Audiencia biodiversidad

Contexto de las áreas cultivadas de palma africana

Las  comunidades de resistencia civil que actualmente habitan en zonas humanitarias y en zonas de biodiversidad cuyos integrantes son las víctimas de los hechos que han motivado la presente querella, han sido caracterizadas, en tanto que integradas por población civil, por su calidad de no combatientes, es decir, por su condición de sujeto del derecho a la inmunidad frente a cualquier ataque armado, dada su no implicación práctica o material con ninguno de los bandos en confrontación en el conflicto colombiano. Se trata de comunidades de residentes en lugares de la geografía colombiana sumamente castigados por la violencia del conflicto armado que padece el país, que desde hace años se han organizado en torno a su condición de no beligerantes en dicho conflicto, toma de posición que les ha supuesto un alto precio en agresiones y vidas humanas. De tal derecho de inviolabilidad nace su propuesta de una “estrategia organizativa y comunitaria”, conocida como Zonas Humanitarias como la Defensoría del Pueblo de Colombia, Ministerio Público, entre otras instancias, las ha calificado, (Resolución Defensorial Humanitaria No. 012, del 25 de mayo de 2002) y como son reconocidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sobre lo que han sufrido estas comunidades, baste recordar en voz de Robert Goldman , en junio de 2003 , uno de los más autorizados doctrinantes, reconocido en foros mundiales, sobre el derecho internacional de los derechos humanos, quien expresó al terminar su visita a Colombia en calidad de miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  y relator para los asuntos de la República de Colombia:

“La delegación de la CIDH se desplazó también hacia los márgenes del río Cacarica en el norte del Chocó, con el fin de visitar la comunidad de vida y de trabajo «Nueva Vida", cuyos miembros se encuentran protegidos por medidas cautelares desde diciembre de 1997. Esta comunidad afrodescediente se encuentra reasentada en territorio titulado colectivamente, tras varios años de desplazamiento producto inicial de un bombardeo perpetrado en 1996 en la localidad de Riosucio. Durante su estadía la delegación recibió información y testimonios sobre asesinatos, torturas, actos de violencia e intimidación perpetrados contra miembros de la comunidad por parte de grupos paramilitares que operan, en la zona, a pesar de la presencia de la Brigada XVII del Ejército. Asimismo, representantes de las comunidades en Dabeiba y Naya -también protegidos por medidas cautelares- Jiguamiandó y Curbaradó -cobijadas por medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos- se hicieron presentes con motivo de la visita de la CIDH con el fin de proveer información sobre su situación (…) notó con preocupación las consistentes denuncias sobre agresiones por parte de grupos paramilitares, alegadamente perpetradas con la aquiescencia y colaboración de la fuerza pública que opera en la región. Asimismo, recibió información sobre el fenómeno de la deforestación del territorio colectivo y sobre los actos de hostigamiento destinados a forzar a algunas de estas comunidades a plegarse a la siembra de palma africana como clásico preludio a la introducción de cultivos de uso ilícito. Asimismo resaltó la vital importancia de la labor de acompañamiento que las Brigadas Internacionales de Paz han llevado a cabo a favor de las comunidades afrodescendientes del Chocó y el positivo efecto que ha tenido en su protección”.

COMUNIDADES DEL  CACARICA

Contexto:

Esta zona cubre la parte nor-occidental del municipio de Riosucio, del departamento del Chocó.  Desde junio de 1996 se comenzó a sentir fuertemente en la zona la presencia de las ACCU quienes iniciaron una persecución y hostigamiento contra los campesinos de la zona: los seguían cuando se desplazaban al puerto de Turbo a vender sus productos o a comprar; les robaban sus productos y a algunos los asesinaron o desaparecieron, con el pretexto de que toda la población de la zona simpatizaba con la presencia de la guerrilla. Como ya pocos se atrevían a salir, se produjo un bloqueo económico y los alimentos comenzaron a escasear. El 20 de diciembre de 1996, un fuerte contingente de las ACCU se tomó el poblado de PUENTE AMERICA; a una de las pobladoras la hicieron desnudar y bailar desnuda frente a ellos y saquearon las casas y las tiendas. Allí permanecieron algunos y otros continuaron hasta la cabecera municipal de Riosucio donde el mismo 20 de diciembre se tomaron el pueblo, se llevaron a 5 personas, 4 de las cuales fueron asesinadas luego. A los dos días llegaron tropas de la XVII Brigada del Ejército, departieron con los miembros de las ACCU y luego se marcharon dejando al poblado bajo el control de las ACCU  Algunos pobladores calculan que entre el 20 de diciembre de 1996 y el 10 de enero de 1997 fueron asesinados en la zona cerca de 100 campesinos, pero sus familias aterrorizadas no pusieron ninguna denuncia y huyeron.  En PUENTE AMERICA los miembros de las ACCU montaron un retén permanente donde obligaban a todas las embarcaciones a detenerse; allí todos los varones eran obligados a descender, eran golpeados, amarrados, despojados de sus productos y las embarcaciones de la gasolina. Muchos pasajeros eran arrojados al río amarrados.

El 24 de febrero de 1997 la Comandancia del la XVII Brigada del Ejército puso en marcha la “OPERACIÓN GENESIS” con dos batallones: el de “Fuerzas Especiales No. 1” y el de “Contraguerrilla No. 35”. En el desarrollo de dicha operación fueron bombardeadas varias comunidades de la zona del río Salaquí y del río Cacarica, dentro del área rural del municipio de Riosucio.  Mientras las tropas de la XVII Brigada del Ejército lanzaban granadas, morteros y bombas desde helicópteros y descendían luego para reunir a las comunidades, seleccionar pobladores, someterlos a todo tipo de ultrajes y obligar a las comunidades a abandonar sus tierras y pertenencias. Simultáneamente unidades de las ACCU se desplazaban por los ríos y llegaban a las mismas u otras comunidades a hacer lo mismo.  Cuando las tropas del Ejército llegaban primero, anunciaban que “detrás de ellos venían los que cortaban a la gente en pedacitos” y los que “mochaban cabezas”. Cuando los paramilitares de las ACCU llegaban primero, le explicaban a la gente que esta era una operación conjunta del Ejército y de las ACCU y que de nada les serviría quejarse ante los oficiales del Ejército, pues iban unidos.  Una comunidad logró negociar con un Teniente que no los obligaran a irse de la región, pero luego llegó el jefe paramilitar y derogó la decisión del militar, en su misma presencia.  Cerca de dos mil campesinos de la zona tuvieron que emigrar hacia el puerto de Turbo en la última semana de febrero. Pocos días después sumarían cuatro mil. Otros pobladores buscaron refugio en Panamá, de donde el 21 de abril de 1997 fueron deportadas 297 personas al puerto de Bahía Cupica, en el Chocó, por un acuerdo concertado entre los gobiernos de Colombia y Panamá abiertamente violatorio de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.

Desde esta operación militar, los paramilitares destacaron un base permanente en la comunidad de Balsa, perteneciente a la cuenca del Cacarica. Desde la Balsa,  controlaron el Bajo Atrato y las comunidades aledañas cometiendo asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, nuevos desplazamientos,  mientras la empresa Maderas del Darién, filial de la empresa Pizano S.A desarrolló operaciones ilegales mecanizadas de extracción de madera, en particular de la especie Cativo, canalizó los ríos, causando un daño ambiental de proporciones incalculables, tal como lo presenta greenpeace España, en su informe del 25 de enero de 2006.

