1. INTRODUCCIÓN
La Compañía Pizano S.A., a través de su filial Maderas del Darien S.A., ha mantenido un férreo monopolio desde hace aproximadamente 20 años sobre toda la explotación maderera que se realiza en varias de las cuencas de los afluentes del Rió Atrato, el cual atraviesa una de las principales Zonas de Reserva Natural: la Zona de Reserva del Pacifico Colombiano. Pizano S.A y su filial, Maderas del Darién S.A, son responsables de la explotación intensiva e insostenible y de la devastación definitiva e irreversible de un área de 232.012,21 m3 de madera, en las Zonas de Riosucio y del Darién, y con ella, especies como el cativo (Prioria copaifera), se encuentran en riesgo de desaparecer.
Esta extracción se ha intensificado en el último decenio sobre la Cuenca del Río Cacarica, lugar donde han habitado de manera ancestral comunidades afrodescendientes consideradas por la Constitución Nacional como minorías étnicas y culturales . Esta cuenca hace parte del Área de Manejo Especial del Darién, la cual fue declarada como patrimonio de la humanidad y reserva de la biosfera en 1983 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – UNESCO.
Alrededor del accionar de estas empresas madereras, la XVII Brigada del Ejército Nacional tejió la estrategia paramilitar que desde febrero de 1997, ha generado el desplazamiento forzado de miles de personas, el arrebato de la tierra para ser repoblada por gente que apoya las iniciativas genocidas y ecocidas amparadas por dichos victimarios, el desarraigo que ha permitido la división y el abandono de las prácticas de vida comunitaria y ancestral de las comunidades afrodescendientes y la comisión de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, y otra serie de crímenes de lesa humanidad, sobre los cuales se han realizado las respectivas denuncias públicas nacionales e internacionales, las acciones judiciales y administrativas por parte de los hombres y mujeres afectados, base para la realización de varias misiones de verificación de organismos de control (Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación) de dicha situación.
A la fecha, el Estado colombiano no ha desarrollado ninguna actuación efectiva e integral dirigida a detener el desastre ecológico y humanitario que se presenta en esta zona, a pesar de que la Comisión Interamericana otorgó Medidas Cautelares a la comunidad de Cacarica, y en cambio, ha emprendido nuevos tipos de persecución contra ellas, como lo es la judicialización de sus miembros a través de investigaciones penales que se adelantan en la actualidad, como por ejemplo la radicada bajo el número 2022 en la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación.
2. RESUMEN DE LOS PUNTOS CENTRALES DE LA DEMANDA
2.1 La presencia de Pizano S.A en la zona
Pizano S.A . es una de las principales empresas productoras de Tableros de Madera en América del Sur y la Region Andina. Dicha empresa se dedica a la fabricación de láminas de madera Contrachapadas (triplex), tableros de partículas o astillas de madera crudos (TABLEX®), laminados decorativos melamínicos (MADECOR®), finish foil (MADEFONDO®), enchapados (TABLEX® ENCHAPADO), como puertas entamboradas y entableradas para uso interior.
En Colombia su principal centro fabril se encuentra localizado en la ciudad de Barranquilla. Allí opera una fábrica de Contrachapados, dos plantas de Tableros de Partículas de Madera, una planta de Laminados Decorativos y una planta de resinas de avanzada tecnología. Su estratégica ubicación facilita el acceso a los principales puertos marítimos del Caribe, Centro y Norte América; así como el de las materias primas desde su propia plantación forestal, que se encuentra localizada 190 kilómetros al sur de la ciudad sobre el Río Magdalena.
Según esta empresa su operación se basa en “el aprovechamiento racional de los bosques naturales y el cultivo de bosques propios como principal medio para alcanzar un desarrollo ecológicamente sostenible”.
La Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó – Codechocó, a través de la Resolución 3596 del 30 de diciembre de 1992, otorgó a dicha compañía un permiso de aprovechamiento forestal para las zonas de Guamal, Río Sucio y Murindo, por un plazo de 10 años y con una extensión de 5.869 hectáreas. Este permiso de acuerdo con las investigaciones adelantadas fueron ilegalmente otorgados, puesto que los aprovechamientos además de constituir infracciones al régimen ambiental, se erigen como delitos contra los recursos naturales y del ambiente (artículo 242 del Decreto – Ley 100 de 1980 – Código Penal de la época): ilicitud de transporte, comercio, aprovechamiento de productos forestales de especie declarada amenazada.
