencia de la zona de rehabilitación y consolidación en el departamento, se llevaron a cabo 294 registros normales y 1.078 "registros voluntarios". Estos últimos le permitieron al ejército almacenar en inteligencia militar los datos de 49.000 personas. Hasta el Comité Regional de Derechos Humanos "Joel Sierra" fue victima de este procedimiento. El 12 de diciembre de 2003, la policía llevó a cabo un registro "voluntario" en sus oficinas sin ningún resultado.

Uribe Vélez la ha dado un poder omnímodo en algunas zonas a las fuerzas armadas reaccionarias. En Arauca les ha dotado de una autonomía completa. Para el régimen, Arauca es el laboratorio de prueba de las múltiples “innovaciones” que quieren hacer en el campo de la guerra.  Una de ellas es que el ejército tenga poderes de policía judicial con lo cual podría, sin límite alguno, registrar casas, detener a individuos, interceptar comunicaciones sin orden judicial, levantar los cadáveres que ellos mismos ejecutan y llevar a cabo procedimientos, investigaciones y conseguir las pruebas judiciales de todo tipo en zonas de combate o de orden público, como es el caso del departamento en cuestión.

Tal cosa permite realizar labores de inteligencia, judicializaciones con evidencias vagas, hostigamientos, montajes, atentados, desapariciones y asesinatos contra los opositores al gobierno, los líderes sociales y los defensores de derechos humanos, con lo que su condición se agravará. Evita, además, que los miembros del ejército sean investigados por violaciones de derechos humanos, pues son ellos mismos los que levantan las pruebas en las investigaciones que se llegaren a efectuar, si es que se hace alguna.

F. Incorporar la población a la guerra. El propósito del gobierno encabezado por Uribe Vélez y quienes lo apoyan, las multinacionales, el gobierno de los Estados Unidos, la oligarquía colombiana, los paramilitares, gamonales y políticos reaccionarios, ha sido el de vincular una buena parte de la población al bando fascista de la guerra. Ese bando comprende la organización militar de los de arriba, en este caso apoyados por una parte de la población, la cual se ve arrastrada forzosa o voluntariamente a ser parte del conflicto, con el fin de confrontar bélicamente a los de abajo. De esa propuesta hacen parte dos de los programas aplicados en Arauca. El primero, el de la red de informantes y, el segundo, el de soldados por un día.

La red de informantes fue creada para que desertores de la guerrilla, paramilitares, delincuentes y toda clase de elementos descompuestos sirvan a la inteligencia militar ya sea reuniendo y transmitiendo información o haciendo operaciones encubiertas como escuadrones de la muerte.

La idea del grupo encabezado por Uribe Vélez era la conformar un basto grupo de espías sin escrúpulos que operaran a nivel nacional, asentados en algunas organizaciones ya existentes y otras por crear, como son: las Juntas de Acción Comunal, los Frentes Locales de Seguridad, la Red Empresarial de Seguridad Ciudadana -compuesta por empresas de seguridad privadas-, la Red Ciudadana de Informantes en las Carreteras y de Conductores -en la que participarían conductores de taxi y autobús-, la Red Ciudadana de Policías Cívicos, la Red Ciudadana de Miembros de la Defensa Civil Colombiana y la Red "Servicios Especiales y Comunitarios de Seguridad", que actúa en zonas de alto riesgo.

De acuerdo con declaraciones del gobierno oligárquico, a principios de 2004 había más de 1,8 millones de personas englobados en estas organizaciones, las cuales se habían puesto bajo la dirección del ejército y la policía. Este tipo de proyecto militar y político denota la construcción típica de la ideología fascista. Debería, según sus ideólogos, ser muy eficaz a la hora de  erradicar la subversión, entendida esta palabra, por ellos, como el conjunto de organizaciones sociales y políticas de oposición, los activistas de derechos humanos, críticos del gobierno de Uribe y los grupos de izquierda alzados en armas. La promoción de tan aberrante idea hizo que el ejército introdujera el "lunes del informante", una ceremonia televisada en la que encapuchados recibían recompensas en dinero de un alto mando de las fuerzas armadas. Las críticas generalizadas en el interior y exterior de la nación forzaron al gobierno a abandonar este tipo de espectáculos denigrantes.