En la fase actual en medio del proceso de “desmovilización” de los grupos paramilitares iniciado en el primer gobierno del presidente Alvaro Uribe Vélez, dentro del Territorio Colectivo se implementa y desarrolla la siembra extensiva de banano tipo “baby” y en la proyección de la siembra en esa área de palma aceitera, caucho y cacao a través de la CI MULTIFRUITS LTDA, quién a su vez a suscrito un convenio  para la comercialización con la empresa transnacional DEL MONTE de San  Francisco California, USA. El desarrollo del proyecto ha contado con el transplante de población de zonas controladas por las estructuras paramilitares al lugar de la Balsa, Balsita, Varsovia y Bendito Bocachico

JIGUAMIANDÓ, CURBARADÓ y PAVARANDÓ
 
Contexto:

Las Cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curbaradó se ubican en los límites del Bajo y Medio Atrato, entre los departamentos de Antioquia y Chocó. Hasta el año 2000, los poblados situados en las riberas de estos ríos pertenecían a la jurisdicción del municipio de Riosucio, pero luego pasaron a la de El Carmen del Darién. Pavarandó es un corregimiento del municipio de Mutatá, en jurisdicción del departamento de Antioquia.

Hoy, en la cuenca del Jiguamiandó se encuentran refugiadas, junto con 9 comunidades de Curbaradó, 515 familias que conforman el Consejo Comunitario del Jiguamiandó. Desde 1996, las comunidades afrodescendientes y las familias mestizas que pueblan las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curbaradó, sufrieron daños irreparables en vidas, integridad personal y actividades comunitarias. Se inició el bloqueo económico desde los puertos de Turbo y Riosucio, por el río Atrato, y desde Belén de Bajirá, Mutatá y Pavarandó, por las carreteras que comunican con Antioquia. Se impusieron restricciones a la circulación de personas y de bienes de supervivencia, autorizando la compra y la venta de alimentos por un valor no superior a los 40 mil pesos (U.S $ 15) por familia. También se multiplicaron las amenazas, señalamientos y el desplazamiento forzado de todos los habitantes de la carretera que comunica a Chigorodó con Dabeiba y a Mutatá con el Jiguamiandó, a través de Belén de Bajirá.

Desde los primeros meses de 1996 los paramilitares ingresaron al municipio de Riosucio y  hacia los alrededores de Belén de Bajirá, en estrecha connivencia con la Brigada XVII del Ejército. En Bajirá, los militares adscritos a la Brigada XVII anunciaron persistentemente que venían “los mochacabezas”; que lo mejor era abandonar el territorio. Servidores públicos de las comunidades del Jiguamiandó y del Curbaradó fueron amenazados.  La médica, doctora Luz Marina Arteaga, permaneció secuestrada por un tiempo. Poco a poco el cerco a los pobladores del Curbaradó y Jiguamiandó se fue intensificando. Los militares que salían de sus guarniciones con distintivos de la Brigada XVII, ingresaban, dos horas después,  como paramilitares, a los poblados rurales y al casco urbano de Belén de Bajirá, intimidando, amenazando  y desplazando a los pobladores. Los campesinos los reconocían  pese a que ocultaban su identidad con algún tipo de camuflaje. Dentro de ellos, los pobladores aseguran que vieron actuar a SERGIO BURGOS, alias  “El Valle”, como militar, durante la permanencia del ejército en el pueblo, y  días después lo vieron comandando el escuadrón paramilitar que perpetró la masacre en el caserío Las Brisas, el 26 de octubre de 1996.

A partir de la masacre y hasta octubre del 2005  militares y paramilitares han perpetrado 113 asesinatos y desapariciones, y son responsables de 13 desplazamientos forzados de 15 que se han presentado en estas comunidades. Desde el año 2000, los empresarios de la palma iniciaron las siembras de los territorios de las comunidades reconocidos por el Estado mediante titulación colectiva amparada en la ley 70 de 1993 sin contar con la autorización del las comunidades y beneficiandose del desplazamiento forzado del que fueron víctimas. La empresa Urapalma entre otras, han contado con la protección directa de paramilitares y efectivos de la Brigada VXII del Ejercito.