A pesar de lo anterior esta compañía recibió “inexplicablemente” de la certificadora Smartwood, el sello Fores Stewardship Concil SW-FM/COC-137 en el año 2001, que indica que dicha compañía cumple con las normas para la Certificación Forestal Voluntaria de Plantaciones Forestales y Bosques Naturales que tiene como objetivo promover, en los bosques de todo el mundo “una gestión forestal económicamente viable, socialmente beneficiosa y ambientalmente responsable”
2.1.1 El impacto ambiental de la presencia de Pizano S.A en esta región
El uso irracional en forma mecanizada de los recursos maderables del Cacarica, por parte de la Compañía Maderas del Darien S.A., vinculadas al Grupo Empresarial Pizano S.A., ha generado un profundo daño en el territorio, los recursos forestales y en las condiciones de vida de las minorías étnicas que habitan las zonas de extracción, lo cual bajo ningún fundamento puede considerarse como resultado de operaciones forestales que aseguran la sostenibilidad ecológica, económica y social en las regiones en las que realiza la extracción maderera.
Una de las grandes preocupaciones es frente al uso de la especie catival que se cataloga como una especie en vía de extinción, puesto que no tiene una alta capacidad de regeneración ante la extracción indiscriminada realizada por esta compañía, generando por tanto un agudo impacto sobre la vocación forestal de la selva húmeda tropical.
Asimismo, la Compañía Pizano S.A. no realiza prácticas sostenibles dirigida al cultivo y la silvicultura de Cativo y de las otras especies forestales, a pesar de que en sus declaraciones manifiesta que ésta es realizada por los propios nativos indígenas y comunidades afrodescendientes. Sobre este hecho concreto da fe el informe elaborado por la Defensora del Pueblo Comunitaria del Cacarica, el Director del Parque Natural de los Katios y las asesoras de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la Nación, en el que se concluye: "Como tal los Cativales han sido explotados al máximo atentando no solamente con la renovabilidad del recurso forestal sino que han alterado considerablemente la dinámica del sistema cambiando los patrones de drenaje de las aguas, los períodos de inundación, las características de los suelos y las aguas y la estructura del bosque, bajo esta óptica el catival está destinado a desaparecer" (Negritas fuera de texto)
En documento público que reposa en la Procuraduría General de la Nación, Proceso 161-01435, que contiene un estudio sobre la gravedad del impacto ambiental en las cuencas del Atrato, folio 225 del cuaderno 4, en especial sobre el catival, se da cuenta de su exterminio, lo mismo que de la larga lista de especies forestales y de fauna relacionadas con éste. En lo que respecta a la explotación a gran escala del Cativo, refiere el informe aportado a la Procuraduría: "De acuerdo con las evaluaciones realizadas con el soporte de imágenes de satélite LANDSAT TM e imágenes de radar ENTERA, se estima que de las casi 350.000 hectáreas originales de Cativales de las cuencas del río Atrato y León, quedan en 1987 unas 90.000 hectáreas, situación que representa una tasa de deforestación estimada en 8.200 hectáreas año, datos actualizados, tomados en 1997, indican la existencia de 60.000 hectáreas en alto grado de intervención, situación que obliga a determinar políticas silviculturales muy estrictas para garantizar la conservación de este tipo de bosques. Todo lo anterior tiene graves repercusiones ante la desaparición de este ecosistema de gran valor estratégico para la región"
Toda esta devastación no solo ha implicado a las comunidades afrodescendientes que hoy son accionantes de la presente. Años atrás, los territorios de las comunidades indígenas se vieron afectados por esta explotación indiscriminada:“Desde marzo de 1987 hasta noviembre de 1990, la Comunidad Emberá Katio del Resguardo Indígena Chageradó se vio afectada por explotaciones forestales de magnitud industrial, sin contar con el debido permiso forestal que debió ser otorgado por CODECHOCO. Dichas acciones fueron llevadas a cabo con el aporte financiero, asesoría técnica, maquinarias, personal propio y total apoyo de la compañía Maderas del Darién MADERIEN (sic) S.A. Estas explotaciones consistieron en la tala rasa del bosque húmedo tropical del Resguardo comunitario ubicado alrededor de los ríos Chageradó y sus afluentes Tebará y Taparal además de otras zonas aledañas al resguardo, en una extensión total de 7.247 hectáreas. De esta forma se afectó y modificó el hábitat de la comunidad ya que se convirtió en un frágil ecosistema.” (Negritas fuera de texto)