En Arauca, la información falsa ofrecida por la  red de informantes ha llevado a la cárcel o a la muerte a centenares de activistas sociales y políticos o a defensores de derechos humanos. Eso muestra lo poco fiables que son los testimonios de informantes pagados y anónimos. Los testimonios rendidos por estos son elaborados por la inteligencia militar o motivados por las recompensas o influidos por rencillas o intereses personales. Sin embargo, el fracaso de estas en el departamento ha sido evidente por la falta de vinculación de gente de la región.

En octubre de 2003, la embajada de los Estados Unidos en Colombia y el Comando Sur del ejército de ese país entregaron al gobierno de Uribe Vélez 825.000 dólares para financiar proyectos de “asistencia humanitaria” los cuales, en su mayor parte, han sido ejecutados por el ejército colombiano. Cabe destacar como el Grupo Militar de la embajada imperialista y sus Fuerzas de Operaciones Especiales están patrocinando la reparación de escuelas y el suministro de materiales escolares en Arauca mientras promueve el programa de “soldado por un día”. 

El programa fue ejecutado por el Grupo de Operaciones Sicológicas –GEOS- del ejército colombiano. Fue inaugurado en el Batallón Rebeíz Pizarro, situado en Saravena, en noviembre de 2002. Mediante este se obligaba a los niños de escuelas públicas y privadas del mencionado municipio a acudir al batallón donde, según el informe de Amnistía Internacional, titulado “Colombia un Laboratorio de Guerra: Represión y Violencia en Arauca”, publicado el 20 de abril de 2004, los infantes “jugaban con los soldados vestidos de payasos, utilizaban la piscina, participaban en rifas, recibían pasteles y refrescos y jugaban con los tanques mientras los soldados les enseñaban a manejar armas”, con lo que el gobierno ya estaba involucrando hasta los niños en la guerra.

Estas manifestaciones aparentemente inofensivas, tienen un claro propósito contrainsurgente. Tanto para el Estado, el gobierno y las multinacionales de los Estados Unidos, como para la el colombiano, sus organismos militares y de seguridad y la oligarquía que lo dirige, la insurgencia no sólo está compuesta por los guerrilleros sino también por todas aquellas personas que se oponen a la política de las multinacionales y de la oligarquía colombiana. Entonces, la idea de quienes orientan a las fuerzas armadas reaccionarias y a su grupo de operaciones sicológicas es la de utilizar a los niños como arma de contrainteligencia.

Por ello, antes de regresarlos a sus casas, les entregaban una reproducción de un billete de 20.000 pesos –aproximadamente 10 dólares- cuyo texto decía: "El gobierno lo recompensa. Usted y su familia merecen otra oportunidad. ¡Vuélese ya!", señalando el mensaje que el pequeño debía llevar a su hogar con el fin de hacerlo llegar a los miembros de la guerrilla.

Para las fuerzas armadas reaccionarias toda la población araucana debe ser tratada como sospechosa, pues hace parte de la guerrilla. Esa estigmatización les da el pretexto necesario para emprender operaciones militares o paramilitares que terminan silenciando, hasta con el asesinato, a lo opositores o derivan en desplazamientos masivos de personas, que residen en zonas de importancia estratégica. También este tratamiento hace parte de la famosa consigna de “quitarle el agua al pez. Muchas veces, las fuerzas armadas prefieren no enfrentarse con la guerrilla, sino atacar a la población a fin de privarlos de su soporte  social.

Según Amnistía, el ejército colombiano ha explicado que ese tipo de operaciones tiene como objetivo inculcar los símbolos patrios y volver patriotas a los niños. Sin embargo, el comandante del Batallón Rebeíz Pizarro confesó que la intencionalidad del programa era "hacer que el hijo del guerrillero cuestione a su papá". Esa política de utilización de menores en operaciones de inteligencia es muy común en Arauca. La Brigada XVIII y otras unidades militares que operan en el departamento habitualmente han repartido caramelos en el día universal del niño, organizado circos y realizado otro tipo de actividades con el propósito de lograr que los menores incriminen a sus padres y familiares en actividades insurgentes.

Otro objetivo del programa es vincular la población civil a la política contrainsurgente y al paramilitarismo. Tal monstruosidad, al estilo hitleriano, ha sido promovida por el propio Uribe Vélez, quien ha dicho en múltiples oportunidades que quienes no están con él son cómplices del terrorismo. Esas palabras se usan para que la mayoría de la población tome partido en el conflicto por el bando reaccionario. En una carta escrita a Amnistía Internacional el 16 de octubre de 2002, Uribe escribió que: "Nadie puede ser neutral en la lucha del Estado contra cualquier modalidad criminal", delatando su intención de vincular a todos los colombianos, a no ser que sean cómplices, a la lucha contrainsurgente y a la actividad, criminal ésta sí, paramilitar.

G. Quitarle “el agua al pez” mediante las brigadas cívico-militares. Papel importante y complementario en el desarrollo de la estrategia militar y política de las empresas multinacionales y del gobierno de los Estados Unidos lo han jugado el Comando Sur del Ejército de ese país y su Embajada en Bogotá, entidades las cuales han destinado cuantiosos fondos para profundizar la intervención extranjera en nuestro país. Uno de sus mecanismo ha sido el de patrocinar campañas cívico-militares, habitualmente realizadas por la Brigada XVIII, el Batallón 46 Contraguerrilla del Ejército y miembros de la Policía Nacional. El Comando Sur de Estados Unidos ha publicado que ha estado entrenando al menos en los últimos siete años a la Brigada XVIII del Ejército colombiano en planeación y ejecución de proyectos de acción cívica, como parte integrante del Plan Colombia.

Los objetivos de tales campañas han sido los de ganar reconocimiento social y político por parte del Estado oligárquico, sus fuerzas armadas y las compañías petroleras, especialmente la Oxycol, a fin de quitarle apoyo a las organizaciones sociales de Arauca y, a su vez, aislar a las fuerzas insurgentes, quitándole “el agua al pez”. Parte de esa acción fue la realización, el 27 y 28 de febrero de 2004, de una campaña más de salud, de las múltiples que han hecho, llevada a cabo por la ya mencionada brigada XVIII, junto a la policía nacional, la cual cobijó a 2.000 personas y que abarcó al departamento de Arauca. ¿Por qué las fuerzas armadas de la oligarquía hacen campañas de salud mientras atropellan a la población? Precisamente para lavar su imagen, ganarse a un segmento de la población para la causa reaccionaria y hacer, de paso, inteligencia militar, que les permita golpear a los que ellos consideran sus enemigos.

Prácticamente cada semana hay un programa cívico-militar en marcha en el departamento de Arauca destinado supuestamente a “ayudar a la población en las áreas de salud, educación y desarrollo de la comunidad”. Ello nos da un indicativo de la intromisión norteamericana allí, pues todos son patrocinados por el Comando Sur o por la embajada en Bogotá. A esos programas se suman el propio programa social de la OXY, denominado “El Alcaraban”, que cumple funciones similares y cuyo propósito fundamental es el de lograr posicionar una imagen positiva de la petrolera dentro de la población sin llegar a hacer grandes inversiones. Nótese que el centro de acción de los programas cívico-militares son los tres municipios donde el conflicto es más agudo y por donde pasa el oleoducto Caño Limón-Coveñas, cuales son Saravena, Arauquita y Arauca.