Sobre el arrasamiento de otras especies del ecosistema en el Cacarica que se apareja a la tala indiscriminada llevada a cabo por la Compañía Maderas del Darien S.A. y Pizano S.A., resulta importante destacar lo estipulado en el Proyecto de Ordenamiento Territorial y Planificación del Uso y Manejo de los Recursos Naturales en las tierras colectivas de las comunidades negras del bajo Atrato, elaborado por Codechocó en el año 2001, así: "La vocación forestal de sus suelos, ha constituido durante muchos años fuente de materia prima para la producción de madera para el consumo local, nacional e internacional. Sin embargo, por diversas razones de índole legal, social, económica, política y técnica el manejo que se le ha dado a las áreas boscosas no ha estado orientado por criterios de sostenibilidad. La utilización de maquinaria pesada y de químicos para inmunizar la madera por parte de Compañías madereras que explotan el recurso, ha ocasionado que las especies vivas vegetales y animales se pongan en riesgo de extinción. Así mismo, la construcción de canales artificiales para el acarreo de la madera, ha cambiado el curso natural de los ríos con graves consecuencias para la movilización de las comunidades allí asentadas". (Negrillas del texto original)
2.1.2 La monopolización del sector maderero
Cabe resaltar en este punto que aunque la explotación maderera directa que realiza Pizano S.A. es bastante inferior a la que realiza la Compañía Maderas del Darien S.A, en términos de beneficios directos y suministros de materia prima, es una única organización empresarial que ha asumido el monopolio en la compra y transformación de toda la madera en la región, con lo cual se origina que las ganancias no se queden en la zona, y en consecuencia, no se generen beneficios para sus pobladores.
Efectivamente, el Grupo Empresarial Pizano S.A. a través de su filial Maderas del Darien S.A., ha asumido la exclusividad en la explotación maderera en la región, aprovechando cerca de 232.012,21mts3 desde 1993 a 2002 y junto con el Grupo Dago, aproximadamente 1.697.295 has. de bosque húmedo tropical en los últimos 30 años, produciendo con ello un daño ambiental que aún no se ha cuantificado en toda su magnitud. Esta forma de explotación mecanizada, extractiva y casi exclusiva de los territorios pertenecientes al Área Protegida del Chocó Biogeográfico del cual este Grupo Empresarial es el principal receptor, ha sido abiertamente aceptada por sus directivas: “Para su aniversario numero 58, la revista Clase Empresarial le pregunto a Rafael Matallana, presidente de Pizano S.A., sobre el secreto del éxito. Palabras mas palabras menos, la explicación argumentaba “... la vinculación al bosque, a través de una compañía que proporciona el 100% de su materia prima: Maderas del Darien, en la zona de Uraba, a través de permisos que otorga el Estado” . (Negritas fuera de texto).
Estos estrechos vínculos de orden comercial son posibles además porque Pizano S.A, ejerce el control total accionario y administrativo sobre la estructura societal de esta ultima compañía. Esto se prueba con las Actas de Constitución que muestran que los señores Bernardo Pizano Restrepo y Bernardo Mora & Cia. Ltda. son socios fundadores tanto de Maderas del Darien S.A, y de Proyectos Industriales S.A, la cual se convierte a futuro en Pizano S.A. También se tiene demostrado que los accionistas que integran o han integrado el grupo mayoritario de los inversionistas de esta Compañía representan a su vez, no solo grupos familiares sino incluso Compañías de otros ramos y grupos empresariales extranjeros como Boise Cascade Int. Finance Corp, Familia Pizano Brigard Mallarino, Ligia Restrepo de Correa, Seguros Colombia, entre otros.
Al establecer esta figura de la filiación, además de adquirir mayores recursos, desvían su responsabilidad frente a los daños ecológicos, puesto que ocultan sus beneficios y ocultan su responsabilidad frente al no incentivo de prácticas forestales y de planes de sostenibilidad. De acuerdo con las investigaciones realizadas en la región, hoy sólo el 40% de la superficie boscosa original del Chocó queda en pie, lo cual ha atentado y sigue poniendo en riesgo el equilibrio ecológico en la zona de mayor concentración de biodiversidad del mundo, en cuanto a número de especies por hectárea, y los más altos niveles de endemismo del planeta , y más grave aún es el riesgo en que permanentemente se encuentran los medios de vida y el espacio vital de las comunidades afrodescendientes que allí habitan.
2.2 La Operación Génesis, punto de relación entre los crímenes de lesa humanidad y el megaproyecto de reforestación maderera.