Oxycol, Repsol y ECOPETROL han promovido con entusiasmo estos programas. El 30 de abril de 2004 firmaron un acuerdo tripartito entre la Embajadora de Estados Unidos, en ese entonces Anne W. Patterson, el gobernador de Arauca Oscar Garrido Muñoz; el alcalde de Arauca Jorge Cedeño y la Asociación Cravo Norte, conformada por Oxycol, Oxy Andina, Repsol y ECOPETROL para establecer un Centro Productivo de Desarrollo Comunitario y de Capacitación Laboral para el sector educativo y la población vulnerable y desplazada cuyo costo fue de 3.000 millones de pesos colombianos, financiados por partes iguales por la Agencia del gobierno de Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional –USAID-, la asociación Cravo Norte y la gobernación de Arauca. Ya antes USAID y la Asociación Cravo Norte han dado pequeños créditos y asistencia técnica para sus actividades agrícolas a algunos campesinos de la región.

Mientras implementan una política de guerra, que comprende la violación de los más elementales derechos que tiene la población, pretenden captarla con éste tipo de acciones cívico-militares. Son las dos caras de la moneda que vende el Estado y el gobierno de los Estados Unidos, las multinacionales petroleras, específicamente OXY y Repsol, el Estado oligárquico, el gobierno de Uribe Vélez y los altos directivos de la Empresa Colombiana de Petróleo –ECOPETROL-.

Tanto el Comando Sur como la embajada de los Estados Unidos en Colombia y USAID han gastado importantes sumas de dinero en promover el “fortalecimiento de la democracia en los niveles municipal, departamental y nacional”. A finales de 2002, USAID había asignado casi 200 millones de dólares a este tipo de programas, mientras que el Comando Sur había proporcionado más de 125.000 dólares hasta 2003 para realizar acciones cívico-militares de salud como parte del Plan Colombia.

El mencionado programa ha seguido adelante con el control y apoyo directo de las fuerzas armadas de los Estados Unidos. Por ejemplo, en marzo de 2004 el Comando Sur proporcionó aproximadamente 35.000 dólares para “fortalecer la democracia” en Arauca, dentro del Plan Colombia. Dicho proyecto había sido implementado antes en varias regiones de Colombia donde hay conflicto armado, especialmente en el Caquetá. ¿Qué hace el Comando Sur promoviendo la democracia en Colombia cuando todo el mundo sabe que el gobierno de Bush es el más antidemocrático que hay en el planeta?

En desarrollo del componente social y político del Plan Colombia, el cual tiene un tinte abiertamente intervencionista y militar, el Comando Sur entregó a la Brigada XVIII alrededor de 100.000 dólares, tan sólo entre enero y abril de 2004, para realizar acciones cívico-militares. Una de las acciones, ejecutada por la Brigada XVIII, la Asociación de Ganaderos de Arauca, la Secretaría de Agricultura, el ICA y veterinarios del Ejército de Estados Unidos, fue realizada 20 de abril de 2004 y duró tres días. En ella vacunaron 1.200 reses y realizaron programas de prevención de enfermedades contagiosas en el ganado –fiebre aftosa, brucelosis y otras-. Fue otra de las tantas brigadas de trabajo veterinarias efectuadas en Arauca por militares norteamericanos y colombianos ¿Qué hace el Comando Sur y los veterinarios del ejército norteamericano en Arauca promoviendo campañas anti aftosa cuando en Colombia se encuentran suficientes profesionales en este ramo y existe toda la tecnología disponible para controlar dicho tipo de enfermedades?

Igualmente USAID ha financiado parte de la implementación del sistema acusatorio y de la acción de la fiscalía general de la nación en Colombia y en Arauca. Esta misma fiscalía es la que hace que sus funcionarios residan en la Brigada XVIII y orquesten las detenciones masivas contra los pobladores de los municipios que se encuentran ubicados dentro del cinturón petrolero.