Dos mil quinientos habitantes afrocolombianos y mestizos del Cacarica, y más de tres centenares de indígenas del 24 al 27 de febrero de 1997 fueron blanco de la “Operación Génesis”, dirigida por el brigadier general de la Brigada XVII RITO ALEJO DEL RÍO, justificada como una actuación contra la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo, FARC-EP, grupo armado que públicamente se sabía, no accionaba en la Cuenca del Cacarica. La actuación militar combinó operaciones por tierra y por agua con centenares de efectivos armados y de “civiles” armados vestidos de camuflado, con armas largas, y granadas que se dirigieron contra los habitantes de estas cuencas del bajo Atrato en el Chocó, en los límites con Panamá, bajo el nombre de “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá - ACCU”, saqueando y quemando las viviendas de los pobladores.
Con el paso de los días, mientras el pestilente olor a dinamita transformaba el ecosistema, los ranchos abandonados se erigían como monumento de la destrucción, las casas humeantes oscurecían el verano, los ríos hacían eco del llanto con siembras abandonadas y la espesa selva era templo del silencio, todos recordaban a MARINO LÓPEZ , campesino de la comunidad de Bijao quien había sido decapitado delante de los miembros de la comunidad. Con todo esto quedó claro que la operación contrainsurgente era contra los pobladores civiles, quienes obligados a salir de sus territorios, se refugiaron en Panamá y se desplazaron hacia Turbo y a Bocas del Atrato.
Los paramilitares se posesionaron, instalaron y ocuparon las propiedades de las comunidades en los caseríos de La Balsa, La Balsita, La Clarita y desarrollaron medidas de control perimetral del río Atrato desde Tumaradó hasta Riosucio, el Parque Nacional de Los Katios – Sautatá- y los accesos de los ríos Cirilo, La Balsa y Perancho.
Desde La Balsa, se desataron actuaciones de persecución a las comunidades retornadas, se propició el saqueo y la destrucción de sus bienes, la quema de sus cosechas de pan coger, el robo de semovientes y el control de alimentos; se constituyó el centro de comunicaciones y de comisión de crímenes como torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales; se convirtió en el cimiento de las fosas comunes de las víctimas inmoladas; se diseñó la estrategia de apoyo logístico y confrontación con la guerrilla de las FARC-EP que se desencadenó en el medio Atrato y Bojayá.
La Balsa además, es el sitio en el que Pizano S.A emprendió su accionar con pleno conocimiento que allí se estaban afianzando las estructuras paramilitares de la zona, como proyecto social, político y económico. Con Pizano S.A., salvaguardada por los miembros de la Brigada XVII del Ejército Nacional en complicidad con los grupos paramilitares que en principio se llamaron AUCC, luego “Autodefensas Unidas de Colombia” y posteriormente Bloque Elmer Cárdenas, continúo la implementación del agronegocio del plátano y la proyección hacia la palma aceitera en el área específica de Balsa, Varsovia, San José de Balsa y Bendito Bocachico.
De esto dan cuenta los homicidios de VICENTE FRANCO , LIBORIO RODRIGUEZ , PEDRO CAUSIL , CANDELARIO QUINTANA y de CARLOS ALBERTO RAMOS MARTÍNEZ , y la desaparición forzada de MANUEL MARQUEZ .
2.3 Las exigencias de la comunidad organizada con deseos de retornar a sus raíces.
Por los atentados a la vida e integridad personal de las comunidades de Cacarica, el 17 de diciembre de 1997, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH concedió Medidas Cautelares y conminó al Estado a que diera efectiva protección frente a las amenazas y señalamientos por parte de los grupos armados, inclusive en los lugares de asentamiento provisional.
En el marco de esto, la población desplazada, se organizó y elaboró un documento en el que establecieron las condiciones de retorno de 2.500 personas y la reubicación de 86 familias cuyos aspectos fundamentales se resumen en: “(1). La construcción de dos nuevos asentamientos denominados Esperanza de Dios y Nueva Vida; (2) La titulación colectiva de sus tierras, en los términos de la Ley 70 de 1993; (3) El establecimiento de las medidas encaminadas a asegurar su protección y seguridad; (4) La puesta en marcha de acciones de desarrollo comunitario, y (5) La reparación moral”.