H. El aparato de justicia al servicio de la contrainsurgencia y de la OXY. En Arauca se ha creado una unidad especial de la Fiscalía General de la Nación con el fin de "legalizar" las detenciones hechas por las fuerzas armadas. A esa estructura, creada en noviembre de 2001, se la dado el nombre de la estructura de apoyo. En ella participan funcionarios que son investigadores judiciales adscritos a la Fiscalía y a la Procuraduría General. Su misión original era la de servir de investigadores penales en los casos relacionados con los atentados contra la infraestructura del oleoducto Caño Limón. Por esa razón entablaron una estrecha relación con los funcionarios de la OXY, que es la empresa que financia sus actividades. Sin embargo, fueron más allá, sin duda en su afán de servir a los dueños de la compañía, convirtiéndose en uno de los principales acusadores de los defensores de derechos humanos y activistas sociales de la región.

Su base está ubicada en el cuartel general de la brigada XVIII en la ciudad de Arauca. Allí viven los funcionarios de esta unidad especial y son protegidos por la misma brigada, con la cual operan, pues participan en casi todas los operativos, maniobras, redadas y detenciones masivas que estos hacen. También hacen presencia en los operativos hechos con base en la inteligencia dada por quienes hacen parte de la red de informantes. Sustentados en esa precaria y falsa información, presentan, sin ningún miramiento, cargos de subversión contra cualquier persona, pese a no existir ninguna prueba contra ellos.

Con este modus operandi, la Fiscalía General se ha integrado plenamente a la estrategia contrainsurgente. Desde el gobierno de Uribe, coordina las operaciones y la estrategia de combate contra las fuerzas guerrilleras, junto a las fuerzas armadas, en la recién creada estructura de coordinación antiterrorista.

La Fiscalía General ha estado, como muchas de las agencias de inteligencia e investigación en Colombia, al servicio del paramilitarismo. Las reformas implementadas por el gobierno de Uribe le han permitido al Fiscal General decidir qué casos deben ser investigados y retirar a los fiscales que investiguen casos de derechos humanos en donde estén implicados paramilitares, políticos, miembros del gobierno o personas influyentes.

I. Descabezar el movimiento social. En Arauca existe un muy fuerte movimiento social el cual posee importantes raíces históricas, que se remontan a principios de la década del setenta. Éste se encuentra firmemente asentado en los intereses de los pobladores de la región y en su amplia representatividad y legitimidad. Por lo demás, sus luchas son reconocidas nacional e internacionalmente. Así mismo, hay un conjunto de organizaciones de defensa de los derechos humanos que están en la primera línea de contienda por lograr materializar las aspiraciones más sentidas en el campo económico, político, cultural, ambiental y social. Esas organizaciones se han opuesto tanto a la política de la OXY, a la intervención del gobierno de los Estados Unidos en la región y a la propuesta de militarización y de escalamiento de la guerra agenciada por la oligarquía colombiana y por el gobierno que encabeza Álvaro Uribe Vélez y han denunciado sistemáticamente las violaciones a los derechos humanos y sus derechos constitucionales.

La respuesta de la alianza siniestra que nos gobierna ha sido intentar destruir por todos los medios a las organizaciones sociales que hacen presencia en Arauca. Para ello ha convertido en blanco de ataque de todo tipo a sus dirigentes, pues desean descabezarlas y silenciar sus denuncias. Para ello han orquestado una estrategia coordinada entre gobierno, fuerzas militares y grupos paramilitares para dañar su imagen y minar su trabajo, mediante seguimientos, amenazas, hostigamientos, detenciones arbitrarias, procedimientos judiciales amañados, retenciones indebidas, asesinatos y desapariciones perpetradas tanto por organismos de seguridad del estado como por paramilitares. Esta estrategia ha sido reforzada por las medidas tomadas por éste último gobierno orientadas a robustecer aún más la impunidad imperante en Arauca. Los ataques han sido encabezados por el propio Uribe Vélez, quien en diversas ocasiones ha acusado sin prueba alguna a diversas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos de “cómplices del terrorismo”. El 8 de septiembre de 2003, éste declaró que quienes hacían parte de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos eran "politiqueros que finalmente le sirven al terrorismo y que se escudan cobardemente en la bandera de los derechos humanos".