El 13 de mayo de 1998 se conformó la Comisión Mixta de Verificación del Proceso de Retorno y Restablecimiento Socioeconómico de la Comunidad del Cacarica, para que realizara el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos y el acompañamiento de las comunidades. Dicho espacio estaba conformado por miembros del gobierno nacional (Ministerio del Interior, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Red de Solidaridad – hoy Acción Social); organizaciones no gubernamentales del orden nacional e internacional (Episcopado colombiano, Embajada del Canadá, Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Justicia y Paz, Brigadas Internacionales de Paz) y como miembros facilitadotes se designó al Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja Internacional.
La comunidad del Cacarica que optó por retornar a su lugar de origen, asumió como principios y normas que sustentan su proyecto de vida la vida, la libertad, la solidaridad, la justicia, la fraternidad y con estos fundamentos en febrero de 1999, un sector de la comunidad se declaró como “Comunidad de Autodeterminación, Vida y Dignidad – CAVIDA-.
Tres años después del desplazamiento forzado y después de firmar los acuerdos con el Gobierno Nacional, el 28 de febrero de 2000, se inició el proceso escalonado del retorno de 270 personas, después se unieron 84 más. La segunda fase del retorno se dio el 13 de octubre del mismo año, volviendo 450 personas al territorio, entre las que se encontraban 210 personas que después de ser repatriadas de Panamá, vivieron en la Hacienda “El Cacique” en Bahía Cupica; la última fase fue el 01 de marzo de 2001, cuando 150 personas decidieron unirse a este proceso.
2.4 La apropiación ilegal de la tierra y otros actos de corrupción
Pocos meses después, la empresa Maderas del Darién se acercó ofreciendo apoyo para la tramitación del Titulo Colectivo, a cambio de recibir las firmas de los representantes de las comunidades para la explotación de recursos forestales. Aunque la mayoría de las comunidades se negó, el entonces Representante Legal de las Comunidades del Cacarica, Adán Quinto, de espaldas a la comunidad, aceptó las dadivas sin que por ello lograra acelerar la entrega del título. A raíz de lo anterior, la Comunidad de Cacarica en Asamblea General Extraordinaria decidió revocar el cargo del señor Adán Quinto por considerar que la gestión adelantada por él no era la mejor al tomar decisiones que afectaban seriamente los intereses de la Comunidad.
En medio de la resistencia de la mayoría a ceder a las pretensiones empresariales, las comunidades observaron que aún sin contar con el reconocimiento legal de la propiedad colectiva, la empresa Maderas del Darién promovió la conformación de cooperativas, como “Dios Proveerá”. Observaron como al puerto de Turbo maquinarias de la empresas arrastraban desde La Balsa, por los río Cirilo, Perancho y Atrato millares de árboles de cativo. Descubrieron cómo a su nombre, la empresa constituyó cooperativas fachada para hacer aparecer la explotación mecanizada como aprovechamiento doméstico y cómo se firmaron contratos de explotación a más de 30 años.
Los afrocolombianos constataron cómo desde finales de 1998 mientras estaban desplazados, se intensificó la extracción irracional, ilegal y mecanizada de madera por parte de la empresa Maderas del Darién en los caseríos de La Balsa y San José de Balsa, donde la presencia paramilitar persistía; conocían de asesinatos de trabajadores de la empresa por parte de los grupos paramilitares; padecieron insistentes presiones a través de terceros para que cedieran a las pretensiones de Maderas del Darién. Dos de los asociados de CAVIDA experimentaron torturas por paramilitares que presionaban para que cesarán sus demandas a la empresa y EDWIN SALAZAR, un lugareño, fue retenido en Tumaradó, trasladado a La Balsa, en donde fue torturado y asesinado y sus restos fueron dejados allí.
5. Las denuncias de las comunidades afrodescendientes
Desde 1998 hasta 2000 las comunidades contaron con comisiones de verificación y desarrollaron acciones de denuncia nacional e internacional y actuaciones jurídicas a nivel interno con el fin de lograr restitución de sus derechos. Sin embargo, se iba deshilvanando una cadena de mecanismos de impunidad y encubrimiento desde el gobierno Nacional. En medio de las violaciones a los derechos humanos y el ecocidio, las estructuras militares negaron una y otra vez la existencia de una base paramilitar en La Balsa, se negaron actuar, argumentaron una y otra vez que todo era mentira, “imaginación de las víctimas”, se excusaron afirmando desconocer las coordenadas de ubicación de La Balsa, simularon haber hecho presencia en el lugar y levantaron actas desvirtuando y descalificando la verdad de las víctimas. Por supuesto, como lo atestiguan habitantes de Río Sucio, en secreto a voces, allá a la Balsa iban agentes estatales y efectivos de la fuerza pública a reuniones prohibidas en el combate contra el delito.
5.1 A nivel nacional
5.1.1 Proceso disciplinario de la Procuraduría General de la Nación: en el año 2001 se inició un proceso disciplinario contra la Junta Directiva de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó -Codechocó, por su complicidad en la actuación ilegal de la empresa Maderas del Darién S.A – Pizano S.A, mediante el otorgamiento de permisos de extracción, la legalización de la madera a través de mecanismos irregulares, la contribución al enriquecimiento de terceros; lo que llevó a que en agosto de 2003 se sancionara a todos los integrantes de dicho órgano directivo , en calidad de autores responsables del concurso de faltas disciplinarias catalogadas como gravísimas y graves y en consecuencia se les impuso sanciones de destitución del cargo e inhabilidad para ejercer funciones públicas por el término de cinco años.
5.1.2 Primer Acción de Tutela de 2001: las familias de los Consejos Comunitarios de Comunidades Autodeterminación, Vida, Dignidad, CAVIDA, ya retornadas al Cacarica, interpusieron una acción de Tutela que falló a su favor. El Juez requirió a Codechocó realizar las actuaciones necesarias para hacer cumplir un acto administrativo en el que se ordenó la suspensión de la explotación maderera. A pesar de la protección a los derechos territoriales y ambientales, la explotación en el territorio colectivo por parte de la compañía se mantuvo.
5.1.3 Audiencia Pública de la Defensoría del Pueblo: adelantada en el año 2002, se dio a conocer el documento “Explotación de Madera y Derechos Humanos Bajo Atrato – Chocó Amicus Curiae”, dónde se evidencia que la explotación adelantada en el Bajo Atrato por la empresa Maderas del Darién – Pizano S.A., “desconoce las normas constitucionales y legales y los compromisos asumidos por el Estado colombiano con en lo referente a la protección del medio ambiente, los recursos naturales y la diversidad étnica y cultural del país”
5.1.4 Segunda Acción de Tutela: a pesar de lo anterior, el Consejo Comunitario Mayor Cuenca Río Cacarica interpuso una acción de tutela contra el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Codechocó y Maderas del Darién S.A. puesto que Codechocó seguía autorizando el corte de maderas en sus territorios, desconociendo a sus autoridades, a la Junta del Consejo Comunitario y a la Ley 70 de 1993. El fallo, que es revisado por la Corte Constitucional en la sentencia T-955 de 2003, obligó finalmente a la empresa a suspender las actividades de extracción de madera en el territorio de Cacarica hasta tanto se reglamentaran los procedimientos de aprovechamiento de recursos naturales.
No obstante el fallo favorable a los derechos de las comunidades, los incalculables perjuicios ambientales, sociales, morales y culturales, continuaron sin ser reparados. Como reacción a las exigencias jurídicas que por Crímenes de Lesa Humanidad en cabeza del General RITO ALEJO DEL RIO, comandante de las Fuerzas Militares, fueron interpuestas por CAVIDA, en agosto de 2003, el General JORGE ENRIQUE MORA RANGEL convocó a una rueda de prensa en la sede del Ministerio de Defensa, donde una abogada y personas patrocinadas por la empresa acusaron a los lideres de CAVIDA y a los acompañantes de Justicia y Paz de crear campos de concentración, amenazar de muerte, desaparecer, asesinar, traficar con drogas y ser miembros de la guerrilla de las FARC EP. Así se conoció la existencia de procesos judiciales sustentados en falsos testigos contra líderes de las comunidades y las organizaciones acompañantes. Procesos que precluyeron año y medio después.
La militarización desde mayo del 2003 del entorno de la Zona Humanitaria “Nueva Esperanza en Dios”, generó un segundo desplazamiento dentro del Territorio Colectivo. La impunidad del Estado es gravísima y se evidencia en la inacción militar de la Brigada 17 contra la base paramilitar de La Balsa donde se desarrolla una fase de repoblamiento y reingeniería militar, que se combina con la agroindustria de la empresa C.I. MULTIFRUITS Y CIA. S.A. en tierras apropiadas ilegalmente por las estructuras paramilitares.