Las detenciones masivas, arriba mencionadas, son una de las armas favoritas del régimen para destruir a las organizaciones sociales. De este tipo de redadas han ocurrido cuatro en el departamento.

El primero se registro El 2 de septiembre de 2002, cuando tropas de la XVIII Brigada ingresaron a El Triunfo, en la zona de La Esmeralda, municipio de Arauquita, y detuvieron por lo menos a 60 personas. Los detenidos fueron hacinados en una sola habitación. Los soldados que hicieron el operativo iban acompañados por miembros de la estructura de apoyo de la fiscalía y de un informante encapuchado identificado como miembro de un grupo paramilitar. Entre los detenidos había ocho testigos de la matanza de La Esmeralda, ejecutada por  paramilitares el 21 de julio de 2001, en la que murieron cinco personas. Los testigos fueron acusados por el informante, el cual tomó parte en la aludida matanza, de supuestos ataques contra el oleoducto.

El segundo ocurrió el 12 de noviembre de 2002, cuando unos 700 soldados rodearon Saravena para cubrir el operativo denominado “Operación Heroica”, que realizaba el ejército, por medio de la brigada XVIII y la brigada móvil número tres la policía, el DAS y miembros de la Fiscalía General y la Procuraduría General en donde allanaron 85 casas, lugares de trabajo y comercios. Al concluir la noche habían detenido a más de 2.000 personas, las cuales fueron conducidas al coliseo Jacinto Jerez, donde les fotografiaron, grabaron en vídeo, interrogaron, comprobaron antecedentes,  marcaron los brazos con tinta indeleble y fueron pasados frente a un vehículo automotor de vidrios polarizados, para que fueran identificados por informantes que se encontraban dentro del mismo. Tal despliegue ha sido el más grande efectuado por las fuerzas armadas en los últimos años para detener civiles, a los cuales acusaron de subversivos.

Entre ellos se encontraban principalmente defensores de derechos humanos sindicalistas y otros dirigentes sociales como Juan Evangelista Rocha, presidente de Aduc, Ilmer Bejarano, miembro de Asojer, Bernardo Arguello, directivo de la Empresa Comunitaria de Acueducto y Alcantarillado de Saravena y miembro de Asojuntas, Ismael Jaimes Camargo, dirigente comunal, los dirigentes de Anthoc Nelson Prieto, Abimelec Becerra y William Higuera, Aldemar Jiménez de la CUT de Arauca y Alcides Arias, Concejal de Saravena.

Quienes eran identificados por los informantes de las fuerzas armadas, 85 personas, fueron esposados y reseñados en el mismo coliseo; posteriormente se les cambiaron las esposas por unos sunchos plásticos bastante apretados a sus muñecas. Más tarde fueron  trasladados a la sede del Grupo Mecanizado Revéiz Pizarro de Saravena. Este operativo duró hasta horas del medio día del 12 de noviembre. El día 13 fueron sacadas de sus lugares de trabajo y sitios de estudio otras seis personas señaladas por informantes, quienes fueron judicializadas. Así mismo, se produjeron otras capturas transitorias de un número indeterminado de personas, las cuales no alcanzaron a ser trasladadas hasta el batallón Revéiz Pizarro.

Del total de detenidos, 42 fueron liberados más tarde por falta de pruebas y los 43 restantes fueron indagatoriados en Saravena, en la misma sede de la Brigada 18, y luego enviados por vía área a Bogota, donde fueron acusados de terrorismo y judicializados. De ellos, unos 40 son sindicalistas.