5.1.5 Acción Popular: en el 2005 las comunidades interpusieron una Acción Popular contra el Ministerio del Medio Ambiente, Codechoco y la Empresa Maderas del Darién S.A- Pizano S.A, invocando la protección de sus derechos colectivos. En la actualidad se encuentra bajo el conocimiento del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
5.2 A nivel internacional
En el mes de febrero de 2005 se presentó una queja por parte de organizaciones nacionales e internacionales a la certificadora Smartwood para levantar el sello Fores Stewardship Concil SW-FM/CPC-137 que la empresa Pizano S.A exhibe públicamente, como ya lo dijimos en párrafos anteriores, desde febrero de 2001.
En ella se solicitó: “Se revoque la Certificación SW-FM/COC-137 otorgada por el Programa Smartwood de la Rainforest Alliance a las operaciones forestales realizadas por la compañía Pizano S.A., sin perjuicio de las demás acciones legales e internacionales que el programa Smart¬wood y la Rainforest Alliance estimen pertinentes en el presente caso. Se declare y publique que la compañía Pizano S.A. ha realizado operaciones de manejo forestal ilegales, extractivas, indiscri¬minadas y no sostenibles sobre territorios de propiedad colectiva de una minoría étnica en la Cuenca del Río Cacarica, Chocó, Colombia. Se declare y publique que la compañía Pizano S.A. ha generado la destrucción sistemática y a gran escala de especies forestales frágiles, protegidas y en peligro de extinción, tales como el cativo (Prioria copaifera) sobre dichos territorios. Se declare y publique que la Compañía Pizano S.A. ha generado graves impactos sobre la biodiversidad y el entorno vital de las minorías étnicas dependientes de las especies forestales explotadas”.
En seguimiento a esta queja, la certificadora Smart¬wood, bajo la observación de Greenpeace de España, adelantó visita a Bogotá del 5 al 12 de septiembre de 2005, en la que, por primera vez, las comunidades de autodeterminación, Vida Dignidad del Cacarica CAVIDA, y organizaciones nacionales de derechos humanos, ambientales, sindicales, expertos juristas y ambientalistas, presentaron sus análisis y documentaron la extracción de madera en el Bajo Atrato por parte de la empresa Maderas del Darién filial de Pizano S.A.
Aunque no se conocen los argumentos de las empresas, seguramente, como ha ocurrido en otras partes del mundo, los mismos estarán asociados a desvirtuar las pruebas con falsos señalamientos y acusaciones contra los denunciantes asociándolos a la guerrilla o mostrando la legalidad de la ilegalidad.
A la fecha esta queja no ha sido resuelta.
6. Cuestiones finales para tener en cuenta
La extracción ilegal de la madera, permitió con facilidad la entrada en el 2001 de la siembra extensiva del banano tipo “baby” y en la proyección de la siembra en esa área de palma aceitera, caucho y cacao a través de la CI MULTIFRUITS LTDA, quién a su vez ha suscrito un convenio para la comercialización con la empresa transnacional DEL MONTE de San Francisco California, USA.
A la fecha, la negación de los derechos de las comunidades afrocolombianas no termina. La reingeniería paramilitar se ha encargado de asegurar que el “desarrollo económico” siga atrapando con sus tentáculos lo poco dejado por el exterminio ecológico y la grave situación de derechos humanos que se materializa en la zona. Prueba de esto se encuentra en el artículo de la Revista Semana titulado “El Fürer de Urabá” , en el cual señalan miembros del paramilitarismo que:
“"La industria maderera del Atrato fue nuestra alma". Pues el Élmer Cardenas custodiaba y supervisaba el negocio maderero de la región, y de ahí obtenía gran parte de su financiación”.
(…)
“ Uno de los temores de la población frente a los proyectos económicos de la región, es el origen de las tierras donde se realiza. Al Élmer Cárdenas se le señala de ser uno de los grupos que más se ha prestado para despojar a los campesinos de sus fincas. Las denuncias se concentran en especial en la zona de Belén de Bajirá, Rió sucio, y Balsa”
(…)
" Otra inquietud es que este tipo de proyectos sirvan como una forma de control de la población, donde también se les imponga una carga excesiva de trabajo sin una justa compensación. Además, se teme que estos modelos de desarrollo puedan servir para legalizar fortunas mal habidas”.
Evidentemente estas cuestiones se encuentran en absoluta impunidad. De ahí que las constancias históricas como la que hoy se pretende dejar consignada en el establecimiento de este Tribunal, son la base para que la historia sea contada por las víctimas; son la base para que la realidad no enmudezca ni desvanezca la esperanza, la resistencia y pervivencia de las comunidades aforcolombianas que hoy alzan su voz para clamar verdad, justicia y la reparación ambiental y comunitaria.
6. Fundamentos jurídicos
La violación de los derechos Humanos Fundamentales de que han sido victima las comunidades de la cuenca del Jiguamiandó, del Curvaradó y el Cacarica, ha abonado el terreno a la mercantilización de los territorios dentro de la lógica del mercado global. La integralidad de las violaciones se expresa en la implementación de “AGRONEGOCIOS”.
El aprovechamiento ilegal de las tierras de las comunidades negras ha implicado no sólo la violación de leyes civiles y penales internas en Colombia, sino que ha conllevado de manera directa la violación de derechos humanos por parte de actores armados que operan de manera conjunta o con la tolerancia de las fuerzas militares de Colombia. Así mismo, se han perpetuado delitos comunes y se ha propiciado el incumplimiento de tratados por parte del estado colombiano y se ha afectado gravemente el medio ambiente.
A nivel internacional, las acciones de la compañía C.I. MULTIFRUITS S.A. generan responsabilidad para el Estado colombiano en los diferentes sistemas de protección de los Derechos Humanos
Los crímenes ocurridos en La Balsa, hacen al Estado responsable internacionalmente, dentro del Sistema conocido como Sistema ONU, por los crímenes de GENOCIDIO, TERRORISMO y TORTURA;
Asimismo, se presentan por parte del Estado, en virtud de sus acciones, omisiones o tolerancia de las acciones de las compañías y de su componente paramilitar, violaciones a los artículos 1, 2, 4 (vida), 5 (integridad personal), 6 (prohibición de esclavitud y servidumbre), 7 (libertad), 8 (garantías judiciales); 11 (honra y dignidad), 21 (propiedad), 22 (circulación) de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos.
Capítulo aparte merece la violación del Convenio 169 de la OIT:
El Derecho de Consulta, contenido en el Convenio 169 de la OIT hace parte del ordenamiento jurídico nacional, tanto como consecuencia del llamado “bloque de constitucionalidad” (artículo 93 C.N.), como por su efectiva aprobación e incorporación a través de su incorporación legislativa; este derecho, no se agota en la efectiva consulta con las comunidades afrodescendientes sobre la utilización de la tierra y sobre cualquier proyecto que se pretenda desarrollar en sus territorios sino, además, como mecanismo para asegurar su integridad como etnia, como protección de su derecho fundamental a la propiedad colectiva, a la igualdad y a la vida;
Por último, las actuaciones de PIZANO S.A. involucran la comisión de numerosas infracciones penales, que se dividen en tres grupos fundamentales: los delitos contra el medio ambiente; aquellos derivados de su relación con los grupos paramilitares y aquellos delitos ordinarios destinados a cumplir sus fines por medios fraudulentos (delitos contra la fe pública y contra la administración de justicia, contra la propiedad, entre otros).
7. Acusación
RESPONSABILIZAMOS INDIVIDUALMENTE A PIZANO S.A Y MADERAS DEL DARIÉN, de haber sido gestora o causa de los siguientes crímenes de lesa humanidad: TORTURA, DESAPARICIÒN FORZADA DE PERSONAS, TRASLADO FORZADO DE POBLACIONES, EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, por su colaboración o confusión con grupos armados paramilitares y por ser los beneficiarios directos de estos crímenes;
RESPONSABILIZAMOS INDIVIDUALMENTE A PIZANO S.A Y MADERAS DEL DARIÉN, por los siguientes delitos en contra de LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE: DAÑO EN RECURSOS NATURALES (Art. 331 del C.P.); INVASIÒN DE ÀREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA ECOLÒGICA (337 del C.P.); ILÌCITO APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES (328C.P.); ILÌCITO APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES (328 C.P.);
RESPONSABILIZAMOS INDIVIDUALMENTE A PIZANO S.A Y MADERAS DEL DARIÉN, en calidad de copartìcipes o autores directos, por los siguientes delitos comunes: HOMICIDO (103 C.P.), DAÑO EN BIEN AJENO (265 C.P.), USURPACIÒN DE TIERRAS (261 C.P.), ENRIQUECIMIENTO ILÌCITO (327 C.P.), CONCIERTO PARA DELINQUIR (340 C.P.); INSTIGACIÒN PARA DELINQUIR (348 C.P.)
RESPONSABILIZAMOS INDIVIDUALMENTE PIZANO S.A Y MADERAS DEL DARIÉN, por la celebración de contratos inválidos, la omisión de trámites administravos, el irrespeto a las normas ambientales y laborales en el desarrollo de su proyecto agroproductivo.