El tercero ocurrió también en Saravena el 21 de agosto de 2003. En éste, miembros de la XVIII Brigada y agentes de la Fiscalía General de la Nación, acompañados de dos informantes encapuchados, detuvieron a 42 líderes sociales, sindicales y defensores de derechos humanos entre los cuales se encontraban Alonso Campiño Bedoya, vicepresidente de la CUT Arauca, José Murillo Tobo, presidente de la fundación comité regional de derechos humanos “Joel Sierra”, Pedro Carrillo, presidente de la asociación juvenil y estudiantil regional –Asojer-, Eliseo Duran, directivo del sindicato nacional de la construcción –SINDICONS-Saravena-, Efrén Niuste, empleado de la empresa comunitaria de acueducto y alcantarillado de Saravena –ECAAS-, Diógenes Contreras, directivo del sindicato de los trabajadores de Incora –SINTRADIN-, Pedro Bohórquez,  directivo del comité regional de ganaderos de Saravena y Juan Eduardo Moncayo, representante legal de la fundación intercultural del Sarare –FINDESA-. Las casas de Samuel Morales, presidente de la CUT departamental, Alberto Páez, dirigente del sindicato de trabajadores de la construcción, e Ismael Pabón Mora, miembro del Comité Regional de Derechos Humanos, fueron allanadas en esas redadas, pero ellos no se encontraban allí, evitando así su detención.

Todos los activistas sociales detenidos han permanecido privados de la libertad por largo tiempo y enfrentan cargos de terrorismo. Las capturas se efectuaron después de que el Comité Regional denunciara la alianza entre  paramilitares y fuerzas militares en Saravena, la gran cantidad de violaciones a los derechos humanos cometidas en el departamento por los mismos y la conversión frecuente que hacía el propio ejército en grupo paramilitar con el fin de hacer el trabajo sucio y estuvieron precedidas por una oleada de acusaciones realizadas contra los asociados en el Comité Regional por los mandos de las fuerzas armadas y los organismos de seguridad del Estado, quienes los acusaban en aquellos meses de ser colaboradores de la subversión, y por otra serie de ataques y amenazas de paramilitares.

El cuarto se efectuó el 21 de octubre de 2003. Afectó principalmente a dirigentes políticos del partido liberal, candidatos a cargos de públicos de elección popular y a funcionarios o exfuncionarios gubernamentales. Ellos fueron acusados de colaborar con el Ejército de Liberación Nacional por tres informantes del ejército, presuntos desertores de ese grupo, que estaban haciendo parte del programa de protección de testigos implementado por el actual gobierno.

En la redada fueron detenidas 31 personas a tan sólo cinco días de las elecciones municipales y departamentales. Algunos de los aprehendidos eran candidatos y encabezaban las encuestas. Entre los retenidos estaban el padre José Helmer Muñoz, candidato a gobernador y favorito en las encuestas, Orlando Barahona, candidato al concejo municipal de Arauca, y Luís Alberto Peroza, Antonio Ortiga y Zoila Espósito, candidatos a las alcaldías de Arauca, Cravo Norte y Saravena; también estaban tres ex gobernadores –Gustavo Castellanos, Vicente Lozano y Héctor Gallardo–, dos ex alcaldesas –Iliana Baroni y María Elena Molina–, dos diputados –Elionor Ávila y Ramón del Carmen Garcés–, la contralora del departamento –Emma del Carmen Benítez–, el alcalde de Arauca –Jorge Cedeño–, un miembro de la Comisión de Paz y Derechos Humanos y del Movimiento Comunal y Comunitario de Colombia –Enrique Soriano– y cuatro dirigentes políticos –Herman Rico, Pedro Orjuela, Esperanza Sandoval y Gloria Suárez. Ello facilitó el triunfo del ultraderechista candidato del partido Cambio Radical, afecto al gobierno de Uribe, quien salió elegido gobernador.